Centro SCOP. Ruta de un proyecto de rescate estancado
A cinco años del sismo, el conjunto arquitectónico Centro SCOP continúa sin ser atendido, pues se ha convertido en un espacio pleno de tensiones políticas y sólo ha contado con la movilización ciudadana
POR RODRIGO CASTILLO
Es frecuente que a lo largo de los años el uso y función de un conjunto arquitectónico se vuelquen contra sus principios sociales, técnico-constructivos y legales. La creencia en la arquitectura como una disciplina hegemónica y de su retórica política abrazada a la imaginería de lo social, dibuja un arco donde hoy es posible encontrar las fallas antes no previstas, y no sólo eso, también deja en claro el pulso político de gobernantes que amaina con omisiones —y carga con caprichos— sexenio tras sexenio.
Para nadie resulta desconocida la serie de edificaciones de Mario Pani, que, vía las sacudidas tectónicas de 1985, terminaron o caídas o luego demolidas o modificadas. Es el disfraz del desparpajo de concreto bajo el fragor del milagro mexicano y el blindaje gubernamental. Cuando la sociedad civil acusó de “homicidio colectivo” a una serie de funcionarios a raíz de la muerte de decenas de personas por el derrumbe del edificio Nuevo León en Tlatelolco, las lentejuelas del artificio hicieron visible su opacidad. Ya era tarde. Para la arquitectura de Pani, su supuesto “acabose” tomó fuerza con el desplome del Centro Urbano Presidente Juárez o, si lo vemos de otra manera, inició con él.
Entre 1950 y 1970, el afán modernizador y desarrollista encontró en la arquitectura a una aliada voluble, pero seductora y encumbrada en la economía de la posguerra. ¿Sería anacrónico responsabilizar a los arquitectos, ingenieros y funcionarios de aquel periodo dadas las herramientas con las que contaban para hacer estudios de mayor precisión? La larga vida de muchas edificaciones erigidas entre 1940 y 1960 demostraría lo contrario, sin embargo, aún cabe reflexionar acerca de los indicios de una arquitectura hegemónica adscrita a la orientación vocacional del estado benefactor que más tarde hizo visibles sus fisuras. Trataré de explicarlo en las siguientes líneas.
La palabra rescate puede resultar chocante, pero es la tónica con la que hemos aprendido a respirar a lo largo de buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Rescatamos archivos, inmuebles, discursos; asumimos que la tarea de investigación debe realizarse codo a codo bajo la consigna de la defensa, sea del territorio, del patrimonio y de los fondos públicos. Es latente la desconfianza, pero comprensible. Quienes a lo largo de las últimas cinco décadas se han encargado de dirigir las políticas públicas, llevan como sello de fuego sobre sus frentes la falta de carácter y de voluntad política para tratar de entender que la arquitectura, cualquiera que sea implementada por particulares o vía el Estado —dígase refinerías, trenes y aeropuertos—, es propiciatoria de tensiones sociales. No hace falta ser muy ducho para ver cómo el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente está destruyendo la región del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, en Sonora.
El paso de una economía sostenida bajo el rimbombante “desarrollo estabilizador” a una tambaleante economía liberal controlada por tecnócratas, fracturó la credibilidad de la arquitectura a ojos de quienes la activan, con la que sus necesidades cambiantes quedaron desechadas, además de atentar contra los principios constructivos. Esto último lo deja ver la doctora Natalia de la Rosa en uno de los ensayos más lúcidos escritos acerca del conjunto arquitectónico Centro SCOP, espacio que hoy cumple cinco años sin ser atendido luego del sismo de 2017 y que, adelantándome a los hechos, sólo ha contado con la movilización ciudadana activada por el grupo En Defensa del Centro SCOP.(1) Escribe de la Rosa: “Desde un inicio, y al aprobarse el uso del terreno para la construcción del Centro (…), se señalaron graves problemáticas para el emplazamiento en la zona de Narvarte. Según se expresó, en ese solar no pudieron construirse el hospital, un multifamiliar o el Archivo General de la Nación, debido a que ‘la estructura y la cimentación tenían un escaso límite de resistencia y no podían ser adaptadas a cargas de cierta importancia o consideración’”.(2)
Dicho de otro modo, el aparato gubernamental y su blindaje al obviar condiciones de seguridad que debieron afianzarse de acuerdo con los fundamentos ideológicos(3) de la práctica arquitectónica, creó con el Centro SCOP uno de los dilemas más espinosos a resolver dado su cariz de urgente, además de contar con boquetes legales respecto no sólo de los edificios ubicados en Eje Central y Eje 4 sur, sino de otros cuerpos que forman parte del conjunto, como son la Torre de Telecomunicaciones, el Gimnasio Benito Juárez y la Unidad Habitacional Narvarte-IMSS. Sin embargo, para las arquitectas Esther Muñoz y Rocío Rosales, integrantes del grupo En Defensa…, hablar de una omisión de Carlos Lazo “(…) no es una aseveración precisa, pues una vez que la SCOP tomó posesión de los terrenos y las estructuras abandonadas que ahí se encontraban se ejecutaron importantes trabajos de rehabilitación en forma casi inmediata bajo la dirección del ingeniero Luis E. Bracamontes”.(4)
No es gratuito que el 30 de agosto pasado la doctora Guillermina Guadarrama expresara que las iniciativas de legislación ya encaminadas por un grupo de investigadores-ciudadanos respecto del Centro SCOP para la viabilidad de su declaratoria como Monumento Artístico deben amagarse, luego de resuelta la parte técnica, como han dicho legisladores a la estudiosa, a una “Ley que tuviera dientes”,(5) es decir que, para lograr hacer efectivas normatividades, reglamentos y disposiciones en torno del cuidado del patrimonio artístico, los promotores de dicha iniciativa deben apegarse a la creación de un marco punitivo que encuentre responsables y de paso, por qué no, mediante su letra finque sanciones a quienes desprotejan el patrimonio, del tipo que sea.
Para Muñoz y Rosales “esta ley que tuviera dientes” “alude a la necesidad de realizar revisiones y actualizaciones a las leyes de Patrimonio Artístico en vigor (promulgadas durante la década de 1970)(6) que permitan, entre otras cosas, un ejercicio más eficaz de las mismas mediante una mejor implementación de mecanismos jurídicos de protección institucional, protocolos de catalogación y monitoreo del estado de conservación del Patrimonio Artístico Nacional (…) más frecuentes y la imposición de sanciones más severas para quienes vulneren o cometan atentados directos contra las obras amparadas por dichas leyes”.
La balanza, en todo caso, está en desequilibrio, y por tanto crea conflictos cercanos a la organización de la sociedad civil aunados a la desorganización gubernamental del espacio. Es un hecho que desde aquel absurdo de remover los murales para trasladarlos al incipiente proyecto aeroportuario peñanietista, ocurrencia de Mario Ballesteros, las reacciones de la sociedad civil y de los académicos ante el embate ilógico de la tecnocracia, se dieron a conocer mediante un pronunciamiento del doctor Renato González Mello, extitular del IIE-UNAM.(7) Sus argumentos se basaron en la unidad del conjunto arquitectónico como representante de un periodo estético-constructivo llamado “integración plástica”, es decir, la “decoración” muralística se concibió en concordancia con el proyecto arquitectónico del conjunto y este, si sufriera un ‘“divorcio físico espacial’ del mural respecto de su lugar de origen alteraría negativamente el conjunto, y está ‘expresamente desaconsejado por todos los documentos normativos y éticos que se refieren al patrimonio’”.(8) La visión de los miembros del IIE es compatible y dialoga con las propuestas de En Defensa del Centro SCOP, veamos.
En opinión del historiador del arte Luis Abel Bastida, miembro del seminario del IIE aludido, apuntala lo anterior: “(…) Siempre tratamos de poner énfasis en que el valor de la obra es integral y ese sentido debe respetarse en medida de lo posible la consigna constructiva del edificio. No tratamos de dar una respuesta total sobre el destino del inmueble, aunque nuestro posicionamiento siempre ha sido en pro de la conservación del conjunto, pero tomando en cuenta los estudios estructurales, ingenieriles en concordancia con los estudios históricos y estéticos”.(9) Para las arquitectas Muñoz y Rosales su objetivo primordial asume que se trata del “rescate del predio a través de una estrategia conjunta, imparcial y objetiva, transdisciplinaria, sinérgica, transparente e incluyente, (ésta) sólo podrá alcanzarse partiendo de una Declaratoria Patrimonial que considere a todo este maravilloso espacio como “Monumento Artístico Patrimonio de la Nación”. Dicha declaratoria serviría como un garante legal de enorme peso para la supervivencia del conjunto, pues lo protegería de cualquier posible intento por vulnerarlo, dañarlo o hasta destruirlo”.
El llamado de los investigadores dio paso a las tensiones que hoy conocemos, tan necesarias para poner en claro lo que el blindaje gubernamental provoca acompañado de sus propias bufonadas. Desde aquel dictamen(10) emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (27 de julio de 2018), dirigido a Mónica Iglesias, responsable del área de recursos materiales de la hoy SICT, el ingeniero Renato Berrón determinó que el estado de los edificios de los Cuerpos A y B, luego de haber sido recimentados y de haber demolido pisos superiores a raíz del sismo de 1985, “presentaban un desplome importante. (…) Además de detectar hundimientos y/o emersiones aparentes de las estructuras (…) Los desplomos antes mencionados se incrementaron, haciéndose muy notable la inclinación de los edificios en todos los niveles”. En pocas palabras, el dictamen de Berrón, apoyado en el también Informe Técnico realizado por Grupo M.C. Ingeniería, señaló que “…los edificios mencionados en este estudio rebasa[n] claramente el estado límite de falla”.
No obstante, la confianza de la iniciativa ciudadana demuestra que, a pesar de contar con un dictamen poco esperanzador, existen soluciones para salvaguardar los cuerpos, a decir de las arquitectas Muñoz y Rosales: “(…) a pesar de lo dramático de los asentamientos diferenciados en los inmuebles del conjunto original (particularmente el de la sección del “Cuerpo A” que se orienta hacia Eje Central), existen todavía condiciones suficientes para permitir una rehabilitación inmobiliaria exitosa in situ que pudiera ser análoga a las intervenciones efectuadas a la Catedral Metropolitana o la Antigua Basílica de Guadalupe a fines del siglo pasado y principios del actual”; a lo anterior ponen sobre la mesa el profesionalismo de la empresa CAV Diseño e Ingeniería, quien se encargó de la logística de retiro, catalogación y almacenamiento de los murales ubicados en los Cuerpos A y B hoy resguardados en bodegas.
De julio de 2018 a inicios de 2021 la enunciación por parte de las instituciones gubernamentales involucradas ha tenido serios problemas de comunicación. Que el llamado de los académicos unameños en diálogo con el grupo En Defensa…, detonara artículos y noticias en la prensa, metió en camisa de once varas a quienes no han podido resolver la declaratoria del conjunto, al grado de anunciar, precisamente en 2021, que el camino para lograrla estaba a meses de concretarse, pero sólo son inyecciones de dopamina fake. Aunado al entusiasmo de funcionarios culturales los problemas que atañen a la SICT, hunden más el ya de por sí enrarecido terreno narvarteño. Mario Maldonado lo hace visible, pues la SICT “Ha cambiado tres veces de titular. A sus subsecretarios los han acusado de corrupción. A los directores generales los han removido por ineficientes. Le pusieron nuevo nombre, pero (…) sigue siendo una dependencia fantasma a la que nadie presta atención porque el gobierno del presidente (…) la desahució: le quitó todos los proyectos importantes, redujo al máximo su presupuesto y puso al frente a dos viejos amigos, a quienes relegó al estatus de ‘floreros’”.(11)
Y aunque dentro de dicha secretaría existen voces preocupadas por el bien del conjunto, la de Hacienda los ignora. En julio de este año, Juan Luis Ramos puso la cifra sobre la mesa: 19.4 millones de pesos “para iniciar con los estudios de preinversión para la rehabilitación”(12) del conjunto. El alto riesgo de colapso de los cuerpos A y B, como ya se ha mencionado, tiene a la dependencia parada sobre la cornisa. Por ello, mediante el comunicado, buscan curarse en salud; dice su documento: “Se considera urgente atender a la brevedad posible el apuntalamiento de los sitios que presentan ya un riesgo inminente en la zona en cuestión. La tardía atención, además de postergar esa intervención, recaerá en un elevado costo en su rehabilitación sea cual fuere, además de lo social como sería seguramente”. A estas alturas todos sabemos cómo se titula el acto: echarse la bolita. “Si no es el INBAL, será la SHCP, pero puede que mejor sea la SC, no vaya a ser que el Gobierno de la Ciudad de México se vea afectado rumbo a los comicios del 2024, ¿y si hacemos que la delegación Benito Juárez bajo el trienio panista se encargue?”, dicen los malpensados. A la escena trágica hay que sumar lo que las arquitectas Muñoz y Rosales señalan: “Infortunadamente, y a pesar de nuestras reiteradas solicitudes a las instancias pertinentes, al día de hoy (09 de septiembre de 2022) todavía no hemos tenido ningún tipo de acceso al anteproyecto de Declaratoria Patrimonial que se ha venido anunciando desde 2020”.
Se trata de la instrumentalización de la producción artística versus las intervenciones respetuosas; es, en el cambio de paradigma donde la arquitectura contemporánea oscila, el saber ver –y admitir– las fallas del pasado para recuperar en lo posible un espacio donde haya menos grisura a favor del verdor y de la apertura de valores como la transparencia. Parece ser que el statu quo de la arquitectura moderna mexicana es una piedra en el zapato, mientras que la política y la economía de nuestro contexto van en otra dirección, donde la arquitectura social, por ejemplo, de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, o de Alejandro Aravena y Andrés Iacobelli, se sustentan en arquitecturas de impacto social donde priva el interés público.
A cinco años del sismo de 2017, cuando el conjunto SCOP sufrió todavía más daños, se debe reflexionar si la propuesta de declaratoria mantiene alguna fuerza al estar hundida en un cajón supremo y si es viable desempolvarla al chasquear a los funcionarios para que despierten. Aquel blindaje gubernamental de Carlos Lazo dado a su propia obra la mantiene en vilo mientras las placas tectónicas no digan otra cosa, o mientras los actores fundamentales del empuje para la toma de decisiones en Presidencia de la República –léase la adormilada Secretaría de Cultura y el soñador INBAL–, hagan a un lado su silencio,(13) politiquería y burocracia, en el proceso. La SICT, por lo menos, ya pidió los 19.4 millones para hacer estudios.
La obra de Carlos Lazo, pensada como conjunto plástico-arquitectónico, se enfrenta hoy como espacio de resistencia. La desgracia de ello es que los verbos flexionados en infinitivo suelen reblandecerse; y resistir, defender y dialogar son hoy cada vez menos propicios ante las fracturas propias de los gobiernos neoliberales –del que la autollamada 4T forma parte– y ante un embate de la naturaleza que, todos sabemos, está a la vuelta de la esquina.
Actualmente la manzana se halla bajo diversos regímenes administrativos: El conjunto original que, además de contemplar a los edificios con obra plástica integrada, también incluye otras zonas y áreas abiertas (como la del actualmente abandonado Gimnasio Benito Juárez) se halla, desde 2019, bajo resguardo del indaabin. Por otra parte, la sección correspondiente a la Unidad Habitacional inició en 1982 un proceso de desincorporación federal que actualmente se traduce en un régimen condominal entre particulares. Otros espacios e inmuebles dentro de la manzana se hallan en posesión de otras dependencias gubernamentales, ejemplo de ello son los inmuebles que actualmente albergan al Centro de Atención Integral “Universidad” y a la Escuela Primaria “Montes Azules”, ambas bajo jurisdicción de la Secretaría de Bienestar. Por último, la Torre sct, que, junto a su inmueble anexo, aún se halla en operaciones (si bien la ocupación de la Torre es parcial), todavía se encuentran bajo jurisdicción de la sict y de Telecomunicaciones de México (Telecomm), respectivamente. ( Información proporcionada y redactada por las arquitectas Esther Muñoz y Rocío Rosales del grupo En Defensa del Centro SCOP)
NOTAS
1.A partir de 2018, dio inició la movilización ciudadana agrupada bajo el nombre de En Defensa del Centro SCOP
2.Natalia de la Rosa, “Integración plástica y arte público: del Estado de bienestar al nuevo liberalismo(1)”, en http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/12/1/2019.
3. Entendido como extructura imaginaria extensible a todo ser humano (Žižek, El sublime objeto de la ideología, 2003).
4.Muñoz y Rosales ahondan “De estos trabajos se destacan el refuerzo de la cimentación original (que se había efectuado todavía con la técnica de postes de madera) y la renivelación de las estructuras que presentaban hundimientos diferenciados gracias al empleo de pilotaje de control, cuyo empleo en estos edificios sería pionero dentro de las construcciones a gran escala de nuestro país; (…) Prueba de la efectividad de dichos trabajos es que no se reportaron afectaciones de importancia en los inmuebles del Centro SCOP como consecuencia de los terremotos de 1957 y 1979”, en entrevista realizada a las arquitectas.
5.Guillermina Guadarrama, Muralismo y patrimonio. 2° Congreso Internacional “Muralismo a 101 años de su nacimiento”, Palacio de Bellas Artes, 30 de agosto de 2022.
6. Cfr. Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 6 de mayo de 1972. DOF 16-02-2018, y Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 08 de diciembre de 1975. DOF 03-12-2020.
7.Renato González Mello, “Pronunciamiento del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre el Centro SCOP”, en http://www.esteticas.unam.mx/pronunciamiento_iie_110418.
8.Niza Rivera, “La UNAM llama a diálogo antes de retirar el mural del Centro SCOP de la SCT, Proceso, 12 de abril de 2018.
9.Entrevista con el investigador realizada el 8 de septiembre de 2022.
10.Edificios identificados en su estudio como Cuerpo A (ala A1 oriente y A2 poniente), Cuerpo B (ala B1 norte y B2 sur) Cuerpo C (norte), Cuerpo D (sur) y Grupo de Cuerpos E (sur). Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398166/Dictamen_Estructural_Centro_Nacional_SCT.pdf.
11.Mario Maldonado, “La secretaría fantasma”, El Universal, en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-secretaria-fantasma, 8 de agosto de 2022.
12.Juan Luis Ramos, “Urgen estudios para el rescate de Centro SCOP”, El Sol de México, en https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/urgen-estudios-para-el-rescate-de-centro-scop-8613528.html/amp.
13. Se buscó a la Directora General del INBAL Lucina Jiménez vía su departamento de comunicación social para que respondiera un cuestionario enviado vía correo electrónico. No hubo respuesta. Es relevante decir que al cierre de este ensayo otras voces no obligadas a dar información decidieron no participar. Las razones son muchas, entre ellas la “prudencia” de la que tanto despotricó William Blake o por el desconocimiento del proceso de declaratoria aunado al “mes patrio” donde se suelen revisar temas relacionados con el patrimonio.
FOTO: Los murales fueron realizados por Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Jorge Best, Luis García Robledo, Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Rosendo Soto/ Ariel Ojeda/ EL UNIVERSAL
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