Diversidad: 45 años de la lucha a pie
El movimiento de diversidad sexual nació clandestinamente en departamentos de la Ciudad de México, salió a las calles en respuesta al hostigamiento policial contra los gays. A lo largo de cuatro décadas, el activismo logró la reivindicación de derechos, leyes y representatividad política; hoy, el canto de las sirenas del oficialismo ha causado fisuras en el colectivo
POR ANTONIO MEDINA TREJO
La lucha de la diversidad sexual en México cumple 45 años de salir a las calles. Inicialmente, la visibilidad de la comunidad sexo-diversa se hizo presente a través de marchas pequeñas, hoy, esas manifestaciones movilizan a cientos de miles de personas no sólo en la capital del país, sino en al menos 100 ciudades de la República Mexicana y ondean banderas multicolor que representan a gays, lesbianas, personas bisexuales, trans e intersexuales (LGBT+) en su batalla por la inclusión, los derechos y las libertades.
Este movimiento, que clandestinamente nació en casas y departamentos de lesbianas y homosexuales a inicios de los años 70, tuvo su primera salida pública en 1978 cuando, en contingente, el Frente de Liberación Homosexual, Lesbos, Oikabeth, Lambda de Liberación Homosexual y Sexpol, se unieron a la conmemoración de los 10 años de la masacre contra estudiantes de Tlatelolco. Por esas fechas, también se solidarizaron con la revolución cubana; pero la gran salida pública ocurrió el sábado 30 de junio de 1979 con un centenar de personas que protestaron con pancartas, lanzaron consignas y marcharon del Monumento a los Niños Héroes a la Plaza Carlos Finlay, en donde denunciaron la violencia policiaca en contra de homosexuales.
En esos años, en bares clandestinos del centro del Distrito Federal, la policía capitalina realizaba redadas contra los “maricones”, los subía a “La Julia” y los presentaba ante el Ministerio Público para acusarlos de “faltas a la moral y a las buenas costumbres”; de “alterar el orden público” con sus amaneramientos; o de “usar vestimentas contrarias a las de su sexo”, tal como se establecía en el Código Penal de la época.
La indignación empoderó a quienes sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el Movimiento de la Diversidad Sexual. El activista Juan Jacobo Hernández narra que, en las reuniones sostenidas por la disidencia sexual, “se formularon demandas y consignas por la violencia que vivíamos los homosexuales en las calles, pero también por el odio criminal que arrebataba la vida de nuestros iguales cada año”.
En esos años, la prensa amarillista daba cuenta de las “fiestas de maricones” que terminaban invariablemente con razias o “crímenes pasionales entre lilos”. Diariamente, los jóvenes activistas se enteraban de los asesinatos de amigos o conocidos, perpetrados muchas veces, no por sus parejas, sino por hombres homofóbicos.
Es así que antes de pensar en la posibilidad de la incidencia política, el movimiento enfatizó su discurso en contra de la violencia y dio pie a una larga lucha social y política que año tras año, por más de cuatro décadas, ha ocupado el espacio público para manifestar la diferencia, reivindicar derechos ganados y proponer leyes o políticas públicas encaminadas a la igualdad y a mitigar el estigma y la discriminación en contra de las personas LGBT+.
Lo personal es político
La lucha LGBT+ ha sido eminentemente política. Por eso no es raro que el activismo haya hecho suyo el lema feminista “Lo personal es político”, pues: ¿qué más personal que la orientación sexual, la identidad de género, los deseos sexuales o el anhelo legítimo de una pareja a conformar una familia homo-lesbo, bi o trans-parental, con hijos o sin ellos?
La defensa de los derechos de las poblaciones diversas pasa por el necesario cuestionamiento de la responsabilidad del Estado y sus instituciones de garantizar libertades negadas históricamente por una visión judeocristiana sobre la sexualidad que niega la diversidad sexual e impone la reproducción heterosexual como una forma estructural incuestionable en la sociedad.
El movimiento LGBT+ no es una moda, esa es una idea que grupos conservadores han repetido hasta el cansancio, y que, desde su visión heteropatriarcal, demeritan la exigencia de las personas LGBT+ de respetar el ejercicio de su sexualidad y el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Ante los discursos de odio y el menosprecio gubernamental, pocos años después de su salida del clóset, el activismo LGBT+ se tornó como un movimiento de acción política con la clara intención de revertir las inercias históricas que han oprimido a las personas no heterosexuales desde el discurso oficial y los púlpitos religiosos.
Desde esos espacios de poder simbólico se legitimaron prácticas violatorias de los derechos humanos de personas LGBT+. Las llamadas “terapias de conversión” intentaron curar su “desviación sexual” con métodos invasivos o persuasivos en consultorios, clínicas psiquiátricas o retiros espirituales.
A esto se sumó la discriminación laboral que fue motivo de la primera aparición en un programa televisivo en 1973, de la dramaturga lesbiana Nancy Cárdenas, en el que denunció el despido de un joven gay de la tienda departamental Sears. Esa discriminación también era común en las escuelas de todos los niveles y en los ámbitos de convivencia social, donde estaba normalizada la “carrilla”, el “choteo” o el “bullying” homofóbico (como se le conoce hoy) contra homosexuales y lesbianas.
En ese contexto sociocultural el movimiento de la diversidad sexual irrumpió en la esfera pública para expresarse y exigirle al Estado mexicano y a la sociedad el respeto al valor de su existencia. Y no quiere decir que todo eso ya no existe, pero en estos más de 40 años se ha luchado por erradicar esas prácticas culturales que han lacerado la vida las personas LGBT+.
Incidir en política, esa es la cuestión
Muchos de los activistas de las organizaciones civiles provenían de otros movimientos sociales como el estudiantil y el sindicalista, o estaban involucrados en grupos contraculturales, todos ellos cercanos a la izquierda socialista o comunista de los años 70.
En el incipiente movimiento sexo-diverso hubo reticencias a participar en política. Sin embargo, los procesos sociales del México de los años 80 y 90 obligaron a que en momentos coyunturales, activistas se involucraran en partidos políticos para acceder a espacios de poder tal como sucedió en la elección de 1982 cuando Pedro Preciado, Max Mejía y Claudia Hinojosa, fueron propuestos por el entonces Partido de los Trabajadores para ocupar una curul.
La experiencia fue anecdótica y testimonial. Sin embargo, tres lustros después, en 1997, cuando la izquierda ganó presencia legislativa a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la activista lesbiana Patria Jiménez se convirtió en la primera diputada federal de la diversidad sexual de México. Su inclusión pudo tener origen en que, tres años antes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato a la Presidencia de la República, integró en su agenda política la defensa de lesbianas y homosexuales. Un aporte fundamental de Jiménez fue la eliminación del Código Penal Federal del término “homosexualismo” como agravante de delito.
En la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 1997-2000, el perredista David Sánchez Camacho, sin asumirse como gay, ocupó un escaño y posicionó algunos temas del movimiento lésbico-homosexual de finales de los 90. Su principal aporte fue la realización del Primer Foro de Diversidad Sexual en la ALDF. Ese evento irruptor dio entrada institucional a estas poblaciones a un espacio del Estado mexicano y fincó las bases para acciones políticas futuras con la diversidad sexual desde el Poder Legislativo. Años después, ya fuera del clóset, David Sánchez fue diputado federal del PRD e impulsó una propuesta para que el gobierno federal instituyera el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia.
En el 2000, propuesta por el Partido Democracia Social, la activista Enoé Uranga llegó a la ALDF. Un año después, apoyada por organizaciones civiles, propuso la innovadora Ley de Sociedades de Convivencia (LSC), que pugnaba por el derecho de las parejas del mismo sexo a unirse legalmente. La reticencia del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, detuvo su aprobación por cinco años y fue hasta noviembre de 2006, cuando él dejó su cargo para contender por la Presidencia de la República, que se logró aprobar con la mayoría perredista. El 17 de marzo del 2007, el Distrito Federal dio nota nacional e internacional al unir en el espacio público a las primeras parejas del mismo sexo.
No hay mal que por bien no venga
El lustro durante el cual López Obrador vetó la LSC sirvió para empoderar al movimiento de la diversidad sexual y unirlo para un fin común. Quien esto escribe siempre ha considerado que ese veto valió para movilizar al activismo y profesionalizarlo en el cabildeo de alto nivel. En esos años se conjuntaron esfuerzos, no sólo de personas LGBT+, sino de otros sectores sociales que se solidarizaron con la exigencia de derechos de quienes históricamente no los tenían.
Los grupos conservadores y religiosos fueron beligerantes en sus discursos de odio. Condenaron a la hoguera a todo legislador que apoyara esa “ley diabólica”, mientras que López Obrador, hoy Presidente de México, proponía un referéndum para que fuera la sociedad quien decidiera si se otorgaba o no ese derecho.
En 2008, se logró la Ley de Identidad de Género, una vez más el sol azteca fue quien defendió la propuesta emanada de las organizaciones trans de la capital del país. A finales de 2009, la izquierda en la ALDF volvió a meter un gol aprobando la propuesta de matrimonio civil igualitario, que a diferencia de sociedades de convivencia, tenía el componente de la adopción y la seguridad social, una demanda de igualdad de derechos anhelada por el activismo desde años atrás.
Muchos fueron los logros que el movimiento LGBT+ cosechó gracias al intenso cabildeo de las organizaciones civiles que desde finales del siglo XX se fortalecieron profesionalmente. A la par, instituciones como el Conapred, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e instancias de otras dependencias integraron al activismo en acciones gubernamentales. En algunas ocasiones, las y los activistas formaron parte de la administración pública sin que la lucha social de a pie dejara de actuar en los ámbitos territoriales. Además, las asociaciones civiles contaron por más de dos décadas con recursos gubernamentales para realizar sus labores.
Los tiempos cambian; convicciones y prioridades, también
Entre 1997 y 2018, antes del inicio del actual gobierno, el activismo LGBT+ logró leyes y políticas públicas desde una visión de izquierda. Un ejemplo fundamental fue la modificación del artículo 1 constitucional realizada en 2001 para prohibir la discriminación motivada por las “preferencias”. Diez años después, se agregó al texto “preferencias sexuales”, siendo el sol azteca el impulsor y defensor principal de esta nueva reforma, en este caso, con el impulso de la diputada federal Enoé Uranga, que en su segunda encomienda como legisladora lo hizo desde las siglas del PRD.
En la primera década del siglo XXI, el activismo se capacitó para gestionar recursos en fundaciones, con gobiernos extranjeros o con empresas. En esos años, esta lucha social mantuvo una sana distancia con el poder político, aunque siempre estaba latente la propuesta seductora de romper con la independencia del movimiento; algunos cedieron. Sin embargo, hubo un cambio radical con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
El andamiaje construido por más de 20 años en leyes y políticas públicas a favor de la diversidad sexual al lado de una sociedad civil proactiva, critica, independiente, autogestiva y empoderada, fue dinamitado por el obradorato. La lucha LGBT+ se dividió, hubo quienes sucumbieron al canto de las sirenas, cedieron a las mieles del poder o fueron cooptados. Otros más fueron doblegados por la orden presidencial de retirar recursos federales a las organizaciones civiles y de endurecer los mecanismos para acceder a donaciones internacionales. El terrorismo fiscal ejercido por el Sistema de Administración Tributaria contribuyó también a dispersar al activismo.
Lo anterior ha generado un entreguismo de las ONG’s, S.A de C.V, (así les llamo a las organizaciones que sólo lucran con sus “luchas”) hacia la 4T, y ha minado el activismo de a pie que recorre calles y comunidades. Mientras, los parásitos del activismo, pegados a la ubre gubernamental, olvidan la lucha política por los derechos y las libertades, esas que el morenismo no ha podido garantizar en los cinco años de gobierno.
En la Cámara de Diputados, las dos legisladoras federales trans Salma Luévano y María Clemente, quienes ocupan curules gracias a la conquista de las Acciones Afirmativas, no han consolidado iniciativas en beneficio de la diversidad sexual, pues su propio partido las ha echado para atrás. Otro caso lamentable es el de Celeste Asencio, quien repite como diputada de Morena en esta LXV Legislatura, y aunque se asume tímidamente como lesbiana, indígena y joven, no ha aportado nada a estas poblaciones; por el contrario, ha traicionado de facto a los movimientos que dice representar y defender; por ejemplo, propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tuviera la facultad de emitir Acciones de Inconstitucionalidad.
Hoy tenemos un movimiento LGBT+ dividido. Una parte, por comodidad o por temor al veto gubernamental, ha dejado la lucha política y se ha sumado al clientelismo partidista legitimando a Morena. Otro sector permanece inerte, sólo observa, no propone ni dice nada. Está expectante, inmóvil y despolitizado; y en algunos casos, frívolo y sin conciencia de la importancia de su participación política.
Quienes cedieron, apapachados por el obradorismo, se han hecho ojo de hormiga cuando ven que los gobiernos morenistas solo cambian nombres de políticas públicas y maquillan acciones que ya se hacían, dejaron de exigir progresividad y políticas públicas a favor de poblaciones que ya probaron lo que es tener algunos derechos y libertades. Olvidan que aún hay quienes viven sin seguridad social y sin respeto a su dignidad, que son vulnerables ante la violencia criminal, que carecen de empleo, servicios de salud o una vivienda digna. El acompañamiento solidario del activismo está fuertemente lastimado.
El activismo contestatario es marginal y no tiene recursos para trabajar, aun así, se manifiesta contra las violaciones de derechos, por ejemplo, de quienes viven con VIH y padecen el desabasto de antirretrovirales, o de la violencia criminal contra mujeres trans, el sector más vulnerado en derechos.
Hay pocas, pero importantes voces que emiten opiniones que critican la simulación del actual gobierno. Plantean desde un comité disidente acciones para que la Marcha del Orgullo conserve su carácter ciudadano y los comités cooptados no la vendan al empresariado o a partidos políticos como Morena que ha comprado voluntades para lucrar clientelarmente con la histórica Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México que este 2023 cumplió 45 años.
FOTO: Archivo de imagen inédito de la primera marcha de la diversidad, el 30 de junio de 1979. Crédito de imagen: Jesús Hernández /Archivo El Universal
