Derechos LGBT ante COVID-19
La Comisionada, Michelle Bachelet expresó “Las
personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en
muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19. En los
países donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo
sexo o las personas trans son atacadas, ni siquiera pueden buscar
tratamiento por temor a ser arrestadas o a la violencia”. A lo que
agregó “Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia sólo
funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la
vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y
abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar
que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También
significa asegurar que sus voces sean oídas”
POR GLORIA CAREAGA PÉREZ
Mexicana. Psicóloga, lesbiana feminista. Profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Coordina la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual. Es parte de Sexuality Policy Watch y del Grupo Asesor de ONU-Mujeres. México.
En esta etapa del COVID-19 América Latina ha mostrado grandes contrastes, se ha llegado a convertir en el epicentro mundial de la nueva pandemia del Coronavirus y los principales responsables son Brasil, Perú, Chile y México que se encuentran entre los 15 países con el mayor número de contagios y muertes acumulados y con cifras en rápido crecimiento. Afortunadamente, la realidad del continente es muy heterogénea y, los problemas de estos países no son los mismos en varias naciones latinoamericanas. La respuesta que han tenido los gobiernos populistas de México y Brasil de minimizar la epidemia y buscar que sus seguidores les sigan apoyando sin importar su propia salud o la de los demás, manteniendo contacto con la gente y contradiciendo incluso la información oficial frente a la pandemia. Estas medidas populistas contrastan claramente con las medidas estratégicas establecidas por aquellos gobiernos que han logrado no sólo el control sino abatir la expansión del virus, que han destacado el papel de las mujeres líderes.
En nuestra región, tenemos buenos ejemplos donde Costa Rica y Uruguay han logrado controlar el Coronavirus y evitar la propagación de la pandemia, con las tasas de incidencia y mortalidad más bajas del continente y hasta ahora con los índices más bajos de muertes. Estos gobiernos decretaron la Emergencia Nacional de Salud prontamente: prohibieron los espectáculos públicos, con el exhorto de quedarse en casa y realizar actividades de manera remota, mucho antes de que la epidemia se convirtiera en un problema.
Aún así, los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan enormes desafíos. Si bien los Estados están implementando medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica que la emergencia está causando, como apoyos económicos, entrega de alimentos, entre otras, la discriminación social está presente y no podemos evitar recordar la crisis que la aparición del VIH generó en la década de los 80. El surgimiento de un virus desconocido que afectaba a amplias capas de la población llevó a la búsqueda de culpables, como ocurre hoy día, donde se culpabiliza, estigma y produce violencia contra quienes se consideran portadores o iniciadores de la misma, como ha sucedido en varios países con el ataque a personas con rasgos asiáticos, pero también con ataques irracionales contra prestadores de servicios de salud y/o acciones sanitarias que se consideran propagadoras del virus. Al mismo tiempo, la creación de fantasías de “a mí no me va pasar” o al desafío mismo de la pandemia con actos aberrantes de posiciones fatídicas “de algo me tengo que morir”. El VIH generó un fantasma que azotaba a la población y que en sus inicios provocó un pánico ante la idea de que nadie se salvaría de ello, pero pronto se colocó sobre la población Gay y Trans a quienes se estigmatizó y persiguió, negándoles incluso hoy el acceso a los servicios o atención de la salud. Al final, una vez conocidos los medios de transmisión, exigió pasar de la protección individual a la protección solidaria que señala Richard Parker, director de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria sobre el Sida (ABIA en portugués), que necesitaba de la preocupación no sólo de mi salud sino también de la del otro para el establecimiento de acciones colectivas solidarias en beneficio de la población toda. Medidas que hoy nos exigen al menos el uso de la mascarilla como medida inicial de protección social ante una pandemia todavía bastante desconocida.
Impresiona la vigencia de la discriminación social hacia las personas LGBT, evidente incluso en la aplicación de las medidas gubernamentales, debido al acceso limitado que estas poblaciones han tenido tradicionalmente a los servicios de salud, como a un trabajo digno, lo que les ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero sobre todo al no ser consideradas entre los sectores prioritarios para recibir los apoyos gubernamentales.
Incluso algunos países durante el confinamiento establecieron parámetros de circulación basados en el sexo, como en Panamá, Perú y algunas ciudades de Colombia, medida que vulnera de manera directa a la población trans y a la no conforme al género, al imponer sanciones o restricciones a la circulación basadas en el documento de identidad y no en la identidad de género, sin considerar las definiciones de género y exponiendo a las personas no binarias de nuevo a la persecución y criminalización. Al imponer la regla de la segregación basada en el sexo/género, regresamos al supuesto determinismo biológico de dimorfismo sexual como señala el Observatorio de Política de la Sexualidad, colocando a las personas no binarias en un no-lugar. Son sometidas de nuevo al riesgo y vulnerabilidad producto del estigma y la violencia que las personas trans y travestis enfrentan en la cotidianidad, estas medidas ignoran que, son precisamente las personas no binarias, quiénes en muchos países con certeza, antes de terminar el día habrán sido violentadas o torturadas.
Es decir, es evidente que las medidas adoptadas, reflejan la falta de sensibilidad que los gobiernos han tenido para considerar a las personas LGBT en sus políticas públicas, incluso en algunos países como México y Brasil muestran un claro retroceso. Durante décadas, los movimientos LGBT en estos países habían logrado colocarse como interlocutores legítimos para el desarrollo de acciones gubernamentales que garantizaran la protección de sus derechos, condición que hoy día no sólo se han limitado, sino que se les ha mencionado con un franco rechazo y descrédito en el discurso del presidente de Brasil, y se ha eludido incluso su mención por el de México. Es importante tal vez también mencionar la clara presencia de discursos religiosos en ambos mandatarios que podría explicar su distanciamiento con este sector de la población que desde ahí ha sido claramente estigmatizado.
Si consideramos los resultados de las encuestas aplicadas por el CONAPRED, podremos reconocer que las personas LGBT en México enfrentan un entorno de alta discriminación, que les obliga a desarrollar distintas estrategias que posibiliten su vivencia y desempeño cotidiano en nuestra sociedad. Es decir, el día-día de este sector resulta ser un proceso de confrontación social permanente, en cada uno de los espacios por donde se transita. Así, la sobrevivencia cotidiana es caracterizada por el desarrollo de estrategias de escape y refugio para construir espacios seguros, y redes de apoyo que proporcionen seguridad y certeza para la convivencia social.
No es extraño entonces, que algunas personas LGBT enfrenten problemas asociados a la salud mental y emocional en mayor proporción que la población general, exacerbados precisamente por el estigma, la discriminación y las experiencias vividas en sus entornos familiares y comunitarios, lo que muchas veces les hace presa fácil de las adicciones. Vivir en un entorno heterosexista les coloca en grave vulnerabilidad al no responder con los cánones y normas legitimadas por la sociedad, no sólo para llevarles a los márgenes, sino por el peso de colocarles un estigma fuera de o contra la moralidad. La pandemia viene a agudizar estas condiciones al romper precisamente las estrategias de protección construidas y colocarles en grave inseguridad al tener que regresar a un entorno familiar donde no sólo no han sido aceptados, sino que se les vigila constantemente y donde probablemente, ante la disputa por los recursos disponibles para cumplir con las responsabilidades y necesidades, pero también por un espacio propio, se les coloca en los últimos lugares, si no es que en franco aislamiento social. De acuerdo con distintos diagnósticos sobre homofobia, uno de ellos el Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia Personas LGBTI en México, son los espacios familiares e integrantes de la familia quienes expresan distintas formas de violencia que afectan de manera importante nuestra dignidad, -desde el silenciamiento, la desacreditación, los señalamientos y sanción a nuestras formas de ser-; pero también donde se afectan las posibilidades de cumplir con las actividades para el desarrollo personal ya sea educativo o laboral. Es decir, el espacio familiar, frecuentemente se torna en un lugar de disputa, donde hay que luchar y competir con los demás por un lugar social que nos dé el reconocimiento social y personal que necesitamos.
Al mismo tiempo, para aquellas personas que cuentan con los recursos para vivir solas hoy no necesariamente tienen los apoyos familiares o sociales que necesitan al encontrarse lejos de sus familias y con las amistades en confinamiento. La distancia del grupo, de las amistades o la familia propia que han construido necesariamente tiene graves consecuencias para la seguridad y bienestar de las personas que enfrentan discriminación. Las personas mayores LGTBI, que en su mayoría viven en soledad y tienen escasas o inexistentes redes de apoyo familiar y comunitaria, además de la carencia afectiva y emocional que enfrentan, en muchos casos se deben exponer al contagio saliendo de sus hogares para adquirir insumos de primera necesidad como alimentos o medicinas.
Además, no todas las personas LGBT tienen la oportunidad de retorno al hogar familiar y han tenido que refugiarse en espacios transitorios donde las posibilidades de cumplir con el confinamiento y la sana distancia son prácticamente imposibles. Recordemos también que numerosas personas LGBT no cuentan con prestaciones formales de seguridad social ya sea por las dificultades para acceder a un empleo formal, las decisiones de optar por un trabajo flexible o actividades productivas independientes. Condiciones que limitan su acceso a los servicios de salud como a contar con prestaciones sociales y económicas y de recursos para asegurar una residencia fija. Si bien la atención del VIH y el acceso a los servicios de hormonización han tenido alguna garantía en la Ciudad de México, en los últimos meses se han visto restringidos por el desabasto de medicamentos antirretrovirales que ha llevado incluso a la demanda pública por las organizaciones sociales. Como lo señala la Red Corpora en Libertad, en tiempos de COVID-19 los restringidos servicios de salud con que se contaba, se tornan en espacios de riesgo y carentes de los insumos necesarios para dar continuidad a los tratamientos. La falta de sensibilización y actos de discriminación relacionadas con la orientación sexual, identidad de género, uso de drogas inyectables y el trabajo sexual, así como con tener el VIH por parte de prestadores de servicios de salud, ante la posibilidad de contagio por COVID-19 generan mayores riesgos para las personas LGBT. Habremos también de considerar la barrera ante la la falta de concordancia entre la identidad y su documentación oficial que ocurre en la mayoría de los estados del país.
Y en términos económicos, los datos dejan ver, que en estos países el acceso al trabajo asalariado no está garantizado para muchas personas LGBT aún, mucho menos las posibilidades de ascenso y desarrollo de una carrera como profesional. El prejuicio define en mucho el lugar social donde se les ha colocado e impide el reconocimiento público de sus capacidades y contribuciones. Es decir, la inserción laboral de las personas LGBT, a pesar de las distintas iniciativas desarrolladas para garantizar empleo para distintas identidades, no ha sido un logro sostenido. Para muchas personas el trabajo flexible les dio la oportunidad de no tener que enfrentar la homofobia en un entorno cerrado, les proveía de un buen ingreso, y el disfrute de su tiempo. Pero ante la pandemia se han enfrentado con una condición de profunda inseguridad, sin salario, sin seguridad social y gran incertidumbre de mantener o lograr un contrato. Otros emprendieron pequeñas e incluso medianas empresas que hoy están cerrando. Otros más, se desempeñaban en el trabajo sexual y hoy no sólo no tienen trabajo, sino que han perdido hasta la vivienda.
Una mención especial lo requieren las personas LGBT privadas de libertad, si consideramos que los sistemas penitenciarios se encuentran con altos índices de sobrepoblación, donde las condiciones de hacinamiento y malas condiciones de vida implican una fuerte y sistemática violación de los derechos humanos. Como en otros espacios, las personas LGBT en estos sistemas son discriminadas e invisibilizadas. Como el Informe de la Red Corpora en Libertad lo indica, la cárcel potencia y agudiza las condiciones de desigualdad social y estructural que atraviesan muchas personas de la comunidad LGBT y como muchas provienen de contextos vulnerados, con vidas previas al encarcelamiento de exclusión, pobreza, desvinculación familiar, expulsión de los centros educativos, desempleo, situación de calle, su salud se encuentra atravesada por patologías físicas como VIH y fragilidades de salud mental como depresión, angustias, y ansiedad. Aplicar medidas de aislamiento social en las cárceles resulta casi imposible. Pero sobre todo no toman en cuenta las condiciones de vulnerabilidad antecedente que sectores vulnerados enfrentan. Las organizaciones sociales han exigido medidas alternativas de reclusión, como el arresto domiciliario e incluso su liberación. Pero un importante número de personas LGBT en reclusión son reincidentes, lo que les limitaría para acceder a esos beneficios de pre-liberación, además de la falta de interés sobre sus casos por parte de los defensores públicos y el desconocimiento por parte de ellos mismos sobre sus procesos judiciales.
Aún así, en una sociedad con fuertes tendencias al individualismo, la mejor respuesta ha venido de las más vulnerables, las trabajadoras sexuales trans se han organizado para llevar despensa y cobijo a sus compañeras más desfavorecidas. En algunos estados de la República como Guerrero y Sinaloa defensores LGBT se han organizado para gestionar apoyo y distribuir alimentos. Y han sido las organizaciones sociales, como el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México que se han coordinado para ofrecer asesoría y apoyo psicológico telefónico a quienes lo solicitan. Estas iniciativas rompen con la idea presidencial de que las organizaciones lucran con el intermedianismo y se reafirman como defensoras no sólo de la protección de su libre ejercicio de su sexualidad, sino de sus derechos plenos que garanticen la supervivencia.
La definición de una nueva realidad está ya a la vuelta de la esquina, Y tenemos que empezar a pensar ya, cuáles son las posibilidades para la salida del confinamiento, en un panorama donde las organizaciones de defensa de derechos en mucho se han reducido y las condiciones aquí planteadas dejan ver que sólo un delgado segmento del sector LGBT estará en una situación laboral que le permita contar con los recursos y estabilidad de un trabajo formal asalariado. La gran mayoría, producto de la informalidad y el trabajo flexible estará debilitada, y muchas personas no cuentan hoy con la seguridad social para dejar el confinamiento con cierta seguridad y empezar de nuevo.
El Grupo Regional de Patrocinadores de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, junto con varias de las agencias de Naciones Unidas presentes en la región han alertado de la condición de precariedad en que la población LGBT se encuentra. Y la necesidad de que los gobierno asuman su responsabilidad para proteger sus derechos y garantizar su pleno desarrollo. Incluir medidas para contrarrestar la discriminación hacia las personas LGBTI en los esquemas nacionales de protección social, incluido el apoyo a los ingresos e involucrar a las personas LGBTI en la planificación de la salud pública y en los mensajes relacionados con COVID-19. Recomendaciones sencillas pero determinantes para asegurar la calidad de vida en las personas LGBT que, sin embargo, difícilmente las veremos instrumentadas en las acciones de este gobierno, en virtud de que la escucha ha estado más con las fuerzas anti-género y religiosas, que se oponen al reconocimiento de la sexualidad misma y de los derechos de las personas sexo-género disidentes.
FOTO: Manifestación de pacientes de #VIH contra el desabasto de medicamentos en mayo de 2019 en la Ciudad de México./ EFE/Sáshenka Gutiérrez
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