El encono ideológico contra la investigación: análisis
En este sexenio, las políticas científicas se han dictado desde la vitrina de los intereses personales. Particularmente desde el Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, se impulsan políticas que atentan contra la comunidad académica
POR BRENDA VALDERRAMA
La biotecnología fue identificada por primera vez como un área estratégica para el desarrollo de México en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001-2006. Desde esas fechas y hasta 2020, la biotecnología, junto a las ciencias agropecuarias, se consideraba un área del conocimiento dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), facilitando la emisión de convocatorias específicas, así como la evaluación de proyectos y postulantes bajo criterios particulares.
La desaparición de la biotecnología como un área del conocimiento por parte del Conacyt en 2020 y su subsecuente estigmatización está íntimamente ligada a diferentes grupos opositores a la siembra y utilización de maíz modificado genéticamente para la producción de bioinsecticidas o transgénico, como también se le llama. Conocer cuáles son estos grupos, qué intereses representan y cómo se han distribuido resulta relevante.
La evidencia científica sobre el riesgo a la salud generado por el consumo de maíz transgénico es limitada y poco concluyente, a pesar de múltiples estudios dirigidos a determinar la ocurrencia de reacciones alérgicas, toxicidad u otros efectos adversos. Esto ha derivado en un consenso operacional sobre su inocuidad, por lo que en México puede utilizarse como insumo para la fabricación de alimento de animales, así como para la producción de azúcares, mieles, y otros derivados procesados para consumo humano.
En contraste, los estudios dirigidos a determinar el impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente, aunque también inconclusos, han generado un acalorado debate entre diferentes sectores, no sólo en México, sino a nivel internacional, trascendiendo aspectos técnicos para entrar en el espacio de las ciencias sociales.
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, promulgada el 18 de marzo de 2005, regula la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), cuyo objeto es formular y coordinar las políticas federales relativas a la bioseguridad incluyendo el maíz transgénico. Por reglamento su secretaría técnica está adscrita al Conacyt.
Entre las funciones de la CIBIOGEM se encuentra determinar las bases para el establecimiento, caso por caso, de áreas geográficas libres de organismos genéticamente modificados en las que se prohíba y aquellas en las que se restrinja la realización de actividades, así como de cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de protección especial. Bajo este marco normativo se autorizó la siembra de maíz transgénico en 100 mil hectáreas.
El rechazo a estas medidas ha sido liderado por la Colectividad del Maíz, conformada por 53 personas, representantes de organizaciones de productores campesinos, apicultores y derechos humanos, artistas e investigadores, la cual interpuso en 2010 una demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico. Junto con la demanda se solicitó una medida precautoria y ésta fue concedida: los permisos para siembra de maíces transgénicos en México están suspendidos desde septiembre de 2013 por mandato judicial mientras se desarrolla el juicio.
Esta postura ha sido fortalecida por comunidades indígenas y campesinas que consideran al maíz una planta sagrada fundamental para su cultura y forma de vida, por organizaciones de agricultores que buscan proteger la biodiversidad, la agricultura sostenible y los medios de vida de los pequeños agricultores, las variedades tradicionales de maíz y el conocimiento indígena, así como por organizaciones ambientales y de conservación, grupos de defensa del consumidor y asociaciones de justicia social que abogan por la protección de los derechos del consumidor, los sistemas alimentarios sostenibles, la biodiversidad y la salud pública, pues consideran que la siembra y producción de maíz transgénico contribuye a la concentración de poder dentro de la industria agrícola y alimentaria. Como puede verse, sus causas son variadas, pero convergentes.
Entre estas organizaciones hay dos que merecen una mención particular por el papel preponderante que han ejercido sus líderes en la definición de las políticas nacionales. La Fundación Semillas de Vida, A.C., cuya directora Adelita San Vicente, junto con Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Ana Ruiz Díaz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner, Federico Guillermo Berrón Autrique, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco elaboraron la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico.
Adelita San Vicente es hoy la directora general del Sector Primario y Recursos Naturales de la Semarnat; Toledo fue titular de esta secretaría de 2018 a 2020; Bátiz es consejero de la Judicatura Federal por designación del presidente López Obrador y Jesusa Rodríguez fue electa por representación proporcional como senadora en 2018.
Por otro lado, tenemos a la Unión de Científicos Comprometidos con la sociedad (UCCS) con su fundadora y presidente Elena Álvarez-Buylla. La UCCS está conformada por científicos críticos con el uso de la tecnología transgénica en la agricultura. En su manifiesto fundacional afirman que el conocimiento científico a nivel internacional había sido utilizado “sin el debido control social de sus impactos”, poniéndose en forma creciente “al servicio de la acumulación privada de capital y del ejercicio ilegítimo del poder, incluyendo el desarrollo de instrumentos bélicos con una inmensa capacidad destructiva”, con capacidad de tener efectos altamente perniciosos en la sociedad y el medio ambiente. Álvarez Buylla es hoy la directora del Conacyt.
El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que instruía a las autoridades federales en materia de bioseguridad a revocar los permisos existentes y abstenerse de otorgar nuevos para la siembra de maíz transgénico en territorio nacional. Esta medida por sí sola no representaba una amenaza, pues las 100 mil hectáreas sembradas actualmente equivalen a 0.01% de la superficie cultivable total.
El decreto suspendía también la importación de maíz con glifosfato, un herbicida asociado al cultivo de estas variedades, de manera gradual hasta su cumplimiento total el 31 de enero de 2024. Esta medida sí que representó una amenaza, ya que anualmente se importan más de 18 millones de toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos, que son utilizadas por más de 60 sectores industriales para la elaboración de más de 30 mil productos, tal como lo dio a conocer en su momento la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. No existe en México superficie, agua, presupuesto ni fuerza laboral suficiente para reemplazarlas en tres años.
Autoridades agrícolas de EE.UU., Canadá y México tuvieron una serie de reuniones, entre ellas el Encuentro Trinacional sobre Biotecnología Agropecuaria, con la intención de llegar a acuerdos que evitaran la entrada de los equipos legales por el incumplimiento de México en el T-MEC.
El 15 de febrero de 2023 se publica en el DOF un segundo decreto que modifica algunas disposiciones del anterior. Aunque se sostiene la instrucción a las diferentes entidades del gobierno federal de no autorizar la siembra de maíz transgénico en territorio nacional, ni su importación para consumo humano, ya no se habla de maíz con glifosfato, por lo que se levanta la restricción para la importación de maíz transgénico para uso industrial, incluyendo la elaboración de alimentos para animales. También se pospone la fecha de aplicación gradual del decreto hasta su total cumplimiento al 31 de marzo de 2024. Diferentes analistas internacionales coinciden en que el gobierno de México tomó la decisión correcta, pues no existían elementos técnicos suficientes para ganarle a Estados Unidos en un panel internacional.
Investigadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras) se manifestaron afuera del edificio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para exigir garantías laborales, en septiembre de 2021. Crédito: Archivo El Universal
El cambio de política expresado en el segundo decreto también reduce tensiones dentro de la Secretaría de Economía, pues apaga un incendio innecesario en las negociaciones del T-MEC, ya bastante complejas por los temas energéticos, así como en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que solamente tendrá que hacer un ajuste menor en la producción de maíz blanco para satisfacer la demanda nacional para consumo humano ya sin el riesgo de desabasto de insumos para los sectores pecuario e industrial.
No existe duda, porque sus comunicaciones oficiales así lo indican, que las promotoras de las medidas expuestas en los decretos son Adelita San Vicente y Elena Álvarez-Buylla, aunque no es posible saber si los titulares de las otras secretarías involucradas participaron o no.
El encono ideológico de la directora del Conacyt contra la biotecnología en el muy particular campo de aplicación de la modificación genética de organismos no es nuevo y así ha quedado plasmado en muchas de sus participaciones como la de octubre de 2019, durante un evento en honor de Adelita: “La agricultura industrializada, con los transgénicos como punta de lanza, es la primera causa de emisión de gases potentes con impacto en la atmósfera, con efecto invernadero. Es decir, ya es indefendible este modelo tecnocientífico que no respondió a un conocimiento realmente honesto y a un conocimiento independiente de los intereses de grandes corporaciones. Entonces, hay sesgo y han subrepresentado hechos. Como parte de una campaña mercantil tiene sentido”.
La senadora Ana Lilia Rivera (Morena) presentó en febrero de 2019 una iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología elaborada por el jurídico del Conacyt que le confería a la directora del Consejo facultades para suspender cualquier investigación en biotecnología en territorio nacional bajo la aplicación discrecional del principio precautorio. Gracias a la oportuna respuesta de la comunidad científica la iniciativa fue retirada, aunque no ha sido posible revertir la desaparición de la biotecnología como área del conocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores ni tampoco reactivar la emisión de convocatorias desde la CIBIOGEM que permitan la exploración de nuevas tecnologías para acelerar la sustitución de métodos transgénicos.
¿Qué hubiera sucedido sin el activismo de estos grupos? Es difícil saberlo, pero no podemos descartar que por la vía de la negociación se hubiera podido llegar a un arreglo en el cual, en regiones del norte donde no existan cultivos nativos se autorizara la siembra de maíz transgénico para usos industriales reduciendo nuestra dependencia de Estados Unidos y, en un esquema circular, subsidiar la siembra de maíz para consumo humano en el centro-sur del país. No existe duda sobre la importancia de preservar las variedades nativas y eso es algo que nos une, la diferencia es la ruta para lograrlo.
Actualmente hay en nuestro país más de 9 mil investigadores, 640 programas de estudio a nivel licenciatura y 320 posgrados con una matrícula superior a los 7 mil alumnos dedicados a la biotecnología en sus diferentes especialidades. Esa masa crítica ha dado origen a más de 500 empresas de base biotecnológica.
La cauda de medidas restrictivas motivadas por un entendimiento sesgado de lo que representa la biotecnología ha afectado a las instituciones especializadas que comienzan a resentir menor interés del sector privado en la inversión en investigación por el mayor riesgo de no poder llegar al mercado. Más grave es el debilitamiento de la perspectiva de futuro de los estudiantes que ven con preocupación que su ejercicio profesional podría verse limitado a futuro. A los profesionales del área estas medidas nos causan incertidumbre y zozobra, anulando la creatividad y coartando la libertad de investigación. Justo lo contrario de lo que uno espera de un gobierno cuya función sería, en todo caso, fomentar la generación de conocimiento científico para la solución de los problemas nacionales.
FOTO: Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa ante las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología.
Crédito de foto: Archivo El Universal
« Fuga de talento: la otra cara de la ciencia en México Una ciencia presente hasta en la cerveza »
