Covid-19: La educación privada ante la crisis del sistema educativo nacional
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POR MIGUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ LEDESMA
Departamento de Investigaciones Educativas- Cinvestav; Twitter: @Tegumento
Ante situaciones sin precedentes solemos echar mano lo mismo de categorías que nos resultan familiares como de experiencias del pasado, con la esperanza de que nos sean útiles para enfrentar lo inédito. Ante los primeros casos de coronavirus en nuestro país y el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD), decretada por las autoridades sanitarias a finales de marzo del año pasado, muchos imaginaron un escenario similar, en términos de duración e impacto, al que se vivió entre abril y mayo del 2009, cuando México afrontó la epidemia de la gripe A (H1N1). Y aunque las noticias que llegaban sobre el Covid-19 desde China y Europa resultaban inquietantes, no pocas personas interpretaron los riesgos del virus con base a su experiencia con la gripe porcina, lo que explica –al menos en parte– el incremento en el número de contagios y defunciones. Como sabemos, inicialmente la JNSD debía concluir el 30 de abril, dando paso a un regreso escalonado a las actividades cotidianas, tal como sucedió cuando se atenuaron los contagios once años atrás. Sin embargo, en abril el plazo se recorrió hasta finales de mayo y, a partir de entonces, se instauró el semáforo epidemiológico que gobierna la incertidumbre que padecemos hasta el día de hoy.
Algo similar sucede el terreno de la educación. Desde que se impuso la suspensión de actividades presenciales, el primer objetivo de las autoridades educativas ha sido el de salvar a toda costa la continuidad de las actividades académicas; el segundo, traducir la dinámica, los tiempos y la lógica de las clases presenciales a los entornos virtuales y a los formatos televisivos. Tratándose de una situación inédita, dichos objetivos han estado determinados por una visión de corto plazo, cuyos términos se siguen actualizando con base al calendario escolar y no ante los graves efectos educativos que está teniendo la pandemia. En cuanto a la traducción, aunque es evidente que los entornos virtuales tienen su propio lenguaje y que la nueva realidad implica grandes retos adaptativos, el cortoplacismo imperante termina imponiendo siempre la idea de que, “por ahora”, basta con reproducir las estrategias del aula física.
En el plano organizacional, para la escuela pública la continuidad implica un enorme esfuerzo de adaptación en medio de las desigualdades estructurales que atraviesan a nuestro sistema educativo. Para la gran mayoría de las instituciones privadas se trata esencialmente de una cuestión de sobrevivencia. En el primer caso, ahí donde existen las condiciones mínimas para la educación a distancia, traducir la formación presencial resulta en una versión mutilada de la experiencia escolar que genera frustración y deficiencias en el aprendizaje. Lo mismo sucede entre los alumnos de las escuelas particulares, pero la diferencia es que las familias pueden elegir retirarse si consideran que el costo no refleja el producto; otras lo harán porque su situación económica no les permite continuar pagando por la educación de sus hijos.
Como gran parte de las actividades económicas, la educación privada en nuestro país atraviesa por momentos de extrema dificultad a causa de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2. Tras la suspensión de las actividades presenciales, poco más de 46 mil instituciones privadas en el país han cerrado sus instalaciones; algunas quizá para siempre. Al igual que en el resto del sistema escolar, han tenido que afrontar el apagón analógico educativo pero, a diferencia de sus pares del sector público –que cuentan con los recursos del Estado para mantenerse a flote– la viabilidad y sobrevivencia del sector privado está sujeta única y exclusivamente a las leyes del mercado.
En países como Chile, el financiamiento público destinado a la educación se canaliza principalmente a través de la demanda. En el nivel básico, por ejemplo, las familias reciben cheques escolares por parte del Estado, que entregan a las instituciones de su elección, ya sean públicas o privadas. En el caso de las segundas, las familias aportan un monto extra para cubrir el costo total de la colegiatura que, por lo general, está por encima del valor del cheque. En nuestro país, en cambio, los proveedores privados dependen exclusivamente de los recursos que generan, es decir, del cobro por concepto de inscripción, mensualidades y venta de servicios.
Tratándose de un mercado, es claro que su oferta se distingue en términos de calidad (real o percibida), precio y clientela. Con base a estos criterios las instituciones privadas se dividen en tres grandes segmentos, que reflejan tanto las características socioeconómicas de la población como la estructura del sistema educativo nacional, a saber: de élite, que atiende a los sectores acomodados de la sociedad; intermedias (o semi-élite), que atienden a las clases medias y, por último, de absorción de demanda (o bajas), dedicadas a las clases populares. Con base a esta distinción las familias eligen la educación privada por motivos religiosos (jesuitas, lasallistas, maristas, etc.) o culturales (de origen francés, alemán, inglés o español); por su valor agregado (instalaciones, enseñanza de inglés e informática, actividades extraescolares), o porque los lugares en el sistema público son escasos, tal como sucede en los niveles medio y superior.
En efecto, históricamente el Estado mexicano ha mantenido una relación ambigua con la educación privada. Formalmente la reconoce como parte del sistema educativo nacional pero, más allá de una regulación francamente laxa y apoyos esporádicos (exención de impuestos, donación de terrenos, contratos por servicios, etc.), es claro que lo que ha prevalecido es una política de laissez faire hacia el sector. Esta relación ha sido benéfica para el Estado, que delega la atención de una parte importante de la demanda que la educación pública es incapaz de atender. En menor medida también se ha beneficiado el sector privado pues ha podido crecer, diversificarse y obtener ganancias sin demasiadas restricciones.
Hasta el ciclo escolar 2019-20, existían poco más de 5 millones de niños y jóvenes matriculados en alguna institución de paga, lo que representa 15% del sistema educativo nacional (compuesto por aproximadamente 36.5 millones de personas). En la educación básica los proveedores privados contaban con 2 millones 906 mil 202 estudiantes (11.4%); en la media superior con 948 mil 259 (18 %), en la educación superior se registraba un millón 655 mil de jóvenes (41%), mientras que el posgrado privado atendía a 248 mil estudiantes (62%). Las dificultades que enfrenta el sector actualmente están vinculadas tanto al segmento al que pertenecen como al nivel educativo en el que operan. Para las instituciones de élite, cuyas finanzas no se han visto afectadas, la emergencia representa una gran oportunidad para incursionar en el mercado de la educación híbrida que, se especula, será la norma en el futuro cercano. En cambio, las instituciones de los segmentos intermedios y bajos, que atienden al mayor número de estudiantes, son las que se han visto más afectadas por la pandemia.
Desde julio del año pasado, muchas familias, cuyos hijos cursaban el nivel básico y medio superior en instituciones particulares, optaron por migrar hacia la escuela pública a pesar de los descuentos, facilidades de pago, becas y otros incentivos implementados para disuadirlas. El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey calculó que el tamaño del éxodo al inicio del ciclo escolar 2020-21 fue de casi dos millones de alumnos de todos los niveles; se desconoce la cifra de aquellos que abandonaron sus estudios. De acuerdo con diversas agrupaciones gremiales, desde entonces cuatro de cada diez escuelas privadas han tenido que cerrar. Si estos datos son correctos, tenemos 18 mil 657 instituciones privadas menos, y aproximadamente 3 millones 430 mil estudiantes tocando a las puertas del sistema público.
De acuerdo con las autoridades educativas, las actividades presenciales se reanudarán paulatinamente cuando el semáforo epidemiológico esté en verde; cosa que, según los cálculos más optimistas, no sucederá sino hasta principios del 2022. Si no se emprenden acciones inmediatas para afrontar la crisis del sector privado, es muy probable que para el próximo ciclo escolar la migración de estudiantes y el cierre de instituciones aumentarán. Ante este panorama, la disyuntiva del gobierno es la de un eventual rescate de las instituciones particulares, lo que implicaría asumir al sector como parte del sistema educativo nacional, o enfrentar los costos que tendría una quiebra generalizada. Con base a las acciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la primera ola migratoria estudiantil que se reportó en agosto del año pasado, es evidente que el gobierno ha elegido la segunda opción. Lo dejó claro el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, cuando señaló que nuestro país cuenta con un sistema educativo “muy poderoso”, en grado de absorber a los alumnos que ya no pueden costear sus estudios.
Con muchas reservas podríamos aceptar que las aseveraciones del subsecretario son válidas para el nivel básico, después de todo, ostenta una cobertura casi universal (93%), el costo medio por alumno es más reducido (21 mil 500 pesos) y la participación privada es relativamente baja (11%). Además, dejando de lado las preferencias de las familias, se puede transitar con relativa facilidad tanto entre escuelas primarias como entre secundarias. Es menos acertado con el nivel medio superior, que cuenta con una cobertura más baja (63%), un gasto por alumno más alto (35 mil pesos) y una participación privada que está cerca del 20 por ciento. En este caso la posibilidad de tránsito entre instituciones es escasa o nula. Además, en este nivel educativo existe un serio problema de incompatibilidad entre la oferta y la demanda, como queda demostrado año tras año con el número de excluidos y desplazados de sus preferencias por los exámenes de selección. En el nivel superior, el impacto de una crisis más grave en el sector privado sería devastadora. La cobertura por grupo de edad es muy baja (34 por ciento, sin considerar al posgrado), el costo por alumno es muy elevado (80 mil pesos) y la participación privada es fundamental (41%). Dada la especificidad de la formación universitaria, no existe posibilidad alguna de transitar entre instituciones.
La crisis de la educación privada es una expresión de la crisis más amplia por que la atraviesa la educación en México. Eso debe quedar claro. El apagón analógico educativo ha creado una tormenta perfecta que amenaza con producir una contracción muy grave del sistema educativo nacional en términos cualitativos y cuantitativos. La estrategia de las autoridades para continuar con las actividades académicas a toda costa y traducir la dinámica, los tiempos y la lógica de las clases presenciales pretende responder a estos retos pero, como se mencionó al inicio, con una visión de muy corto plazo y una estrategia pedagógica que se ha demostrado ineficaz. Las deficiencias en el aprendizaje serán mayores conforme se prolongue el confinamiento, y sus efectos a largo plazo marcarán la trayectoria académica de una generación. Por otro lado, persistir en una continuidad formal con base al ritmo de un calendario escolar impermeable a una emergencia que ha trastocado la vida de la gente en prácticamente todo el planeta, está destruyendo una parte importante de la oferta educativa del país –la privada–, y orillando al abandono escolar a miles de niños y jóvenes.
La educación superior, el eslabón más débil de nuestro sistema educativo, corre el riesgo de retroceder a los niveles que teníamos hace una década en términos de cobertura y diversificación. Algunos días después de que el subsecretario de Educación Básica diera la bienvenida a los exiliados del sector privado, su homólogo de Educación Superior, Luciano Concheiro, reconoció que 8% de los jóvenes de ese nivel educativo abandonaron sus estudios. Lo dijo –ironía del destino– en el marco de la presentación del programa Rechazo Cero, del que participan 185 instituciones públicas y privadas. Quienes han visitado el sitio del programa habrán notado que la participación de las instituciones públicas es meramente informativa; prácticamente ninguna tiene lugares disponibles. Pero en tiempos de normalidad es fácil valerse de lo que se critica para hacer alarde de lo que no se construye, son los tiempos excepcionales los que ponen las cosas en su lugar. ¿De verdad es tan poderoso nuestro sistema educativo como para prescindir del sector privado?
FOTO: Examen de admisión de para el ingreso a la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario en agosto de 2020. /Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
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