Contra la violencia, una propuesta
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POR SARA SEFCHOVICH
En la violencia contra las mujeres, hay un elemento que unifica las diversas posturas: achacarle la culpa de todo y exigirle resolver todo al gobierno.
Estamos acostumbrados a esperar que el gobierno “reparta la tierra y regale la casa, fije el precio del maíz y compre las cosechas, subsidie la tortilla, la leche y el transporte colectivo, construya las carreteras, aeropuertos, clínicas y escuelas, lleve la electricidad y el agua, los médicos y las medicinas, los maestros y los libros de texto, asuma las deudas de los grandes consorcios privados y de las empresas paraestatales y rescate desde fundidoras hasta bancos, desde ingenios hasta constructoras y medios de comunicación, y que todo esto lo haga cobrando pocos impuestos y proporcionando los servicios muy baratos o mejor, gratuitos. Nos gustaría que sea eficiente y ágil pero sin cambiar las reglas del juego a que estamos acostumbrados, que fomente el empleo pero no la inflación, que consiga el crecimiento económico pero también la estabilidad social, que garantice la seguridad y al mismo tiempo los derechos humanos, que respete la democracia participativa pero también tome decisiones, que lleve las riendas y no pierda el control, pero no se meta con la libertad de expresión ni impida la crítica”.
Por eso cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, una conocida comunicadora, antes de saber qué había pasado, sentenció: es un crimen de Estado. Y por eso, en su canción en contra de la violencia hacia las mujeres, que se ha replicado en medio mundo, las jóvenes chilenas dicen: el Estado opresor es un macho violador.
En efecto, el Estado, el gobierno, tiene la responsabilidad de proveer las leyes, los servicios, las políticas y los policías para que los ciudadanos podamos vivir adecuadamente y con seguridad. Eso nadie lo pone en duda.
Pero, y esto es lo que aquí argumento, no sólo él. ¿Qué acaso los ciudadanos no tenemos también alguna responsabilidad?
Tomemos algunos ejemplos recientes: Abril Pérez Sagaón, asesinada cuando iba en un auto rumbo al aeropuerto en la Ciudad de México; Sonia Pérez, asesinada en su lugar de trabajo; Ingrid Escamilla desollada por su pareja.
En todos los casos, los familiares y compañeros de trabajo sabían que ellas habían sufrido violencia doméstica durante mucho tiempo. Pero eso solamente lo dijeron cuando las mujeres ya habían sido asesinadas. Y este es el punto al que quiero llegar.
¿No deberían la familia y los compañeros de trabajo intervenir cuando se percatan de esto? ¿No deberían tomar medidas?
Lo digo porque cuando el Estado llega, por lo general es demasiado tarde, pues ya los hechos lamentables sucedieron. Pero las familias y los compañeros están allí desde el principio y ven y escuchan lo que sucede todo el tiempo.
El problema es que no se quieren meter, sea porque la propia mujer así lo pide, sea porque les parece que es lo correcto pues cada quien a sus asuntos, sea porque les da miedo, sea porque no confían en la autoridad.
Y tienen razón. Meterse puede significar correr riesgos. Y tienen razón, porque la autoridad no es confiable. El caso de la niña Fátima es ejemplar: se hicieron denuncias al DIF sobre su abandono y éste envió a revisar, pero no encontró problema. Por eso otra persona pudo tranquilamente llevársela de la escuela (además claro, del incumplimiento del mínimo protocolo de seguridad por parte de los maestros).
El tema es que si esperamos a que el gobierno cambie, a que el violento cambie, veremos muchas muertas más. Esta es una ilusión imposible en nuestra realidad. Por eso la sociedad tiene que asumir responsabilidad, y sin quitar el dedo del renglón de obligar al gobierno a actuar, actuar ella misma.
El primer paso es reconocer que en el núcleo familiar (que incluye a los parientes, amigos, vecinos y colegas laborales) es donde está la semilla del aprendizaje de la violencia y de la tolerancia a que ella ocurra, el huevo de la serpiente como le llamó el cineasta Ingmar Bergman. Y es allí donde tiene que iniciarse lo opuesto: el no aprender la violencia o el desaprenderla, el aprender la intolerancia hacia que ella ocurra y el aprender a defender a quienes la sufren.
Suponer que la violencia va a detenerse por sí sola o porque el gobierno intervenga es un error. Primero, porque el gobierno no puede contra lo que pasa adentro del hogar. Puede (y debe) hacer leyes, protocolos de seguridad, atención de denuncias, campañas educativas, pero no puede estar adentro de todos los hogares del país. Segundo, porque para que se detenga por sí misma, habría que terminar con el clima de permisividad en que vivimos, que la estimula e incluso la promueve, como han mostrado tantos estudios y como muestran estos ejemplos. Pero eso es allí donde estamos atorados, es esto lo que no hemos podido cambiar. Como bien lo dijo un cura michoacano: “Estamos sufriendo las consecuencias de una culpa conjunta no sólo del gobierno, también de la Iglesia y la sociedad civil. Nos acostumbramos a callar, a solapar. Y eso provocó que fuera creciendo el horror. Todos nos equivocamos”.
FOTO: Manifestación contra los feminicidios en Oaxaca. 4 de febrero de 2018./ Archivo EL UNIVERSAL
