Austeridad: la dosis hace el veneno
/
El actual gobierno ha llevado hasta las últimas consecuencias los recortes presupuestales que debilitaron la economía del país y generaron aún más pobreza
/
POR CÉSAR MORALES OYARVIDE Y ANTONIO VILLALPANDO ACUÑA
Estadio Azteca, 27 de junio de 2018. En el cierre de su campaña, un momento en el discurso de Andrés Manuel López Obrador destaca por los aplausos que provoca: cuando reitera que el suyo será un gobierno sencillo y austero. Ante miles de simpatizantes, el entonces candidato a presidente promete que se reducirá el sueldo a la mitad, eliminará la pensión a expresidentes y reducirá tanto el número de plazas como los privilegios de la alta burocracia. Los ahorros generados por estos recortes se utilizarían para financiar el desarrollo sin necesidad de aumentar impuestos ni contratar deuda pública.
Eran las bases de la “austeridad republicana”, una de las políticas a las que el Gobierno de la República ha dado más importancia y han recibido mayor respaldo popular. Es también una de las que en últimas fechas ha generado mayor polémica. ¿Qué razonamientos están detrás de esta austeridad? ¿Cuáles han sido sus efectos? ¿Qué implicaciones ha tenido en esta política la pandemia del nuevo coronavirus?
Antecedentes: lo internacional y lo local
A nivel internacional, las políticas de austeridad fueron un factor poderoso en la crisis que preludió la Segunda Guerra Mundial y han sido parte central de los programas neoliberales desde los años 80. Sin embargo, fue su aplicación tras la crisis de 2008 por parte de los gobiernos del sur de Europa, que redujeron su gasto público en proporciones que fueron del 11.5% en el Reino Unido a 40% en Irlanda, lo que puso al concepto en el mapa. Pese a la utilidad de estos referentes para hacer comparaciones, el antecedente de la austeridad republicana del gobierno de AMLO es fundamentalmente doméstico: su experiencia como jefe de gobierno del Distrito Federal, en el que instrumentó un programa de ahorro y reorientación del gasto similar al que ha implementado como presidente.
Durante la gestión de López Obrador en la capital del país, en el gobierno local se redujeron salarios, se limitó el número de viajes (todos en clase turista) y se eliminó el uso de tarjetas de crédito, celulares y automóviles nuevos. En palabras del secretario de Gobierno de AMLO, “se escatimaba hasta el último centavo para dirigirlo a los programas sociales”. Ante una Asamblea opositora que difícilmente aprobaría recursos para financiar los proyectos del Jefe de Gobierno y una capacidad de endeudamiento que podía ser bloqueada en el Congreso, explica Ortiz Pinchetti, el gobierno de la ciudad no tuvo más que reducir el gasto público, especialmente el gasto corriente, como una fuente de recursos. Para finales de 2002, el Gobierno del Distrito Federal había ahorrado ya poco más de 5 mil millones de pesos que contribuyeron a fondear programas de apoyo a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.
Una política, tres razonamientos
El éxito de la austeridad en términos de respaldo popular radica en que está basada en un diagnóstico correcto (aunque incompleto) que conectó con el espíritu del tiempo y el estado de ánimo del país. La lógica de esta política se explica por una serie de razonamientos en los que se funde lo político, lo económico y lo moral.
La primera justificación de la austeridad es de tipo político. Uno de los lemas de campaña de 2018 lo resume bien: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. La propuesta de un gobierno austero canalizó el descontento popular contra una clase política —el peñanietismo— caracterizada por la corrupción, la ostentación y la frivolidad, y una burocracia cuyos salarios y privilegios no se correspondían con la función social que desempeñaba. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2016, un mando medio de la Administración Pública Federal en el gobierno de Peña Nieto podía ganar en un mes más que una familia mexicana promedio en 3 meses. Luego de un gobierno al que se le criticó su desconexión con la realidad, con la austeridad López Obrador parecía decir que él sí tenía los pies en el suelo. Frente a una élite marcada por un déficit de honorabilidad, el lopezobradorismo se presentaba como ejemplar en su medianía, empezando por el presidente mismo.
La segunda premisa en la que se basa la política de austeridad es económica: la creencia de que, en materia de finanzas públicas, nuestro problema no es la falta de recursos sino el destino que se les da, que debía dejar de ser el mantener a una onerosa estructura burocrática y encaminarse a promover el bienestar. Para este diagnóstico, la falta de desarrollo en México es esencialmente un asunto de corrupción, no de finanzas. De esta premisa —discutible, sobre todo en momentos de crisis— se desprende la principal diferencia entre la “austeridad republicana” y los programas de ajuste aplicados en Europa: la finalidad de los recortes presupuestales en México no es pagar deuda, atraer inversiones o rescatar a la banca sino financiar programas que generen desarrollo y bienestar.
Esto nos lleva a la tercera justificación, según la cual la austeridad republicana es un prerrequisito indispensable para toda reforma fiscal. De acuerdo con este razonamiento, para estar en posibilidades de incrementar su recaudación, el Estado mexicano debe primero recuperar la autoridad moral perdida ante la ciudadanía luego de décadas de malos manejos y corrupción, lo que sólo se lograría a través de apretarse el cinturón y maximizar la eficiencia a la hora de cobrar los impuestos que ya existen, sobre todos a las grandes empresas.
Pese a que todas estas justificaciones apuntan a necesidades reales —revertir los excesos en la administración pública, reorientar el gasto hacia programas prioritarios y recuperar la confianza ciudadana—, lo cierto es que se trata de un diagnóstico que no está exento de problemas, muchos de los cuáles se volverían más notorios en un contexto de crisis como el que se vive en 2020.
Entre el aplauso y el exceso
Grosso modo, las medidas de austeridad del gobierno pueden dividirse en dos tipos: el primero es el que actúa fundamentalmente sobre los funcionarios, su trabajo y sus conductas. En este grupo entrarían los ajustes salariales, la eliminación de ciertos privilegios, y hasta ciertos gestos simbólicos como el uso de vuelos comerciales por parte del presidente. El segundo tipo de medidas son más drásticas y su objeto son las instituciones públicas. Entre ellas estarían la dramática reducción del 75% del gasto operativo, el anuncio de la eliminación de 10 subsecretarías y la extinción de fideicomisos públicos.
Si bien medidas de ambos tipos se han aplicado desde el inicio del gobierno, en la política de austeridad pueden distinguirse dos etapas: en la primera, en la que entrarían episodios como la presentación del plan de 50 puntos de julio de 2018 y la Ley de Austeridad Republicana de noviembre de 2019, primaban las medidas sobre los funcionarios, casi universalmente aplaudidas. Por el contrario, en la segunda etapa, sobre todo a raíz de la crisis provocada por el nuevo coronavirus, las que han cobrado protagonismo son las medidas que afectan instituciones, lo que ha generado mayores resistencias tanto de los colectivos afectados como de quienes las consideran como excesivas.
En una visión optimista, una política de austeridad puede ser un instrumento para recuperar la confianza ciudadana en los gobiernos, un elemento que en algunos casos está relacionado con el desempeño del aparato estatal. Sin embargo, así como no hay un paradigma gubernamental para “todas las estaciones” –lo que se decía de la Nueva Gestión Pública—, menos aún se puede hablar de una política de ahorro y reorientación del gasto como remedio para todos los males, en todos los tiempos.
Desde el principio, fue objeto de debate si los recursos producto de la austeridad republicana tendrían la magnitud necesaria para hacer una contribución importante a los objetivos de la administración federal. Sin embargo, la magnitud de los recortes en los últimos meses cuenta una historia distinta: la de un severo golpe a las instituciones públicas del que muchas no se podrán recuperar. De esta manera, la Austeridad 2.0 lanzada como respuesta a la pandemia puede dejar en el desamparo a varios de los colectivos más vulnerables de la sociedad mexicana en un momento en el requieren más que nunca de la red protectora del Estado: víctimas, madres trabajadoras, mujeres que sufren violencia de género o estudiantes universitarios y jóvenes investigadores que se sostienen gracias a una beca gubernamental.
La austeridad en tiempos de pandemia
Ni las medidas que el gobierno ha planteado para combatir la crisis económica y social producto de la COVID-19 —invertir en infraestructura, reforzar los programas para adultos mayores, jóvenes y población rural, y poner en marcha de un ambicioso esquema de créditos— ni sus fuentes de financiamiento — fideicomisos públicos y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios— son menores. La cuestión es: ¿son suficientes?
Para salir de una crisis como en la que estamos inmersos no basta echar mano de la austeridad, por mucho que esta sea “recargada”, sino más bien de lo contrario. Se cuenta que cuando a Keynes se le cuestionó alguna vez sobre un cambio de postura, el célebre economista respondió lo siguiente: “Cuando los hechos cambian yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?”. Lo mismo podríamos decir hoy.
El escenario al que hoy se enfrenta México —junto con América Latina— es a una nueva “década perdida”, pues instituciones como la CEPAL pronostican una caída de la economía del 9% debido a la pandemia. Aún en el contexto regional, México es uno de los países que está gastando menos en paliar los efectos económicos de la COVID-19, con un gasto de alrededor de 1% del PIB, mientras que Perú, por ejemplo, está dedicando el 9%, Brasil el 8% y Chile el 5%. Este monto de recursos es similar a la cantidad de dinero que, según información del presidente López Obrador, la austeridad republicana logró ahorrar en 2019: alrededor de 230 mil millones de pesos. Con un nivel de recaudación en torno al 16.1%, el más bajo de la OCDE y similar al de países como El Salvador o Malí, estas cifras muestran que, en México, ninguna medida de austeridad puede sustituir una reforma fiscal y una política de reactivación económica más ambiciosa.
La dosis hace el veneno.
En la austeridad republicana se mezcla un legítimo afán de tener un gobierno sencillo, gastar de modo más eficiente y canalizar los recursos públicos hacia las prioridades refrendadas por la mayoría en las urnas. No obstante, la aplicación indiscriminada de estas medidas y el llevarlas al exceso podría terminar por atentar contra los propios instrumentos con los que contamos para generar bienestar y reconstruir el futuro una vez superada la contingencia.
La crisis de la COVID-19 ha hecho inevitable el realizar recortes en la administración pública. Al hacerlos, es preciso (valga la redundancia) recortar sin recortarse. Esto significa, en primer lugar, concentrarse en aplicar una política de austeridad estratégica y diferenciada que contribuya a abrir las posibilidades de recuperación, no que las cierre. Parafraseando lo que hace siglos decía el médico Paracelso: en la austeridad, es la dosis la que distingue al remedio del veneno.
César Morales Oyarvide es licenciado en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la misma universidad. Cuenta además con estudios de comunicación política por el Tec de Monterrey y la UNAM. Ha sido investigador en la Cámara de Diputados y funcionario público en el ISSSTE, la Oficina de la Presidencia de la República y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Antonio Villalpando Acuña es sociólogo de formación y actualmente estudia el Doctorado en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus temas de interés incluyen teoría social, inteligencia artificial en la gestión pública y corrupción. Ha ejercido cargos públicos en varias dependencias, incluyendo la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación de México y la Presidencia de la República.
FOTO: Protesta de trabajadores del IMSS en Veracruz, por falta de insumos para atender la pandemia de Covid-19. / Patricia Morales/ EL UNIVERSAL
« El TMEC y la cultura, otro espejo enterrado Mirga, Mozart, Mambo: dos documentales »
