El debate que viene
POR FRANCISCO ARROYO VIEYRA
Para el poder legislativo no puede haber temas estigmatizados a priori. La representación popular debe estar abierta a discutir cualquier tema que forme parte de alguna agenda de ampliación de libertades, entendiéndose por esto el poder de libre albedrío del ciudadano pero también sus restricciones para hacer armónica la convivencia social.
El Legislativo representa el pluralismo de nuestra sociedad. Un estado democrático no puede privilegiar una sola postura. Ideas, posturas y modelos ameritan ser escuchados desde las curules y escaños que representan esta multiplicidad.
La experiencia de gobierno nos dice que no solo las actividades productivas y aquellas que generan bienes, servicios y satisfacción colectiva deben estar sujetas al arbitraje del estado; también las partes oscuras de la sociedad requieren de una norma que evite su desbordamiento. Nadie en su sano juicio podría ser un apologista del sexoservicio porque, más allá de la libre disposición del propio cuerpo y de ser este, como se dice, el oficio más antiguo, su realidad es triste y puede convertirse en caldo de cultivo de la extorsión, como la trata de personas, la propagación de enfermedades y, por qué no, de un encono social para quienes rechazan la sola idea de su práctica.
Con el alcoholismo y el tabaco pasa algo parecido, pues si para el primero en pequeñas dosis puede ser benéfico el segundo es a todas luces despreciable y obsceno. Hay un millón de razones para dejar de fumar y ninguna para hacerlo. Las partes oscuras de la sociedad se gobiernan si el estado no se ocupa de estas; cuando se desbordan producen caos.
Debe abrirse un debate serio y profundo para analizar el control de la marihuana, porque representa un vínculo mundial en materia económica, de salud y social; sería un error dejarlo de lado.
Diversos países han diseñado ya políticas que excluyen la criminalización del consumidor. Así sucedió en algunos estados de Estados Unidos que permiten su consumo incluso con fines recreativos. El modelo uruguayo, por su lado, además de dejar de apostarle a la criminalización de las conductas de consumo, pretende legalizar el cultivo y distribución. Tanto el caso de Estados Unidos como la experiencia uruguaya marcan un importante cambio en la región que sin duda repercutirá en nuestro país.
México en el sexenio pasado unilateralmente se enfrascó en una lucha fratricida sin control en contra de las drogas. Con esto, no quiero decir que no se deba seguir enfrentando el problema; al contrario, debe continuar permanentemente pero con una estrategia distinta, con inteligencia y de manera coordinada internacionalmente.
Actualmente, la Ley General de Salud permite la cantidad de cinco gramos de cannabis para el consumo personal; sin embargo, lo que no es legal es la producción, distribución e inclusive la compra. Debemos tener presente que los problemas de salud no se resolverán con el sistema penitenciario, ni éste ha terminado con las organizaciones criminales articuladas al negocio de la droga, así como tampoco ha disminuido la demanda; por el contrario, sólo ha contribuido a la desproporcionalidad penal de la legislación que busca abatir el negocio de la droga en todas las facetas de su economía.
Los legisladores debemos hacer un escrutinio estricto y ponderar si las políticas hasta ahora implementadas resultan adecuadas, necesarias y proporcionales en un tema que debe atender a la salud pública. En un congreso plural, debe tomarse con seriedad la discusión que se ha venido dando. Debemos apostarle a herramientas que se inclinen hacia la prevención y disminuir aquellas que fomenten la represión.
La experiencia ha demostrado que en las sociedades contemporáneas el prohibicionismo o la penalización conllevan a la mera limitación a la libertad. La penalización de conductas en una sociedad democrática nada resuelve. Atribuirle una calidad de delincuentes a los consumidores no refleja más que un estado prohibicionista sin alternativa. La regulación de las drogas debe debatirse tomando en consideración todas las fases de la economía de la droga. Es decir, existen modelos que pueden intervenir en la regulación de la producción, la distribución y el consumo.
Lo único que no puede permanecer igual es la sanción moral y jurídica que actualmente se impone al consumo.
La prohibición estricta ha demostrado ser una política de fracaso en las políticas regulatorias. Lo radical es pensar en dos únicos modelos: el de la prohibición estricta o el de la liberación total. En este debate deben considerarse modelos claroscuros que permitan una amplia discusión acerca de los modelos regulatorios que podrían utilizarse para la despenalización del consumo.
La tipificación de conductas como delitos en materia de drogas ha sido la tendencia en la evolución legislativa. La penalización únicamente ha aumentado la criminalización en la población carcelaria, sin atender el verdadero problema de salud.
Existen intentos, a menudo fracasados, de querer que políticas de derecho penal máximo predominen en el comportamiento en una sociedad democrática. Debemos concebir un modelo en el que la intervención del derecho penal sea el mínimo, de ahí que el principio de ultima ratio tenga como premisa el que sea subsidiario y responda como última instancia.
El debate tiene que darse tomando en consideración el pluralismo de ideas y siempre respetuoso de la normalidad democrática. Todo apunta a que el prohibicionismo únicamente ha descontrolado el proceso económico de las drogas, y es entonces que debemos considerar otros modelos que en efecto, no encuentren sustento en paradigmas producto de políticas prohibitivas. Lo único definitivo es que despenalizar no es fomentar. Regular, por el contrario, sí es controlar. Congreso que no debate no puede ser llamado congreso.
No soy un apologista de la mariguana, como no quiero serlo ni me gusta adoptar ese papel. Sí lo soy de un Estado promotor de un régimen de libertades y en donde la sociedad convive en paz en tanto mantengan en la balanza los bienes jurídicos que se tutelen.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
*Fotografía: Plantas de mariguana/Archivo EL UNIVERSAL.
