Por la libertad individual
POR FERNANDO GÓMEZ MONT
Escribo el presente artículo en un momento de duelo nacional. Frente a una acción del Estado orientada por la inteligencia y la eficacia de sus cuerpos de seguridad, el crimen organizado reacciona con el asesinato cobarde de un alto funcionario de la Marina y de sus subalternos. En aquellos momentos en que México vive una oportunidad largamente postergada de construir consensos que abatan privilegios y superen obstáculos para un crecimiento económico más acelerado, un desarrollo social más equitativo y la consolidación de un régimen democrático que acerque al gobierno con los gobernados, la irracionalidad de la violencia persiste y las libertades de los mexicanos siguen amenazadas.
Hoy somos una sociedad más madura y participativa que sabe exigir la construcción de estos consensos al tiempo de responder, cada vez con mayor decisión, colaborando en la solución de los problemas. Así, gobierno y sociedad interactúan en todas las áreas de la vida nacional y revisan las reglas sobre las cuales darle estabilidad y productividad a esa interrelación. Transitamos de una visión autoritaria y paternalista, a un régimen solidario y democrático. Una política de seguridad ciudadana que abata la violencia mediante el reconocimiento de las libertades básicas y de los derechos fundamentales de quienes residen en el país, no es ni puede ser la excepción.
Por ello, hoy no debe haber temas tabús. Es necesario encontrar aquellas estrategias que debiliten seriamente a quienes rentabilizan la violencia, a la vez que fortalezcan a quienes pueden contenerla. Debemos encontrar alternativas que vulneren las condiciones económicas que explican su persistencia. Terminar con mercados negros, que siempre son arbitrados por la violencia y la corrupción, y sustituirlos por mercados regulados, arbitrados por burocracias visibles y evaluables, y por consumidores informados, responsables de sus propias decisiones. Debemos desplazar las ganancias criminales que se dirigen a comprar armamentos y a pagar sobornos hacia impuestos que financien clínicas y hospitales que atiendan a los farmacodependientes. Debemos competir con oportunidades de educación, salud y empleo para los jóvenes y alejarlos del reclutamiento de estas bandas criminales.
En los últimos años hemos logrado fortalecer capacidades institucionales en materia de seguridad, mediante la preparación, fortalecimiento y número de sus miembros, así como la adquisición de nuevos equipos y tecnologías. Hemos procurado generar una mayor vinculación entre las fuerzas de seguridad y la sociedad para que se puedan acometer los objetivos comunes. Este ha sido un esfuerzo monumental e indispensable, pero hoy también se muestra como insuficiente.
Si queremos abatir la violencia en el país debemos focalizar la acción de las fuerzas de seguridad frente a aquellos riesgos que más lastiman a la gente: el homicidio, la extorsión, el secuestro, o el robo con violencia. Esta tarea no puede hacerse, a costa de fomentar la corrupción y debilitar la moral de nuestros soldados, marinos, policías, fiscales y jueces, mediante la hipocresía. Si vamos a centrar nuestros esfuerzos en ciertas actividades criminales, no podemos pedirles que se hagan de la vista gorda con otras actividades hoy perseguidas como delitos. Por eso debemos encontrar alternativas a la criminalización, para que aquello que dejen de perseguir los cuerpos de seguridad sea procesado por otras instituciones gubernamentales; en el caso de la farmacodependencia, por las instituciones de salud pública.
Este es un esfuerzo que significa una curva de aprendizaje. Nada puede suceder de la noche a la mañana. Como sociedad debemos aprender a manejar nuestros riesgos y nuestros males de una manera distinta, una que pueda sustituir al círculo vicioso de la violencia y la clandestinidad con el virtuoso del tratamiento curativo y la visibilización social del problema. Pasar de un esquema paternalista y prohibitivo a uno que responsabilice a los ciudadanos de sus decisiones y se solidarice con los más vulnerables, parece una solución que convoque a una mayor participación de la sociedad y una acción más eficiente y pacificadora del gobierno.
Por ello, debemos asumir este esfuerzo mediante un primer pero muy firme paso: la regulación del consumo, producción y distribución de la marihuana. En primer lugar, porque la evidencia científica y estadística nos va señalando que el consumo de este estupefaciente no representa riesgos de salud superiores al consumo de otros estimulantes como el tabaco y el alcohol que hoy están regulados. Es más: hay quien afirma, con autoridad, que son inferiores, y que inclusive su criminalización ha obstaculizado su utilización para fines de salud.
En segundo lugar, porque mediante la criminalización efectiva de su consumo el estado invade decisiones propias de la intimidad de las personas mayores de edad. La libertad pasa por el respeto de la autoridad a aquellas decisiones de los individuos que sólo afectan a su esfera y no generan daño a los demás. Si esto es válido para las preferencia sexuales por qué no lo puede ser para la experimentación mediante el consumo de sustancias estimulantes. Al Estado sólo le toca intervenir para regular que esas decisiones no afecten a terceros, y en tal caso para que operen los mecanismos de reparación y rectificación que recuperen los derechos lesionados. Por ello hoy vemos con interés una serie de litigios estratégicos que se van llevando a cabo por organizaciones no gubernamentales a fin de que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda analizar estas cuestiones. También por ello este es un tema en mi opinión central en la discusión de los derechos fundamentales y las libertades de los mexicanos. La libertad verdaderamente se defiende en aquellos casos en donde se discuten sus límites.
En tercer lugar, porque el consumo de la marihuana en sí mismo no es una actividad cruenta; su clandestinidad, al acercar a los consumidores con las organizaciones criminales, y fomentarle a estas un alto margen de ganancias, generan el caldo de cultivo para la violencia.
Hoy cada vez más mexicanos estamos convencidos de buscar alternativas que nos permitan recuperar la paz y trabajar por la salud moral y material de la nación. Que distingan las acciones libres de hombres y mujeres y procuren atención a los enfermos. Que protejan de la mejor manera a los más vulnerables, protegiendo también a quienes los protegen. Es tiempo de que a esta lucha la encabecen médicos y psicoterapeutas, en lugar de policías, soldados o marinos. La tarea para estos últimos seguirá siendo el defender de los violentos a las libertades y los derechos de los mexicanos y sus familias.
Ex secretario de Gobernación.
*Fotografía: Un hombre fuma un cigarrillo de mariguana hoy, sábado 4 de mayo de 2013, en una manifestación en el marco de las actividades por el Día de la Mariguana, donde pidieron la despenalización del consumo de esta droga en Ciudad de México/EFE/Sáshenka Gutiérrez.
