Morelos 19-S: entre la ostentación y el derrumbe
El terremoto de 2017 evidenció tres antiguos rezagos de este estado del centro del país: la vulnerabilidad de las viviendas populares y de la infraestructura escolar, y la falta de presupuesto y especialistas para el cuidado y la conservación del patrimonio
POR GERARDO OCHOA SANDY
El temblor del 19 de septiembre de 2017 no tumbó a Morelos: ya lo estaba. En ese momento, al menos más de la mitad de los 33 municipios que conforman la entidad estaban en quiebra técnica. El evento orilló al gobernador Graco Ramírez a declarar zonas de emergencia la totalidad de las alcaldías. Lo hizo tanto por los daños que se inferían de la sacudida, por la seguridad de la población, y por lo se avecinaba: el desafío de la reconstrucción.
No es novedad en Morelos ni en México: los municipios más pobres fueron los más dañados, debido a que las construcciones de ladrillo carecen de castillos y cimientos, levantadas a fuerza de necesidad, ante la falta de una programa de vivienda de largo plazo. A las otras, de madera y lámina, las tumba un viento encolerizado o un tromba sin quicio. No les hace falta el temblor.
Las fotos que registran los daños en Morelos, Oaxaca o Puebla, son intercambiables: el mismo rostro de la pobreza.
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Hacia afuera, la imagen de Morelos que desea heredar el gobernador saliente tiene, entre sus notas distintivas, dos obras magnas de carácter cultural: el Centro Cultural Teopanzolco, inconcluso en algunos aspectos, y que en efecto cuenta con una notable cartelera a nivel nacional e internacional. La otra, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, que incluye una exposición permanente del artista Juan Soriano –jalisciense, no morelense, qué más da— e inaugurado –el inmueble, no la colección—con premura innecesaria antes de las elecciones presidenciales.
Las zonas residenciales de Cuernavaca completan la percepción de modernidad. El temblor no rondó por sus avenidas ni intimidó sus construcciones. Inclusive están blindadas por vialidades locales cerradas, altas y largas murallas y elocuentes portones, patrullas y automóviles de seguridad privada, cámaras de vigilancia. No es prudente estacionarse en algunas de sus avenidas principales pues el patrullero o el guardaespaldas se acercará a indagar las razones de nuestra sospechosa conducta.
Los rostros, en esta latitud, no son intercambiables.
Hacia adentro, mientras, en las zonas de pobreza, la mayoría en el estado, ocurre a la inversa algo similar. Poco antes y después de las elecciones presidenciales inició el resurgimiento de las guardias comunitarias y autodefensas en aproximadamente 25 comunidades, distribuidas poco más de un tercio de las alcaldías, en las regiones Los Altos de Morelos, Del Volcán y Tierra Grande. Estas fuerzas del orden, que están fuera del orden, no existían, al menos de manera oficial, desde 2010.
Es celebrable la ampliación de la infraestructura cultural y de esa calidad. Sólo que al lustre del legado, el temblor del 19-S llamó otra vez la atención sobre tres rezagos hondos y antiguos: la debilidad de las viviendas, la vulnerabilidad de la infraestructura escolar y la falta de presupuesto y especialistas para el cuidado y conservación del patrimonio de la entidad.
Otro aspecto del Ex Convento de Tlayacapan, uno de los inmuebles culturales más dañados en Morelos por el sismo del 19 de septiembre de 2017. / Tony Rivera / EL UNIVERSAL
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Alrededor de dos semanas después del temblor del 19-S de 2017, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Territurial, difundió vía twitter sus cifras: en Morelos sufrieron daños tres mil 193 viviendas. De este total, mil 355 tuvieron daño parcial habitable, mil 489 daño parcial no habitable, y 349 pérdida total.
Un año después, la cifra final fue ocho veces más grande: 23 mil casas afectadas, según el reporte del gobierno de Morelos. Dada esta cantidad, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se ocuparía de 15 mil 586 y otorgaría 120 mil pesos a las de daño total y 15 mil pesos a las de daño parcial —aportes de los cuales la entidad contribuyó con el 25 por ciento.
No se incluyó a los asentamientos irregulares ni a las familias sin escrituras, que son cuantiosos, y de lo que no hay conteo.
Graco decretó de inmediato la creación del organismo “Unidos por Morelos” que se comprometió a apoyar mil 526 más. De este total, un año después solo 295 han sido rescatadas.
Por su parte el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, también vía twitter, indicó que fueron afectadas 305 escuelas. Las que requerían reconstrucción total eran 17 y las de reconstrucción parcial 110.
La cifra final de escuelas dañadas que reportó un año después el Instituto de Infraestructura Educativa de Morelos fue de 400, con avances —sin que se especifique el grado— en un 50 por ciento de los inmuebles, y entregados 30.
Adicionalmente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en huelga desde el pasado 20 de septiembre debido a la falta de pago a los trabajadores —que se deriva a la vez del quebranto financiero de la institución— tuvo daños en 33 inmuebles, de los cuales 17 ya fueron rehabilitados. El más afectado fue el edificio principal, que acogía las carreras de Arquitectura y Contaduría y Administración, y que fue demolido.
Las cuentas no les cuadraron ni a la Federación ni a la entidad.
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No hay alarma sísmica en Morelos.
Instalarla costaría 25 millones de pesos, más cuatro millones anuales de mantenimiento, informó a mediados de marzo de 2018 Juan Manuel Espinosa Aranda, director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).
Espinosa Aranda explicó que bastarían dos transmisores, a ubicarse en el corredor Ajusco Chichinautzin y en la zona sur, para enviar las alertas, pues se aprovecharía la infraestructura de los estados vecinos.
Medio año después no han expresado interés ni las autoridades salientes ni las entrantes. El CIRES surgió en los años noventa y es quien opera los cien sensores distribuidos en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Y ni así.
En lo que sí hay avances es en la cultura sísmica a nivel escolar. El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos organizó el pasado miércoles dos simulacros en los planteles, uno a las 10 horas para el turno matutino y otro a las 14 para el turno vespertino, más el macro simulacro a nivel nacional.
El 23 de febrero de 2018 también se modificó la Ley de Protección Civil: no habrá dos sino seis simulacros anuales en la entidad.
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En su quinto informe de labores, el gobierno estatal informó del recuento de los daños, de distinta magnitud, en el patrimonio cultural. Un total 417 inmuebles afectados: 243 iglesias de los siglos XVI a XIX, 55 iglesias del siglo XX, 37 bibliotecas, 32 ex haciendas, diez casas de cultura y diez centros culturales, ocho museos y ocho instalaciones municipales, siete ex estaciones de ferrocarril, seis zonas arqueológicas y un teatro.
La cifra de la Secretaría de Cultura (SC) es distinta.
La dependencia se refiere a los que son de su competencia federal. La cantidad baja entonces de 417 a 259, el 62 por ciento del daño total.
La ausencia de un inventario del patrimonio cultural confiable a nivel nacional impide saber con exactitud cuántos de los inmuebles restantes están bajo resguardo de los municipios o la entidad. Tampoco cuántos más podrían estar bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pero no están inscritos en sus listas.
La SC informa que de los 259 de su reporte, han sido recuperados 67 monumentos y siete bienes muebles, liberadas dos zonas arqueológicas y en proceso de restauración 170 bienes culturales más. Lo cual sería un avance relevante. Sólo que no lo es tanto. El conteo no falla. Lo que falla es el criterios del conteo.
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Morelos lo ilustra.
Para junio de 2018, el INAH había restaurado más de 40 capillas a lo largo de la entidad que requirieron atención en muros, cúpulas y bóvedas. De ese total, ocho fueron reabiertas: en Tlayacapan, San Miguel, San Nicolás, Santa Cruz Tlaxcalchic, La Magdalena y San Lorenzo —del siglo XVI—, La Concepción —siglo XVII— y El Rosario del XVIII. Están restauradas también dos en Tepoztlán —Santa Cruz y La Santísima—.
En Cuernavaca se rehabilitó la capilla de la Tercera Orden de San Francisco, perteneciente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción ubicada en el centro histórico de la ciudad, que básicamente requirió consolidación e inyección de grietas.
En tanto, las zonas arqueológicas de Chalcaltzingo, Teopanzolco y Xochicalco tuvieron daños menores. La de Chalcaltzingo, la más afectada tuvo fisuras, fracturas y/o grietas en once de sus monumentos.
Los rasguños del temblor.
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El avance estadístico se basa en la lógica de rescate del “Plan Maestro”: concederle prioridad a inmuebles sin daño estructural. De tal manera la cifra se acrecienta para el reporte anual, pero las zonas más afectadas siguen casi igual.
Tal vez el inmueble histórico más dañado fue el ex convento de Santiago Apóstol, en Jiutepec, al sureste de Morelos. La construcción sufrió derrumbes graves en la parroquia, el claustro y en su conjunto, perdió el campanario y está craquelada por fisuras y grietas de diferentes grosores por aquí y por allá, incluida la fachada principal. Un año después todavía no finaliza la fase de apuntalamiento.
Lejos, pues, de la reconstrucción.
El sismo golpeó a la veintena de conjuntos conventuales agustinos, franciscanos y dominicos edificados durante el siglo XVI. Lo más importantes son once de los 14 conventos del estado que integran la Ruta de Conventos —tres más se localizan en Puebla— y que forman parte del Patrimonio de la Humanidad: San Mateo, en Atlatlahucan; Santo Domingo, en Hueyapan, Tetela del Volcán; La Asunción, en Cuernavaca; Santo Domingo, en Oaxtepec; Santiago Apóstol, en Ocuituco; La Natividad, en Tepoztlán; San Juan Bautista, en Tetela del Volcán; San Juan Bautista, en Tlayacapan; San Guillermo Abad, en Totolapan; San Juan Bautista, en Yecapixtla; y La Inmaculada Concepción, en Zacualpan de Amilpas.
Los más afectados: Tlayacapan, Totoloapan, Hueyapan, Zacualpan de Amilpas, Tepoztlán.
Salieron volando cúpulas, torres y campanas, se agrietaron muros, se doblegaron estructuras, se cuartearon fachadas, se dañaron numerosos bienes muebles.
En tanto, sobre los bienes inmuebles, la delegada del INAH, María Isabel Campos, le sintetiza el estatus del reto a la reportera Sonia Sierra: “es inmensa la cantidad que resultó afectada”.
Lo cual igual aplica al resto de los 11 estados afectados del país.
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Los daños en los conventos se explican en gran medida por el temblor, pero también por su historia de vida.
Dada su antigüedad —se remontan al siglo XVI— han experimentado ampliaciones, se han sobrepuesto cúpulas sin soportes adecuados, las remodelaciones y reparaciones más antiguas han sido hechas con material sin la calidad necesaria o no cumplieron con ningún tipo normatividad.
Debido a tales condiciones está prohibido el acceso. Las autoridades religiosas convocan al culto en los patios y jardines. Los creyentes se sienten a disgusto con esa opción y acuden cada vez menos al ceremonial. Los sacerdotes les aseguran que la reconstrucción será exitosa, pero la grey es incrédula y teme volver a entrar a los templos.
La excepción son los devotos de San Guillermo Abad, patrono de Totolapan, reporta el corresponsal Justino Miranda. La parroquia sufrió daños pero a San Guillermo sólo se le escorió la barba y a un Cristo se le fracturó un dedo. El resto de los santos fueron protegidos por el manto de San Guillermo. Están en una casa, donde se realiza la misa, cercana al convento, bajo el cuidado de los pobladores.
Los más escépticos afirman que se cerrarán las puertas para el culto de algunos ex conventos y que funcionarán exclusivamente como museos.
Hasta la fe sacudió el temblor.
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Hay sedes de tres alcaldías, catalogadas como inmuebles históricos, que siguen cerradas y sin avances, y que ilustran las brechas que separan a la entidad de la federación: Jojutla, Cuautla, Tlayacapan.
Los alcaldes alegan que el INAH les exige muchos requisitos y no les aporta el dinero. El INAH afirma que los recursos se otorgan directamente a las constructoras y que su tarea es de supervisión. Está en lo correcto, ése es el protocolo.
El dinero es el problema.
Llega del Fonden y de la aseguradora Banorte, cuyo costo de la póliza se disparó hasta alcanzar casi el equivalente a dos tercios del presupuesto del Instituto.
La SC encara arduas negociaciones para resolver la situación. A la usura de las aseguradoras, el patrimonio –y la salud—le da igual.
Llega también, derivado de la gestión institucional, el apoyo de fundaciones nacionales y extranjeras, la UNESCO, la Unión Europea y gobiernos de otros países, aunque con lentitud. Los familiarizados con estos asuntos saben que no son trámites exprés. Incluso una fundación, que brindó apoyo inicial, decidió no continuarlo, por el incremento de los costos.
Faltan además empresas restauradoras y las que existen no necesariamente están interesadas en hacer una inversión en dinero y en capital humano para iniciar los trabajos, y luego exponerse a la demora de los pagos.
Más las dificultades técnicas.
El INAH es quien autoriza qué puede demolerse y qué debe reconstruirse.
Donde el INAH autoriza la demolición de ciertas partes de los inmuebles, debe hacerse a pico y pala, pues el uso de maquinaria pesada está prohibido porque ocasionaría en el resto daño estructurales. Donde plantea la reconstrucción —aplica para los casos de Cuautla y Jojutla, bajo resguardo de los ayuntamientos— están rebasadas las autoridades locales.
El rescate apenas comienza. No parece probable que culmine la faena en 2020, como se tiene previsto. Más aún si el gobierno entrante decide recortar el presupuesto de la cultura.
Una más de las enseñanzas del 19-S es que el fortalecimiento de la SC y las instituciones que la integran es la prioridad.
FOTO: Ex convento de Tlayacapan, Morelos, en fechas recientes.
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