El futuro de nuestra Carta Magna
POR RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE
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Director de la Facultad de Derecho-UNAM
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Conmemorar el primer Centenario de la Constitución Mexicana de 1917 es una ocasión propicia que nos permite hacer algunas reflexiones respecto de las tareas y retos que tenemos pendientes de hacer como país y no quedarnos en sólo rememoraciones históricas.
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Un siglo de vigencia de nuestra Constitución debe ser un motivo para no olvidar nuestra Historia, de dónde venimos los mexicanos y hacia dónde vamos para reformular nuevos objetivos.
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En primer término, debemos destacar un hecho indiscutible que constituye la razón por la cual a nuestra norma suprema se le confiere carácter originario. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera el mundo en establecer los Derechos Sociales, aportación que luego fue copiada por las Constituciones de Rusia y de Alemania, y tiempo después tendencia seguida por todas las organizaciones internacionales y la mayoría de las demás Constituciones.
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En segundo lugar, nuestra Constitución Política republicana ha perdurado durante tiempo inusitado. Pudo superar la fragilidad de la vida constitucional de las demás democracias latinoamericanas, dándole en cambio a México estabilidad y paz social. Sólo la Constitución de Estados Unidos la supera en antigüedad, lo que hace a la nuestra un documento fundamental, importante y de dimensión especial./ Recordemos que en 1917 México era una nación de menos de 16 millones de habitantes y que el 80% de esa población vivía en zonas rurales; actualmente somos casi 120 millones de mexicanos, cuyo 80% reside en zonas urbanas. Dos realidades muy distintas, dos países diferentes. Con esta óptica es conveniente analizar la problemática actual de nuestra norma política suprema.
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Existen dos corrientes de opinión respecto al futuro de nuestra Carta Magna. Una de tipo radical que critica al texto queretano por las incontables reformas que ha sufrido, algunas excesivas, demasiado reglamentarias, carentes de técnica y hasta contradictorias. Como resultado, sostienen que la Constitución se ha desfigurado y ya no es la misma de 1917 y por lo tanto debería desaparecer y convocarse a la creación de un nuevo texto constitucional.
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La otra opinión que sostienen académicos autorizados en la materia constitucional, sugiere hacer una gran reforma que transfiera a una ley constitucional todos esos contenidos excesivos, repetitivos, incoherentes y hasta contradictorios, para dejar un texto más doctrinario, breve y concreto.
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El articulado vigente de nuestra Constitución ha sufrido —en efecto— un abuso reformador de parte del Poder Constituyente Permanente a lo largo de los años.
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Pero su estado actual tan modificado es al mismo tiempo evidencia de su carácter dinámico y del reflejo de la necesidad de ajustarse a los cambios sufridos por la nación y de su compleja realidad social. Si el país ha multiplicado por más de siete veces el tamaño de su población, es evidente que su problemática se fue modificando y, por ende, la Constitución tuvo que tener cambios sustanciales en la estructura del Estado, sus instituciones y en ampliar el catálogo de derechos de prestación en favor de la población.
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Resulta incuestionable admitir que el Constitucionalismo —como corriente filosófica— ha venido pasando por una crisis, resultado de las tendencias globalizadoras que han alterado sustancialmente las bases del Derecho interno de los países para sujetarlos a normas de carácter internacional.
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Los países habían venido replanteando sus postulados tradicionales respecto de conceptos clásicos del Estado, la Constitución, la democracia, la soberanía y los derechos fundamentales para adecuarlos a los criterios y acuerdos tomados por los órganos de corte internacional, de los cuales son miembros.
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Como resultado de las reformas constitucionales de 2011 que modificaron —entre otras cosas—, el texto del artículo 1º constitucional establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”. De ahí que ahora los actos de las autoridades deben respetar la constitucionalidad y también “la convencionalidad” de sus actos en materia del respeto a los derechos y garantías de los gobernados.
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Sin embargo, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el reciente arribo de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos parece que dos de los motores poderosos que impulsaron la globalización han decidido abandonar esa corriente ideológica y nuevos escenarios se vislumbran.
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El impacto que está generando que esas dos potencias abandonen la visión globalizadora y promotora del libre mercado, así como el desacato de las reglas adoptadas por la comunidad internacional, con seguridad tendrán efectos negativos en la evolución jurídica del orden internacional.
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México está obligado a revitalizar la observancia y el respeto de su texto constitucional para que se consolide como la norma suprema, fundamental y base de garantía del respeto de los derechos fundamentales de los mexicanos.
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Estos acontecimientos obligarán a la doctrina a replantearse al Estado Constitucional Contemporáneo. La realidad internacional —tal parece— va a obligar a retomar conceptos que algunos creían superados, como la soberanía, la auto determinación y la no intervención.
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Como todo en la vida, una crisis es al mismo tiempo una oportunidad si se sabe aprovechar. Es momento de reestructurar nuestro modelo económico y nuestra posición dentro del nuevo orden internacional que habrá de emerger.
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Ante las presiones y amenazas del extranjero resulta esencial el fortalecimiento de la observancia de nuestro orden constitucional interno, así como volver a esgrimir nuestros principios tradicionales de política internacional que son producto y herencia de los conflictos históricos superados. El único muro que debemos levantar es el del respeto a nuestra dignidad y soberanía nacional.
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La vigencia de nuestra Constitución es más actual que nunca. Es la base e hilo conductor del sistema democrático que legitima nuestras instituciones; asegura el control jurídico, social y político de los procesos; procura la estabilidad social; regula las funciones económicas y es la fuente que garantiza la positividad, seguridad y legalidad del ordenamiento jurídico.
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Todo indica que este Siglo XXI será un escenario en el que numerosas sociedades nacionales podrán optar entre el impulso al constitucionalismo o el retorno al autoritarismo.
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Esta es una disyuntiva previsible y preocupante. El reto será saber enfrentar el hecho de que las grandes potencias económicas y las grandes transnacionales —que incluyen un influyente elenco de medios de comunicación— están promoviendo la fuerza expansiva del Estado intangible.
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Hay que aceptar que una nueva era mundial ha comenzado. Una que, todo parece indicar, habrá de caracterizarse por el retorno al proteccionismo absurdo. Ante ello, nuestra Constitución habrá de volverse nuevamente un valladar indispensable para el destino de México. Hoy —más que nunca— la unidad nacional es nuestra mejor defensa frente a los embates del exterior.
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Nuestra Constitución ha servido como guía para sortear momentos de dificultad y para encauzar la eterna lucha por el poder político.
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Debemos lograr consensos para tener un federalismo maduro y mejor coordinado; frenar la corrupción en los tres niveles de gobierno que nos desangra y exhibe; consolidar la reforma educativa —crucial para nuestro desarrollo como país y evolución como sociedad—; fortalecer un sistema de información y rendición de cuentas, entre otras cosas.
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De igual forma, requerimos moderar el frenesí legislativo que caracteriza a nuestro Congreso. Debemos entender con claridad que llevar todos los acuerdos partidarios al texto constitucional no es sinónimo de democracia, sino evidencia de la inmadurez de nuestro sistema político y de su debilidad institucional.
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El afán irracional de consensuar una nueva reforma constitucional o crear una ley debe quedar superado. Parece que se piensa que las cosas se resuelven de forma mágica con la simple aprobación de una nueva creación legal. Cuántas leyes y reformas se han promulgado y quedan inobservadas por falta de reglamentación y de implementación adecuada. Las reformas exigen un trabajo legislativo profesional.
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No basta con que nuestros legisladores —federales o locales— se pronuncien y asuman como demócratas. Se requiere de un profundo y genuino compromiso para actuar con gran responsabilidad y aterrizar las normas secundarias de los mandatos constitucionales. La evolución de nuestro sistema ha logrado avances significativos, pero al mismo tiempo ha traído aparejado —hay que reconocerlo— desventajas tales como un continuo, acelerado y descuidado proceso de los cambios constitucionales.
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La trascendencia futura del texto constitucional dependerá en gran medida de que exista mayor respeto a la solemnidad de la Constitución.
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Debemos recordar que el texto constitucional no es un lienzo para el dibujo de ocurrencias partidistas. Debe seguir siendo el ideario que guíe los destinos del país. No puede petrificarse ni ser una mera carta de buenas intenciones, pero tampoco debe seguir siendo rehén de las desconfianzas partidarias.
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Nuestra Constitución tiene que ser un documento vinculante de las normas fundamentales que orienten, encaucen y modulen el comportamiento de los mexicanos. La tendencia de ir sumando nuevos derechos que sean de discutible trascendencia o difícil garantía termina por devaluar el propio concepto de los derechos humanos.
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Nuestra homenajeada representa un gran pacto social, el receptáculo de nuestras grandes aspiraciones sociales. Es el símbolo de nuestra identidad y unidad social. Norma y orden para vencer a la anarquía.
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Hoy, al llegar a los cien primeros años de vida de nuestra Constitución de 1917, vale la pena evocar al gran jurista alemán Peter Häberle, que concebía a la Constitución como “La única norma que es de todos y para todos”.
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FOTO: En diciembre de 1916, se instaló la Mesa Directiva del Congreso Constituyente. En la Imagen, el diputado Luis Manuel Rojas rinde protesta como presidente de este órgano legislativo./Tomada del libro “Vigencia de la Constitución de 1917. LXXX Aniversario”
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