Los enredos de Alejandra Frausto
En su comparecencia ante legisladores, la secretaria de Cultura desacreditó los “recursos etiquetados” y reveló que éstos hoy se destinan al proyecto Chapultepec
POR EDUARDO CRUZ VÁZQUEZ
En el impecable ejercicio de la desmemoria, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, en su reciente comparecencia, en lo que fue un día de campo más en el escenario a modo de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, decidió reabrir la historia de los llamados “recursos etiquetados” con poco tino.
En su integración al cuatroteísmo, le convino dejar atrás que, como directora general de Culturas Populares e Indígenas del Conaculta, su oficina se benefició de esos recursos.
Como otros funcionarios del morenismo, a Frausto no le sabe bien recordar que se incorporó al Conaculta gracias a Rafael Tovar en 2013. Y que fue protegida ante los requisitos del Servicio Profesional de Carrera, ya que no ostentaba el grado de licenciatura que requería ser directora general.
Se sabe que, con maromas, logró permanecer en el cargo hasta su estratégica salida en 2017, para refugiarse unos meses en el Seminario de Cultura Mexicana. En diciembre de ese año, apareció como futura titular de la dependencia en el gabinete de López Obrador, en una jugada atribuida a Marcelo Ebrard que dejó atrás a quien parecía ser la fuerte del entonces candidato a la presidencia, la escritora Laura Esquivel.
En la ruta, a la novelista se le ofreció ocupar una de las subsecretarías; declinó para aguantar vara hasta que, en abril de 2022, el mandatario tabasqueño la designó de embajadora de México a Brasil.
Para Alejandra Frausto, visitar el pasado es una ociosidad de los adversarios culturólogos. Los llamados “recursos etiquetados” fueron un invento en el que participó activamente el entonces fortachón PRD, vena nutriente de la 4T, y tuvo en uno de sus diputados, Alfonso Suárez del Real (2006-2009), hoy representante de México en el Consejo de Europa, uno de sus hacedores.
Vaya si lo sabré: ahí lo conocí en una cita para buscar fondos para un proyecto que, por cierto, no obtuve.
Como parte del Consejo Asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados (2009-2012), que presidió la hoy senadora del PAN Kenia López Rabadán, pude constatar, acompañado de otros colegas como Lucina Jiménez, Hilda Trujillo y Jorge Sánchez Cordero, los enormes beneficios de ese mecanismo.
Se trató de una política pública desde el Congreso que no estuvo exenta de clientelismo, intermediarios y abusos. Casos, los menos, que fueron denunciados, colocándose candados para frenar estas situaciones.
En virtud de lo anterior, lo expresado por Frausto resultó temerario, falto de veracidad e injusto para los miles de beneficiarios de esos fondos. La cancelación aumentó el rezago del gasto público, alrededor de 64 mil millones de pesos en 10 años, y ha acentuado la precariedad del sector cultural. (A los interesados ver: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/grilla-cultural-cuanto-vale-su-voto- unos-64-mil-millones-10454892.html).
En la nota de la sección cultural de EL UNIVERSAL del miércoles 1 de noviembre, dijo una salvajada insostenible y una revelación guardada: que el presupuesto del proyecto Chapultepec proviene de lo que antes se destinaba a “moches”. Cito de la información del reportero Cristopher Cabello: “¿Con qué se ha hecho este proyecto? Con lo que antes se destinaba a los etiquetados, que sabemos que desaparecían, que no hay registro o rendición de cuentas sobre los más de 4 mil millones de pesos que se destinaban en moches a la cultura”.
Así la confesión como el enredo en las cifras de Frausto: un agandalle de recursos públicos cuyo destino no debió ser anulado, sí replanteado. Además, es una terrible ofensa, una gota más en el rebosante océano de inconsistencias de la secretaria que dejará de serlo el 30 de septiembre de 2024: mete a todos los beneficiarios en su saco de la corrupción sin exhibir, hasta ahora, pruebas.
La licenciada Frausto finge ya que, como parte de ese proceso de ordenación de los “recursos etiquetados” de los que por una década participaron todos los partidos políticos en el Congreso, su mentor y exjefe Rafael Tovar, instaló una oficina en la planta baja del edificio de la avenida Reforma, en la Ciudad de México.
En ese espacio se concentró la entrega y verificación de los fondos, cuyos archivos están en poder de la secretaría que preside.
Quien fuera en sus inicios de gestora cultural, directora de actividades culturales del Claustro de Sor Juana, bajo las órdenes de la brillante rectora Carmen Beatriz López Portillo, entonces esposa de Tovar, me da con su despropósito el pretexto de hacer un adelanto de mi próximo libro Vislumbres del sector cultural, que aparecerá en enero del 2024 en coedición de la UANL y Lectorum.
La oficina a la que refiero, que borra en las conveniencias del olvido Alejandra Frausto, tuvo cuatro componentes centrales en su organización: 1) Registro, gestión y pago de proyectos aprobados; 2) Visitaduría de verificación; 3) Preparación para la rendición de cuentas por parte de los beneficiarios, y 4) Información, difusión y estadística de los resultados.
Como parte de la investigación que llevé a cabo entre 2017 y 2018, pude saber que la operación de esa oficina rondó en un promedio de 4.5 millones de pesos anuales, la suma de 22.5 por cinco años de gobierno.
Veamos por año el número de proyectos autorizados, número de proyectos realizados y el monto dirigido para su financiamiento.
Año 2013. 801 de 905 proyectos autorizados 3 mil 616 millones de pesos.
Año 2014. 431 de 470 proyectos autorizados mil 739 millones de pesos.
Año 2015. 489 de 556 proyectos autorizados mil 947 millones de pesos.
Año 2016. 506 de 550 proyectos autorizados mil 920 millones de pesos.
Año 2017. 460 de 568 proyectos autorizados mil 313 millones de pesos.
Año 2018. Hasta agosto de ese año fueron 586 proyectos autorizados a ejercer mil 200 millones de pesos.
El total de “recursos etiquetados” en el periodo fue de 11 mil 735 millones de pesos. En esta cifra no se cuantifica el subejercicio (recursos que no fueron entregados y/o reclamados e incluso devueltos).
Sin considerar el año 2018, en tanto que al elaborar la investigación no había terminado el ciclo, entre 2013 y 2017 sumaron 2687 proyectos realizados, divididos en tres categorías: 1) Organizaciones no gubernamentales; 2) Gobiernos estatales, y 3) Municipales. La mayor parte se concentran en el primer segmento (más de 1500 en el ciclo).
El programa de visitadurías inició en 2014 para supervisión y evaluación de los proyectos.
Año 2014. 139 proyectos.
Año 2015. 172 proyectos.
Año 2016. 150 proyectos.
Año 2017. 145 proyectos.
Año 2018. No se tuvo acceso.
Con relación a la población atendida, según los responsables de los proyectos, se obtuvieron las siguientes cifras:
2013: 181 millones 902 mil personas.
2014: 89 millones 338 mil personas.
2015: 104 millones, 501 mil personas.
2016: 52 millones 482 mil personas.
2017: 39 millones 433 mil personas.
2018: No se tuvo acceso.
La suma de población atendida en el ciclo 2013-2017 fue de 467 millones 656 mil de personas, mediante 2687 proyectos en cinco años.
Toda esta información y mucho más a detalle la tiene la Secretaría de Cultura. Eso incluye algunos procesos legales que se siguen en contra de algunas organizaciones no gubernamentales como de gobiernos estatales y municipales por diversidad de razones administrativas, no por “moches”.
Entonces ¿qué fue de los archivos de los “recursos etiquetados”? Luego, ¿cómo puede sostener Frausto que esos dineros que suprimió su jefe se convirtieron en fondos para el proyecto Chapultepec? Su afirmación ilustra los acuerdos “bajo cuerdas” de la Secretaría de Hacienda, la bancada oficial y el Ejecutivo.
Aunque sea después de tantos años, quien fuera directora de Festivales con Elena Cepeda en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que gobernó Ebrard, debería entregar un informe sobre los “recursos etiquetados”, su operación y su “canje” por las obras de Chapultepec.
Que no olvide Frausto que su gestión también será vista con lupa una vez deje el cargo.
FOTO: Alejandra Frausto compareció en la Cámara deDiputados el pasado martes 31 de octubre. | Crédito: Archivo EL UNIVERSAL
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