El etnocidio maya
/
La Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya, publicada hace dos meses por la Semarnat, presenta lagunas en aspectos de la relación con las poblaciones involucradas, una lectura que es compartida por ONU-Hábitat, agencia multinacional encargada de dar seguimiento a los proyectos de desarrollo urbano
/
POR JUAN CARLOS FALLER MENÉNDEZ
Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal
El problema con los megaproyectos sexenales es que se los va comiendo el tiempo, y por las prisas y los plazos políticos suelen corromperse hasta el fundamento y convertirse en monstruos desgraciados, degradantes y devoradores de hechos consumados –hayan sido como hayan sido– bajo la ley de la inercia.
Así está pasando con el proyecto del Tren Maya del FONATUR (que ONU-Hábitat lo promueve como “más que un tren”). De por sí, empezó bastante mal a fines del año pasado y ahora se ve más que grotesco y macabro en medio de la peor pandemia del siglo, a marchas forzadas, atravesando poblados mayas con la misma prepotencia etnocida del porfiriato.
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán son los estados del Tren Maya y es donde más indígenas mexicanos está matando el coronavirus. Lo cual no es de extrañar si se recuerda que las cifras de marginación –incluyendo el restringido acceso a los servicios de salud– están llenas de indígenas.
El investigador Luis Ramírez Carrillo señala (Diario de Yucatán, domingo 23 de agosto) un proceder y una lógica gubernamental genocidas: que se mueran los que se tengan que morir que ya vendrá la inmunidad de rebaño (tal vez el próximo año) y/o la vacuna (también). El Dr. Ramírez, premio nacional de investigación en Antropología Social, echa la culpa de manera directa a las cabezas de los gobiernos estatal y federal. Las cifras regionales, nacionales y mundiales de muertes y contagios le dan mucha razón.
El tren del FONATUR inició su proceso de hechos consumados en diciembre pasado, violando flagrantemente los derechos del pueblo maya con una consulta simuladamente indígena, ajena a los estándares que marca el Convenio 169 de la OIT (“Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, vigente desde hace tres décadas gracias precisamente a la firma de México): debe ser previa, libre, bien informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
En vez de ello, el gobierno federal hizo una consulta como le vino en gana. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tuvo los siguientes comentarios al respecto: “la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso.”
Vale la pena poner en extenso tres párrafos más del comunicado de prensa de ONU-DH sobre la “consulta”:
“Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta.
“En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades.
“Preocupa de manera particular a la Oficina la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión. La ONU-DH considera que éstos deben ser reforzados y ser culturalmente adecuados para lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente representada.”
***
El pasado mes de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R). Tren Maya Fase 1 Palenque Izamal” del FONATUR, en seguimiento del trámite para la aprobación del proyecto. Sin embargo, este solo hecho es prueba evidente de que la llamada “consulta indígena” de diciembre no cumplió la condición de ser un proceso bien informado. Como se dijo líneas arriba, ONU-DH “observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”. Pues sí. Es que la MIA-R se publicó hasta junio, seis meses después de la “consulta”.
Por si fuera poco, aún seis meses después la MIA-R (hecha por el FONATUR) está infestada de grandes y profundas lagunas de información y de lógica, de lo cual da fe un grupo de investigadores y académicos de 91 instituciones (65 nacionales y 26 extranjeras) en sus observaciones a dicho documento oficial. Las conclusiones del grupo son demoledoras:
1.- El Sistema Ambiental Regional (SAR) que será impactado por el Proyecto Tren Maya está mal definido y presenta fronteras muy estrechas. (…) La subvaloración del área afectada (…) reaparece en todos los demás capítulos de la MIA (…).
2.- Falta información que respalde la efectividad del número, tipo y ubicación de los pasos de fauna para evitar los efectos de barrera y borde que causará el proyecto (…).
3.- El desarrollo que se propone intensifica en vez de amainar la dinámica predatoria [de los recursos naturales] ya presente en la región (…).
4.- [En la descripción de las condiciones socioeconómicas] se mezclan indiscriminadamente las escalas de aproximación, confundiendo datos nacionales, estatales, municipales y locales que derivan en conclusiones equivocadas y en una imposibilidad de valorar la problemática específica de la región, con sus diferencias y continuidades (…).
5.- Se menciona que la fecha de inicio de la rehabilitación de vías en los tres tramos ya licitados es el 1 de octubre de 2020. Esto supone que estamos a dos meses del desalojo de cientos de familias que actualmente viven o tienen un emprendimiento sobre el derecho de vía (…). Este hecho, que no es abordado en la MIA, plantea múltiples interrogantes: ¿cuál es el destino de estas familias? ¿Qué opciones de relocalización se están planteando? (…) ¿Qué instituciones son responsables de su atención?
6.- La información sobre la frecuencia de los trenes de pasajeros y de carga no es clara para determinar los efectos barrera y borde (ruido, vibración y contaminación) que afectarán el movimiento de la fauna. Por lo tanto, la magnitud de los impactos que generará el proyecto está subestimada en la MIA (…).
7.- Solamente por efecto del tren, movido a diésel, la calidad del aire sufrirá un fuerte descenso. El Tren Maya emitirá [lo equivalente a casi 140 mil] autos sedán. Cuando el número de viajes y de trenes se incremente (…) la emisión de gases de efecto invernadero aumentará en consecuencia.
8.- El riesgo de destrucción y hundimiento del suelo kárstico es de nivel alto severo. Su afectación pone bajo amenaza el anillo de cenotes y el acuífero subterráneo que abastece al norte de la Península (…).
9.- [En la MIA se] proponen instrumentos financieros que convierten a los campesinos en socios minoritarios dependientes de las ganancias del mercado de valores y sin tierra. Así como está planteado, el efecto de esta modalidad se traducirá en un despojo de tierras a los campesinos.
10.- Un desconocimiento de las tradiciones y modos de vida de los pueblos mayas lleva a identificar a los comisarios ejidales con las autoridades tradicionales. Esto genera una tergiversación de la voluntad de los pueblos y un desconocimiento de sus formas de consulta.
11.- A pesar de tratarse de una región con flujos muy importantes de migración interna e internacional, la MIA no aporta un estudio del caso. No hay, en consecuencia, una valoración de los efectos del proyecto bajo las figuras de desplazamiento, expulsión o atracción de población ni de los impactos que esto tendrá en la población residente. Tampoco se presentan datos sobre el cambio en la relación rural-urbana de los asentamientos poblacionales.
12.- Especial preocupación surge de la desestimación del impacto cultural del proyecto en la MIA. La densidad arqueológica a lo largo de todo el recorrido del tren indica un tremendo riesgo de pérdida cultural e histórica (…) Los otros daños son el ambiental, de dimensiones planetarias, y el sociocultural mediante el desarraigo y desestructuración de formas de vida y visiones del mundo alternativas a la que ofrecen la modernidad y el desarrollo y que orientan hacia modos de vida no predatorios.
13.- (…) ONU-Hábitat calcula [sin que en la MIA se explique cómo] que en menos de 10 años el proyecto generará un millón y medio de puestos de trabajo. Pedimos se hagan públicas [pues el FONATUR las está ocultando. Nota del autor] las bases de datos, escenarios y proyecciones que sustentan dicha estimación de puestos de trabajo, y de ser posible, la localización de los mismos, los compromisos de las empresas adjudicadas al respecto, y sus condiciones (tipo de contrato, duración, ámbito o sector de especialización, etc.). Estos escenarios son relevantes dadas las afirmaciones de que el proyecto traerá fuentes de empleo formal y mejor remunerados que las actuales.
14.- La MIA-R (2020) presentada no reúne condiciones suficientes para establecer los modos, procedimientos y metodologías para garantizar que el proyecto Tren Maya, que incluye el tren, los polos de desarrollo y los proyectos complementarios, logre generar los beneficios que se propone y evitar los daños graves e irreversibles que científicos, estudiosos, sabios comunitarios y un sentido común ampliamente compartido están señalando insistentemente. Después de revisar la MIA con toda seriedad y cuidado la conclusión es que el proyecto no tiene condiciones para llegar a buen término y que el daño que causará no compensa ninguno de sus buenos propósitos.
15.- En apego al Convenio sobre la Diversidad Biológica del cual México es parte, y considerando los motivos antes señalados, las graves deficiencias y omisiones presentadas en la MIA- R, así como los riesgos que el proyecto representa para el medio ambiente, se exhorta a la SEMARNAT a apegarse al Principio Precautorio 15 establecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que señala que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el Criterio de Precaución, conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta NO deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente (ONU, 1992)”.
***
Hay poco que agregar a estas conclusiones, todas ellas debidamente sustentadas en 57 páginas (entregadas en tiempo y forma durante el proceso de consulta pública de la MIA-R). Tal vez sólo recalcar que el Convenio 169 de la OIT (1990) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) son acuerdos internacionales contra la discriminación, el racismo y el etnocidio; y que es claro que en el proyecto del “Tren Maya”, el gobierno federal mexicano no ha respetado dichos acuerdos, y por ello puede decirse –en justicia y en reclamo– que el tren del presidente Andrés Manuel López Obrador es un proyecto racista y discriminatorio, y que en los hechos y en el corto plazo (dado el pésimo manejo gubernamental de la pandemia) es también un proyecto evidentemente etnocida.
Para cerrar, en el apartado “IV.4.11. Análisis social de los pueblos indígenas” de la MIA-R del tren del FONATUR se lee: “El etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’”. Parafraseando a ONU-Hábitat y su “tren que es más que un tren”, puede decirse que la frase del FONATUR sobre el etnocidio es más –mucho más– que una mala frase. Más parece, a la luz de los hechos, una declaración de principios.
FOTO: Pobladores atraviesan las vías del tren en palenque, Chiapas./
« Abrir una obra cerrada: De Sanctis El gran acuífero maya, un ecosistema en riesgo »
