Entre el crimen organizado y un Estado sin ideología: entrevista con Claudio Lomnitz
El tejido social rasgado es una lectura antropológica del actuar de las economías ilícitas y cómo éstas dificultan la creación de un discurso estatal transexenal
POR GERARDO ANTONIO MARTÍNEZ
La observación y análisis antropológico del crimen organizado en México como fenómeno que involucra otras regiones globales son uno de los dos ejercicios que Claudio Lomnitz (Santiago, Chile, 1957) hace en cada uno de los seis capítulos de El tejido social rasgado (Ediciones Era, 2022). El segundo ejercicio implica el análisis sobre la incapacidad del Estado mexicano que desde los 80 ha intentado crear para legitimar su soberanía, ante la necesidad de fomentar la economía formal y las garantías de los derechos de la población, pero también mitigar los efectos de las economías del crimen organizado.
Los seis capítulos del libro pertenecen al ciclo de ponencias que Lomnitz ofreció a finales de 2021 en El Colegio Nacional luego de su ingreso a esta institución. Hay que decir que el análisis es pragmático, es un abordaje transexenal que coloca al actual gobierno como el eslabón más reciente de un Estado nacional neoliberal. Las particularidades de la realidad mexicana llevan al autor a plantearse un método de análisis basado en cuatro subregiones en las que actúa el crimen organizado (en especial el narcotráfico), todas desde un enfoque local, pero con fuerte dependencia de las dinámicas transnacionales.
“La razón por la cual los gobiernos de México tienen una dificultad para nombrarse a sí mismos es porque la forma en que se han polarizado niega un hecho básico: México no puede dejar de estar integrado a una economía globalizada y no puede dejar de defender a los sectores de la economía informal, incluso ilícita”, dice el catedrático de la Universidad de Columbia al enlazar la codependencia de la sociedad y el Estado mexicano con las economías ilegales.
¿Cómo era el modelo policíaco del siglo XX que se reconfiguró en las últimas décadas?
Era un sistema en el que policía, jueces y ministerios públicos conformaban un sistema poco financiado por el Estado mexicano y sus funciones se las cobraba a la sociedad bajo el modelo de la extorsión. El sistema era corrupto de manera sistémica. Lo que mitigaba eso era el control político porque teníamos un presidente y gobernadores que le ponían ciertos límites. Otro factor que mitigaba el funcionamiento corrupto de la policía, con algunas excepciones, era el tamaño de las economías ilícitas. El narcotráfico se dedicaba básicamente a la mariguana y la heroína, productos locales que daban al negocio una complejidad menor. Su extensión territorial tampoco era tan amplia: se concentraba en ciertas zonas de la frontera norte, en el llamado Triángulo Dorado —límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua— y zonas de Michoacán.
Pero en el momento que entraron la cocaína, después el fentanilo y la metanfetamina, la economía ilícita se fue haciendo mucho más compleja. Quienes se dedicaban a ese negocio tuvieron que conectarse primero con Centro y Sudamérica y después con China. Esto coincidió con las reformas neoliberales, aunque ambos fenómenos están en distintas dimensiones. Lo que sí tiene que ver con estas reformas es que desde la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLC) había cierta importancia en tratar de generar condiciones de estado de derecho. Esto obligó al gobierno a invertir más en las policías, proceso que tiende cada vez más a la franca militarización y en el que llevamos casi 20 años.
El otro aspecto tiene que ver con la democratización. El neoliberalismo requería desmontar el sistema unipartidista. Así se comenzó a dar una competencia electoral que coincidió con una recesión económica. Ante este escenario de competencia, las economías con capacidad de financiamiento local que les permitía gran inserción política fueron las ilícitas. Así el gobierno fue perdiendo el control sobre las policías —principalmente las municipales y estatales—, que fue pasando a manos del crimen organizado. Hasta los años 80 y 90 había una relativa sensación de seguridad. De pronto irrumpió el problema de la inseguridad y con ella la política en torno a la policía, momento en el que aún estamos.
¿En qué consiste el modelo de cuatro subregiones que propone para analizar el crimen organizado?
Mucho del análisis en la prensa y criminológico se especializó en ciertos tipos de organización social: los cárteles. Por otro lado tenemos a las pandillas, que siempre se han tratado como un tipo de organización social diferente: pueden ser barriales, confederaciones de pandillas (como las maras); y luego tenemos al crimen común. La forma en que se integran las economías ilícitas varía según la fuerza del núcleo de la economía regional.
Propongo cuatro subregiones que son parte de una economía trasnacional. Una tiene en su centro al narcomenudeo —tomo como ejemplo el sur de California—; otras tienen en su corazón un centro productor —Sinaloa—; otras tienen un núcleo contrabandista (Matamoros). Otras son zonas de tránsito no tan importantes como las otras subregiones, pero que son territorios de control importantes (Honduras). Algunas son economías muy locales, pero otras son transnacionales. Esa es la característica de esta época. Hay organizaciones que son capaces de mover droga, gente y productos en espacios transnacionales. Enfocar el tema desde el ángulo de Estados Unidos y Centroamericano, más allá del territorio mexicano, ayuda a esclarecer diferentes significados de cómo un tipo de organización de tal verticalidad como es un cártel pue-
de articularse con organizaciones más horizontales como las pandillas.
En la lectura de El tejido social rasgado pareciera que desde hace décadas el Estado se debate entre el fomento de un modelo económico surgido del TLC —“la ínsula de los derechos”, ejemplificada entre otras con las garantías de la transparencia y la contienda electoral— y por otro lado en la contención de algo que se nombra “mar de la extorsión” en el que navega la economía ilegal. ¿Es un problema exclusivo de nuestra sociedad?
Muchos de estos problemas los trajeron las reformas neoliberales a nivel mundial, pero hay ciertas peculiaridades del caso mexicano. Una de ellas es la integración comercial con Estados Unidos.
A la hora de firmal el TLC, México estaba situado en una situación que aspiraba a una paulatina homogeneización con Estados Unidos y Canadá. Desde el principio se criticó mucho, no sin razón, que no hacía lo que sí hizo al Unión Europea: que junto a la libertad del movimiento comercial y de capitales hubiera un movimiento laboral. Las primeras décadas del TLC fueron brutales para gran parte de la economía mexicana. Se generó una gran migración a Estados Unidos en situaciones muy adversas. La teleología de los apologistas del TLC decía que era un paso en una dirección de la integración económica de Norteamérica. Sucedió en alguna medida. Eso es muy importante.
Hoy, las críticas al neoliberalismo frecuentemente hablan como si se pudiera sustraer a México de una economía transnacional. Hacerlo sería tan dramático para mucha gente en México como fue entrar al TLC. Si hoy México volviera a un sistema de sustitución de importaciones, tronaría gran cantidad de la economía. Dar marcha a atrás a una economía liberalizada es irreal.
¿Toda esta etapa de criminalidad cómo impacta en el fenómeno de los desaparecidos?
México nunca ha sido un país ausente de violencia, pero las formas de ejercerla han cambiado de manera importante. La violencia “a la antigüita” no incluía cosas que sí incluye lo que ocurre en los últimos 30 o 40 años, como el desmembramiento del cuerpo de una persona asesinada o el uso propagandístico de la violencia en la esfera pública. Eso sí sucedió en la Revolución Mexicana con los colgados. Son ejemplos del acto de la violencia como acto de comunicación.
La desaparición es un tema muy peculiar. Por una parte deja ambigua o ambivalente la violencia desde un punto de vista judicial. Lo vimos hace unos meses en la matanza que ocurrió en San José de Gracia y que circuló en videos: el fusilamiento de varios hombres, desaparecidos después de su ejecución. No había una forma clara de levantar un acta de lo sucedido. La desaparición hace más ambigua la violencia desde el punto de vista judicial, pues facilita que las policías o los ministerios públicos no hagan las investigaciones que les corresponde. Por otro lado, hay una violencia dirigida a las familias y comunidades de los desaparecidos. Al desaparecer a alguien que va a ser asesinado, usado como sicario, en el trabajo del campo o la prostitución, tenemos una violencia social que les niega la capacidad de pasar un duelo.
¿Cómo se va encaminando la creación que el Estado mexicano intenta hacer de su discurso?
Esa es la realidad actual, la dificultad del Estado de generar una ideología que nombre a su propio proyecto. En la tendencia del obradorismo de nombrarse izquierda y nombrar a la oposición “adversarios” o “conservadores” hay un intento de organizar el espacio político a través de la polarización desde el lenguaje. Pero ese lenguaje no describe el proyecto. El obradorismo no es principalmente un movimiento de izquierda como tampoco los gobiernos neoliberales han sido tan liberales. Ninguna de las dos opciones nacionales logra realmente integrar a la gente y a las ramas de la economía que quedan marginadas o excluidas. En el caso de los regímenes neoliberales, eso se notó en la forma en que se criminalizó a las economías ilícitas. Cuando era secretario de Defensa, el general Cienfuegos se refirió a los grupos criminales como apátridas. Desde el punto de vista de ese discurso, una rama entera de la economía (la ilícita) queda despojada de la identidad nacional y de sus derechos ciudadanos. En el discurso de López Obrador está la idea de incorporar finalmente a las economías ilícitas (“Abrazos, no balazos”). Eso tiene muchas ambigüedades porque tampoco las legaliza. Simplemente hay políticas de tolerancia que implican toda clase de enjuagues, como vemos en los Guacamaya Leaks con el actuar de las policías locales. Pero tampoco consigue realmente zafarse de la integración globalizada de México.
La razón por la cual los gobiernos de México tienen una dificultad para nombrarse a sí mismos es porque la forma en que se han polarizado niega un hecho básico: México no puede dejar de estar integrado a una economía globalizada y no puede dejar de defender a los sectores de la economía informal, incluso ilícita. Mientras no haya un reconocimiento de la economía mexicana no habrá una ideología sincera. La ideología se convierte, como decían los viejos marxista, en una forma de falsa consciencia.
¿Qué podemos esperar en el hecho de que una corporación militar tenga funciones policíacas?
Han seguido doblando la apuesta a la militarización y a la centralización. Para que hubiera un desarrollo en un sentido contrario debería haber una discusión amplia sobre la justicia (juzgados, ministerios públicos, fiscalías, policías). En México no ha habido un debate público profundo sobre la necesidad de invertir en eso. Va a ser muy caro, muy difícil, necesita ser un proceso muy deliberado (probablemente transexenal) de construcción de un sistema de regulación de justicia que no esté basado en las fuerzas armadas. Hoy pasa más de lo mismo: más recursos y control a las fuerzas armadas. El resultado no puede ser más que un Estado autoritario con poca capacidad de regular a las sociedades y mercados locales. Soy pesimista.
FOTO: El antropólogo Claudio Lomnitz ingresó al Colegio Nacional en marzo de 2021/ Cortesía Editorial ERA
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