Las nuevas rutas del constitucionalismo
POR LUIS M. DÍAZ MIRÓN
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Rector de la Escuela Libre de Derecho
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Introducción
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La Constitución, como señala Felipe Tena Ramírez, abarca los principios jurídicos que establecen los órganos supremos del Estado, su forma de creación, las relaciones mutuas y campo de acción; es pues, un documento donde el Estado formaliza, regula y legitima sus relaciones de poder para con sus ciudadanos, y que conforme a las nuevas corrientes debe procurar una defensa efectiva y real de los derechos humanos, autolimitando su poder en favor de los ciudadanos y el compromiso asumido para con ellos de respetar y garantizar dichos derechos.
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Ahora bien, la democracia es esencial para la vida política del Estado contemporáneo siendo la forma organización política que atribuye el poder al conjunto de la sociedad a través de sus representantes, poder que debe ejercerse siempre en beneficio de la sociedad misma, a fin de que las personas puedan desarrollarse plena y armoniosamente de manera libre.
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Visto lo anterior que resume los principios y fundamentos básicos de nuestra organización política, hoy a 100 años de Querétaro la pregunta sería:
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¿Hacia dónde va el constitucionalismo en México?
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Para poder responder al anterior cuestionamiento es necesario considerar el entorno en el que vive el México de hoy. Los diferentes niveles de gobierno en México se encuentran en una grave crisis de credibilidad. Una parte importante de la sociedad no se siente representada, aunado a la falta de transparencia en la toma de decisiones y disposición de recursos públicos, el reparto inequitativo de la riqueza, los escándalos de corrupción tanto en el sector público como privado, la impunidad, la inseguridad y violencia, la ausencia de una responsabilidad jurídica y política efectivas de quienes la gobiernan.
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Lo anterior ha de marcar el sendero para las futuras reformas a nuestro texto fundamental.
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Algunas de las rutas que habrá de tomar el nuevo constitucionalismo en México son: el empoderamiento de la sociedad y, por tanto, una mayor participación ciudadana en la toma política de decisiones; una reestructura en la conformación de los Poderes; una redefinición del sistema de gobierno y nuevos mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad política de los gobernantes.
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A.- El análisis para una fortalecimiento del sistema federal en el que vivimos, lo que conlleva a precisar en la agenda constitucional cuáles son los grandes retos nacionales que debe atender la Federación y cuales los locales, para que se pueda fortalecer la autonomía de los Estados.
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B.- Definir si es viable o no un sistema semiparlamentario, o en su caso fortalecer figuras de este último que permitan hacer efectiva la responsabilidad política de los gobernantes.
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C.- Revisar la conformación de los Poderes de la Unión, Estatales y autoridades municipales. Tanto en su forma de elección como en sus relaciones internas, interinstitucionales y externas, sobre todo con relación a los particulares.
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Las formas de elección deben estar fundadas en una mayor representatividad de la sociedad, una real independencia entre los poderes y bajo principios de eficiencia y austeridad.
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1.- Número y tipo de legisladores.
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La reducción del número de legisladores (asambleístas, diputados federales y locales, senadores) facilitaría el trabajo legislativo al permitir una más rápida definición de los asuntos; implicaría una reducción significativa en el gasto, así como una supervisión y evaluación mucho más cercana del trabajo de cada legislador por parte de sus electores, con el fin de que en su caso sean reelectos o no con un debido conocimiento por parte de la sociedad.
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En virtud del avance de la democracia en el país y de la existencia del INE, conviene reflexionar sobre la subsistencia de los diputados plurinominales —figura que se creó en los setenta para permitir una representación a los partidos que no obtenían la mayoría relativa— sin dejar de considerar que en muchos de estos diputados son los que encabezan los trabajos legislativos en ambas Cámaras.
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2.- Nombramiento de integrantes de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y demás juzgadores tanto a nivel federal como local.
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Una de las nuevas fórmulas podría ser la propuesta para nuevos Ministros por parte de escuelas y facultades de derecho y/o el Consejo de la Judicatura Federal de académicos y jueces siempre y cuando acreditaran una reconocida carrera en la administración y/o procuración de justicia, en la docencia y/o como postulantes reconocidos por su buena fama y reputación.
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Otro tema que se debe decidir es si la Suprema Corte se convierte única y exclusivamente en un tribunal constitucional.
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3.- Con relación al Poder Ejecutivo Federal, analizar con profundidad ventajas y desventajas de una “segunda vuelta” electoral, a partir del establecimiento de un porcentaje mínimo en las preferencias.
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Por lo que se refiere a los titulares de las Secretarías de Estado, establecer requisitos de experiencia y conocimiento en el ramo en el que el Ejecutivo los proponga.
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D.- Una mayor participación ciudadana.
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Crecientes son las exigencias de la sociedad mexicana respecto a demandas de procuración y administración de justicia, del ejercicio presupuestario con mesura, eficiencia y transparencia, de crecimiento económico y fortalecimiento del poder adquisitivo de las familias, de mejores servicios de educación y salud, de leyes taxativas más justas y equitativas, etc.
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Se requiere revisar el marco constitucional de la consulta popular, para que sin poner en riesgo la gobernabilidad, se convierta en un mecanismo vivo y que sirva para que la sociedad sea tomada en cuenta, ya sea mediante un referéndum o plebiscito. Modificar su temporalidad, (“el mismo día de la jornada electoral federal”), implicaría una mayor versatilidad de la figura y serviría para una mayor legitimación en las acciones de gobierno.
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E.- Nuevos mecanismos para exigir responsabilidad política y jurídica.
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Deben analizarse otras constituciones de América Latina, para ver la viabilidad o no de nuevas fórmulas para exigir, y hacer efectiva, la responsabilidad política de nuestros gobernantes y representantes, además de las ya previstas por el texto actual.
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Dichas formas podrían ser:
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Revocación de mandato o fortalecimiento del juicio político.
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Eliminación del fuero constitucional a todo servidor público.
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Exigencia a nivel constitucional a todo funcionario público, federal o local, de presentar la declaración patrimonial.
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Etiquetamiento específico de fondos federales.
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F.- Fortalecimiento de un sistema semiparlamentario.
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El constitucionalismo en América Latina ha transitado paulatinamente hacia un sistema semiparlamentario con figuras como las mencionadas con anterioridad.
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En México nuestra Constitución prevé la ratificación por parte del Senado de los secretarios de Estado y otros altos funcionarios, por lo que debe analizarse la posibilidad de que se pueda exigir, su renuncia cuando hayan llevado a cabo una mala gestión en su encargo.
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Otra fórmula a considerar sería facultar al Congreso para decretar la separación del cargo (Constitución de Uruguay, art. 148), en la que se pueda “desaprobar” individual, plural o colectivamente la gestión lo cual se traduce en su renuncia.
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Una tercera vía que pudiera analizarse es la del “abandono del cargo” por parte, previa aprobación del Congreso, tal como lo ha adoptado la Constitución de Venezuela (art. 233) como una forma más de un sistema semiparlamentario.
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G.- Muchas otras preguntas quedan pendientes como las siguientes:
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¿El aparato burocrático que integra los poderes federales, locales y paraestatal que prevé la propia Constitución y su costo económico tiene razón de ser en el actual estado de cosas?
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¿Es realmente necesario reformar la Constitución para poner límite a los ingresos de los servidores públicos, bonos, estímulos, viáticos y otros ingresos de manera que esto pueda ser un límite a las ambiciones de muchos?
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¿La aplicación y vigencia del texto de la Constitución proporciona una efectiva seguridad jurídica?
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¿Su aplicación ha propiciado un verdadero Estado de Derecho?
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¿Existe una marco constitucional adecuado para enfrentar un estado de emergencia o catástrofe?
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¿Tenemos un verdadero régimen de justicia transicional a efecto de definir los alcances de leyes de amnistía e indultos?
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Nuestro texto fundamental —con más de 600 reformas— ha permitido a lo largo de 100 años estabilidad y paz en el país, pero en virtud de las condiciones actuales se requiere una revisión integral para armonizar todo el sistema y tener bases firmes para poder lograr un mayor desarrollo económico y social en aras del beneficio de la sociedad mexicana para que se eleven y mejoren sus condiciones de vida, y logremos seguir caminando en el fortalecimiento del estado de derecho.
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FOTO: Como parte de los festejos por el centenario de la Constitución, el Archivo General de la Nación trasladó al Palacio Nacional el documento original para su exhibición al público./ Cortesía AGN
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