El reconocimiento de las violencias del Estado contra las disidencias LGBTI+
La Comisión para el acceso a la verdad recopilará testimonios de personas de las sexualidades disidentes que vivieron la vulneración de sus derechos humanos a causa de su identidad durante el periodo 1965-1990
POR ALEIDA GARCÍA AGUIRRE Y CITLALLI JASO GALVÁN
El 10 de diciembre de 2021, día internacional de los derechos humanos, fueron inaugurados los trabajos de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. La Comisión está integrada por cinco instrumentos: Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Comité de Impulso a la Justicia, Comité de Memoria, Plan de Búsqueda de personas desaparecidas y Plan de Reparación. Estos dos últimos son dirigidos por instituciones federales que preexistían: la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los dos primeros, aunque con procesos de selección diferentes, están dirigidos por personas académicas, personas defensoras y abogados litigantes de derechos humanos, y un equipo de trabajo contratado por la Secretaría de Gobernación. Finalmente, el Comité de Memoria es de integración mixta. En este artículo, presentaremos únicamente algunos objetivos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), referentes al esclarecimiento de violaciones a derechos humanos de las que fueron víctimas personas que hoy agrupamos en la comunidad LGBTI+.
El Decreto Presidencial del 6 de octubre de 2021 que creó la Comisión, mandata que quienes encabezan el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico son responsables de conducir una investigación sin sesgos, independiente, imparcial y competente sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas “en el periodo de violencia política comprendido de 1965 y 1990”. Esta investigación debe concluir en un informe final que contribuya a comprender cómo fue posible que las violaciones tuvieran lugar, y explique cuáles fueron las lógicas institucionales que garantizaron la impunidad en la que estas violaciones han permanecido. Este informe deberá ser fundamento de recomendaciones para arrancar de raíz aquellos órdenes estatales vinculados a violaciones a derechos humanos del pasado todavía vigentes, y para fortalecer el derecho a la memoria, la justicia, la cultura de derechos humanos; en suma, recomendaciones dirigidas a la no repetición.
Esta Comisión es resultado de varios procesos históricos que, a su vez, son base para definir cuáles violaciones a derechos humanos son materia de investigación del MEH. En este texto, nos referiremos a dos de estos procesos. El primer proceso se dio en América Latina, donde la violencia política inaugurada por la doctrina de seguridad nacional fue denunciada por organizaciones políticas, familiares y compañeres de militancia de las víctimas, y dio lugar a la formación de organismos de derechos humanos. En esta tesitura, el Estado fue señalado como responsable de crímenes contra las disidencias políticas, especialmente contra las político-militares, y en algunos países se abrieron juicios contra militares responsables de idear y operar estrategias represivas y acciones de contrainsurgencia. De este proceso se deriva el mandato de la Comisión para esclarecer las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y tortura sexual cometidas contra opositores políticos y militantes de las guerrillas y otros disidentes políticos.
El segundo proceso que dio lugar a la Comisión es menos conocido. Nos referimos al proceso de reconocimiento de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, afrodescendientes y disidencia género-sexual. Las luchas de estas comunidades han contribuido sustantivamente a la apropiación social de la defensa de derechos humanos. Este proceso ha permitido distinguir que los derechos humanos son vulnerados de manera diferenciada, es decir, que las desigualdades crean un terreno especial y sirven para profundizar las violaciones o para que éstas afecten más hondamente los lazos sociales de las víctimas. Al mismo tiempo, este proceso ha permitido que comisiones de la verdad de Latinoamérica, como las de Brasil y Colombia, reconozcan que los estados autoritarios dirigieron su actuar represivo contra quienes, en su cuerpo y por sus lazos culturales, disentían de la moral y los valores culturales impulsados por el Estado. En Brasil, por ejemplo, este segundo proceso de reconocimiento de los derechos humanos abrió la puerta para que, durante sus trabajos, la Comisión Nacional de la Verdad advirtiera que los casos que debía investigar no sólo tenían raíces político-ideológicas, sino que las identidades étnico-raciales y género-sexuales fueron motivo de violaciones sistemáticas. La Comisión colombiana, por su parte, identificó esto desde su plan de trabajo. En México, el MEH, ha resuelto que la investigación debe realizarse con enfoque diferenciado, es decir, debe estar atenta a las especificidades que un acto represivo imprimió a las víctimas, de acuerdo con sus diferencias sociales. Al mismo tiempo, el MEH ha resuelto que es necesario diagnosticar las violaciones que fueron dirigidas contra personas de la comunidad LGBTI+ porque el Estado tenía el objetivo de imponer un orden moral-sexual.
Los regímenes autoritarios en general, no sólo dictaduras, dispusieron de normas e instituciones que regularon las dimensiones de la vida familiar de sus ciudadanos. Entre más conservador el régimen, mayor fue su tendencia a intensificar los mecanismos de control de espacios públicos y privados. Las sexualidades disidentes sufrieron la aplicación de tecnologías represivas y dispositivos disciplinares que pretendían normativizar los discursos y las prácticas relacionadas con la moralidad. Desde el Estado se clasificaron moralmente a las y los ciudadanos, y se clasificó a algunas comunidades como moralmente indeseables. Al mismo tiempo, el Estado creó la figura de “enemigo interno” cuya definición —en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional— tiene contornos políticos y morales que asociaron la homosexualidad a una forma de degeneración y corrupción de la juventud. En la agenda moral del gobierno de Luis Echeverría, por ejemplo, la política interna de 1974 se vio sacudida por acciones guerrilleras y la intensificación de la violencia contrainsurgente. Al respecto, en su informe anual asentó que los jóvenes que participaban en agrupaciones político-militares habían surgido “de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia”. De esta manera, el entonces presidente sancionó moralmente a los jóvenes guerrilleros, y señaló a la disidencia sexual como enemigo del régimen.
¿Por qué no hemos visto a la comunidad LGBTI+ como una de las víctimas de la violencia de Estado del periodo 1965-1990? Una de las causas es que en algunos círculos de derechos humanos enfocados en el periodo en cuestión (pertenecientes en el primer proceso a que hemos hecho referencia) se reproduce la estigmatización social de las sexualidades disidentes que continúan sufriendo la indiferencia. Otra de las causas es que la comunidad LGBTI+ no ha sostenido como una bandera de lucha el esclarecimiento de las violaciones de las que ha sido víctima, incluso a pesar de que muchas veces salió a la calle a exigir un alto a los ultrajes de los cuerpos policíacos.
¿Cuáles violaciones fueron cometidas contra la comunidad LGBTI+ en el periodo 1965-1990? De acuerdo con los avances de investigación del equipo del MEH, centrados en Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez, la comunidad LGBTI+ fue continuamente sometida por las policías locales en redadas, nombradas entonces razzias, llevada a separos de la policía conocidos como “toritos” y “vaquitas”, en donde tenían lugar extorsiones, malos tratos y violaciones. Eran especialmente violentadas las personas de la comunidad LGBTI+ que, además de su expresión de género y sexualidad, pertenecían a sectores sociales empobrecidos o de migración interna.
Durante los meses restantes de 2022 y durante 2023, el MEH tiene la encomienda de ingresar a archivos de policías y fiscalías estatales para reunir más elementos que permitan explicar las violaciones a derechos humanos contra la población LGBTI+. Al mismo tiempo, convocaremos a las organizaciones LGBTI+ y a las personas que pertenecen a esta comunidad para que brinden testimonio sobre las violencias vividas y aquellas que atestiguaron durante el periodo 1965-1990. Pero también necesitamos que las personas de la comunidad se sumen a este proceso, que se pongan en contacto por correo electrónico o a las redes sociales del MEH. Necesitamos que nombren una vez más la violencia que han vivido para que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad y la sociedad mexicana reconozca su pasado. Necesitamos que nombren una vez más la violencia vivida para sumar elementos que ayuden a que nunca más vuelva a repetirse.
Con este artículo, convocamos a la comunidad LGBTI+ para que se apropie del proceso que abre la Comisión de la Verdad. Nuestras redes sociales son: Twitter: @mecanismo_eh; Facebook: @MEHistoricomx; Instagram: @mecanismo_eh, y nuestro correo electrónico es [email protected]
FOTO: En 1969 se registró la primera marcha por la reivindicación de los derechos de
las disidencias sexuales en México. En la imagen, una de estas marchas a finales los años 70/ Archivo Juan Jacobo Hernández
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