La diversidad sexual en tiempos de la 4T
/
A 18 meses de haber iniciado este sexenio, ni los propósitos ni las acciones del gobierno actual parecen garantizar un compromiso con los derechos de la comunidad LGBT. Al contrario, la alianza del gobierno con grupos antiderechos es un anuncio de la negligencia que ya está afectando el acceso a la salud de la comunidad que lo respaldó
/
POR ANTONIO MEDINA TREJO
Activista y consultor en Diversidad Sexual, Igualdad, Género, VIH/Sida y EstadoLaico; Twitter: @antoniomedina41
La llegada de Morena a la primera magistratura del país con mayoría en las cámaras y congresos supuso que en temas de diversidad sexual habrían de inmediato avances en la progresividad de derechos y de políticas públicas, pero a poco menos de dos años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, no se han materializado avances, y a lo que se ha limitado la llamada Cuarta Transformación (4T) es a reciclar logros de los últimos 20 años y a simular apertura cuando en la realidad no ha habido acciones sustanciales en favor de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).
Es bien conocido que el presidente López Obrador nunca ha tenido en su radar político la agenda de la diversidad sexual. Desde que fue Jefe de Gobierno de la capital del país vetó la ley de Sociedades de Convivencia durante todo su mandato, distrajo para otros temas cinco millones de pesos de aquella época que estaban etiquetados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para prevenir el VIH en el sector de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), y en las últimas dos décadas ha declarado en diferentes momentos que los derechos de las personas homosexuales deberían ponerse a consulta pública para que la sociedad en su conjunto decida si ese sector debería o no tener derechos.
Esa percepción del presidente sigue latente en su pensamiento a pesar de las críticas del activismo de la diversidad sexual, de expertos nacionales e internacionales en temas de derechos humanos y los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diversas acciones de inconstitucionalidad debidamente argumentadas donde sostiene por qué los derechos de ningún sector, entre ellos el de la diversidad sexual, no se deben decidir por las mayorías en referéndums.
En la actualidad muchos pendientes de esta agenda social esperan ser desatorados. El activismo social -no orgánico- ha sido aguerrido y no ha dejado de poner el dedo en la llaga exigiendo continuidad a propuestas de leyes y políticas públicas de gobiernos y legislaturas anteriores que dejaron el camino pavimentado para seguir avanzando.
Es importante destacar que para 2018, cuando AMLO logró ganar la Presidencia de la República, la simpatía de grandes sectores sociales era real, entre ellos una parte del movimiento de la diversidad sexual, que con los pequeños guiños que les hizo en su campaña presidencial, logró convencer a activistas que supusieron que de llegar a la Presidencia de México, ahora sí habría avances sustanciales en cuanto a los derechos de los diferentes colectivos de la diversidad sexual.
Una vez que ganó el voto popular, en el evento del triunfo en el Estadio Azteca mencionó a Carlos Monsiváis, un personaje emblemático del movimiento lésbico-homosexual. Su gobierno está plagado de cercanos al intelectual mexicano y autor de Días de guardar, que antaño lucharon por los temas de la disidencia sexual y fueron leales emisarios de Monsiváis para acciones políticas en favor de la población a la cual él pertenecía. No obstante, ahora es decepcionante verles sumisos y silentes. El presidente les ha inhibido sus convicciones, no se les observa el ímpetu que les caracterizaba, ni el coraje cuando criticaban a los gobiernos anteriores por actitudes o acciones menos transgresoras que las que está haciendo hoy el presidente López.
Los coqueteos semánticos y simbólicos de AMLO ilusionan al activismo que todo el tiempo quiere leerlos como apertura hacia el sector, pero la realidad es que el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, el acceso a la justicia y los derechos de las personas LGBT, entre otros temas de la agenda sexodiversa, no han avanzado en la gran mayoría del país.
El 17 de mayo de 2019 se tomó fotos de manera involuntaria con la bandera multicolor, pues una osada activista trans se coló a la conferencia mañanera y sacó la bandera LGBT para posar al lado del presidente, mientras que el activista Genaro Lozano, popular conductor de Televisa y encargado por el gobierno de López Obrador de proponer una agenda de la diversidad sexual para su gobierno, le alegraba el oído al activismo con datos que supuestamente estaba haciendo o haría el gobierno.
Ese acto fue muy cacareado por el activismo orgánico en redes sociales como un gran logro de la 4T a favor del movimiento de la diversidad sexual. Pero nada más lejano a la realidad, pues en el transcurso de los siguientes meses en varias ocasiones activistas críticos e independientes señalaron con argumentos la falta de compromiso de Morena y el presidente para avanzar en leyes y políticas públicas que integren a la diversidad sexual, tanto en gobiernos morenistas como en sus bancadas en los congresos.
Muestra de ello es que en la Cámara de Diputados se espera que salga de la congeladora una propuesta de matrimonio igualitario que propuso el PRD, otra del diputado Porfirio Muñoz Ledo que integró al matrimonio igualitario en un paquete de reformas. Mientras que la diputada morenista, Celeste Ascencio Ortega que dice ser lesbiana, no deja de decirle al activismo LGBT que ya se va a legislar, pero su partido no la ve ni la escucha y la hace quedar mal en todo momento.
“De tener voluntad política Morena, desde que llegaron al poder pudieron haber aprobado el matrimonio igualitario a nivel federal, pero no lo hacen porque prefieren quedar bien con sus aliados antiderechos del PES (Partido Encuentro Social), que con el sector de la diversidad sexual de México”, comentó a quien esto escribe el activista Alonso Hernández, director del proyecto cultural “Archivos y memorias LGBT”.
En el caso de estados como Durango, Guerrero, Estado de México, Sinaloa o Zacatecas, el matrimonio igualitario está detenido por la bancada de Morena en concordancia con el PES, que ceden a las amenazas de manifestaciones públicas muy fácilmente. “No han sido pocas las ocasiones que ya estando la discusión en la comisión de Derechos Humanos, los morenistas prefieren convocar a consultas o foros para seguir posponiendo la discusión y votación en el pleno”, explica el activista Tadeo Campagne de Durango, quien ha argumentado a diputados de todos los partidos que ya no deben darse más discusiones al tener 12 estados donde dicha ley ya existe, además de tener la resolución 43/2015 de la SCJN, donde es enfática al decir que el matrimonio debe ser entre dos personas adultas y no tiene como fin la procreación; además, agrega: “porque la orientación sexual de las personas es intrascendente para que un juez decida o no otorgar el derecho al matrimonio”.
A pesar de esa realidad legal y legislativa propicia para avanzar, Morena no ha querido entrarle con contundencia a este tema, que representa uno de los principales logros del movimiento LGBT que inició en la Ciudad de México en 2009, siendo una bandera de lucha que ha permitido hasta el momento más de 11 mil 500 uniones entre personas del mismo en las entidades donde ya se aprobó.
El derecho a la salud de personas que viven con VIH
Otro tema que ha golpeado particularmente al sector de hombres homosexuales en México tan luego como Morena accedió al poder, es el desabasto de medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH, en donde los hombres gays representan el porcentaje mayor.
Con la política a rajatabla de austeridad presupuestaria para combatir la corrupción que emprendió el gobierno de López Obrador en temas de salud, aunado a la cancelación de convenios con farmacéuticas internacionales para la compra de medicamentos, y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, se afectó a finales del 2019 y lo que va del 2020 a varios miles de personas que viven con el virus en todo el país.
Esta decisión presidencial ha generado protestas de activistas de la lucha contra el sida que han denunciado el daño a la salud de quienes lograron en los últimos años tener adherencia a los medicamentos antirretrovirales y ser indetectables al VIH.
Ese estatus que logró un gran porcentaje muy alto de las personas seropositivas en México, significó por muchos años una buena salud emocional y física que les ha permitido tener bajo control a la enfermedad, al grado de poder ejercer su sexualidad sin transmitir el virus.
Aún continúa el desabasto y sigue causando daño a las personas en su salud física y emocional. No se ha calculado hasta el momento cuántas personas han sido afectadas, pues el desorden de cifras es monumental en el gobierno actual y todo está en este momento focalizado al Covid-19.
Ante esta situación, varias decenas de personas seropositivas se han amparado, una acción que ha obligado al gobierno a garantizar su derecho a la salud. Desde luego no ha sido suficiente, pero es una alternativa para acceder a ese derecho.
Violencia criminal contra LGBT
Días antes del 17 de mayo, que se conmemora el Día Internacional contra la homofobia, la Organización Civil Letra S presentó el Informe de Crímenes de Odio por Homofobia (ICOH), en el que demostró con datos fehacientes que en el primer año del gobierno del presidente López Obrador la violencia criminal en contra de personas LGBT se incrementó más del 40 por ciento. Es decir, precisa: “en los últimos cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto fueron asesinados en promedio 79 personas de la diversidad sexual por año, mientras que en los primeros 12 meses del actual gobierno esa cifra se elevó a 117 crímenes contra personas LGBT”. Un dato a tomarse en cuenta es que en 2019, nueve de las personas que aparecen en el Informe de Letra S eran activistas sociales, y 40 por ciento mujeres trans.
4T aliada de grupos antiderechos
El reclamo del activismo no institucionalizado hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador radica en la decepción de haber pensado que con él ganaría la izquierda liberal en México, cosa que en los hechos no ha sido así, pues el presidente ha preferido reunirse con líderes cristianos y evangélicos que con organizaciones civiles LGBT que le han pedido una audiencia para, de viva voz, externarle sus exigencias.
Los mensajes que el presidente emite al abrirle espacios de decisión política a personajes de grupos religiosos va en contrasentido al ideal del Estado laico, un marco de referencia de la democracia mexicana que respeta los derechos de las personas y donde la diversidad sexual se siente protegida en sus derechos.
ONGs le corrigen la plana al gobierno
En el actual contexto de hacinamiento, la violencia familiar, social y laboral hacia la diversidad sexual se ha agudizado. Ante ello, la presión de organizaciones civiles para que Conapred y la Secretaría de Gobernación actuaran, provocó que Olga Sánchez Cordero emitiera un comunicado donde expresa en ocho puntos las políticas a seguir por el actual gobierno.
La realidad es que algunos puntos ya se llevan a cabo desde hace dos sexenios en temas de salud, justicia, derechos y educación. Y por otro lado, algunos temas de mayor complejidad no se han realizado precisamente por el veto presidencial en la Cámara y en su propio gobierno.
A ese respecto, tiene mucha razón la activista muxe, Amaranta Gómez Regalado, co-secretaria de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ (que agremia a poco más de 200 organizaciones civiles en todo el país) al plantear que el problema de no tener avances en temas LGBT, no radica en las instituciones de gobierno o en los congresos, sino en la cerrazón del presidente de la República que no tiene un compromiso real con la agenda sexodiversa y sí ve como aliados a los grupos antiderechos afines al PES.
Ante estas circunstancias, el gran reto del activismo LGBT en este gobierno es primero lograr la unidad como movimiento, ya que deben asumir que el gobierno actual no es de izquierda, que el presidente no tiene en sus prioridades al sector LGBT, y que para la 4T le reditúan electoralmente más los votos de fe de grupos cristianos o evangélicos, que de las poblaciones de la diversidad sexual.
FOTO: Aspecto de la Marcha por el Orgullo LGBTI en la Ciudad de México, junio de 2019./ Juan Boites/ EL UNIVERSAL
« PrEP, la pastilla que evita el contagio del VIH ya está aquí La lucha LGBT+ contra la arbitrariedad policiaca »
