Mariguana y debate ciudadano
POR MARÍA ELENA MORERA
El debate para encontrar opciones distintas al régimen prohibicionista de drogas, es una necesidad apremiante. Recientemente hemos sido testigos de las posiciones de diversos actores que se han manifestado en este tema. Sin embargo consideramos desde la sociedad civil que algunas de sus propuestas no están atendiendo los intereses de la sociedad, y algunas son irresponsables y/o engañosas. Esto significa que los ciudadanos debemos sumarnos al debate informado.
El primer tema a discutir es qué representa para la sociedad la producción, distribución y consumo de marihuana en su vida cotidiana, y cuáles serían los efectos de las diversas propuestas que se han puesto sobre la mesa.
En México se afirma que el uso de la marihuana está despenalizado, no obstante la legislación no es práctica y siempre está latente la posibilidad de llegar hasta el ámbito penal.
En este sentido, es imprescindible hablar francamente de la situación. Es deseable, la efectiva descriminalización de la marihuana, que se establezcan una regulación clara y estrictas en la producción, el producto, centros de distribución o venta, y en el consumo.
Sin embargo, considero que por la legislación actual y por la situación de México en el contexto internacional la discusión debe centrarse primero en el consumidor, quien es el último eslabón de la cadena y el eslabón mas fragíl. Es necesario que su uso esté regulado exclusivamente por el estado en materia de salud y no por el sistema penal. El consumidor está situado en medio de dos fuegos. Por una parte no tiene una forma segura de abastecer su consumo y por la otra es criminalizado por el sistema de justicia.
La legislación prohibicionista en la materia no ha sido suficiente para regular el consumo de drogas. Desde agosto de 2009 se modificó la Ley General de Salud y los códigos penales a nivel federal y se determinó una tabla de medidas para distinguir entre usuarios y narcomenudistas. Es evidente que la legislación no se adapta a la realidad. El consumo personal permitido, refiere como dosis máxima 5gr de cannabis, cuando en países como Chipre, España y Portugal se consideran cantidades por arriba de los 20g. En el caso de la cocaína es donde es más evidente que la ley no es práctica, únicamente se puede portar medio gramo (500mg), pero las grapas (es así como se vende) contiene un gramo, es decir, en México no tenemos una medida máxima efectiva.
Además que el estado no ha sido eficiente en la lucha contra los cárteles, hay una violencia creciente por la producción y venta de drogas en México, en donde hemos sido testigos de que se ha generado una estructura de delincuencia organizada inimaginable. De acuerdo a un informe de PGR, en 2013 hay 8 grandes organizaciones del narcotráfico, que dan origen y/o cobertura a otros 80 grupos delincuenciales.
Por tanto, prevenir a través de la prohibición, no ha funcionado y ha tenido costos muy altos para el país. La lucha contra los cárteles que se suponía era para evitar el consumo no ha inhibido el mismo, y ha generado más violencia. Lo único que ha logrado es desnudar la fragilidad de las instituciones de seguridad y justicia.
La estrategia no funciona, en realidad solo hemos caído en una gran simulación en la que se criminaliza al consumidor y no a los miembros del crimen organizado. Hemos visto una respuesta desproporcionada por parte del Estado, el ejemplo más grotesco que recuerdo ocurrió en 2011 cuando encontraron que el banco HSBC incurrió en lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, pero guardaron la investigación y quedó en la impunidad sin ningún responsable. El gobierno de Estados Unidos retoma la investigación y cobra una multa de 1.9 mil millones de dólares que nada significa para el banco, y no hay detenido alguno. En contraparte, cientos de consumidores van a la cárcel por portar más de lo permitido.
No podemos seguir ciegos de esta realidad y tenemos que asumir que los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Por lo pronto generar una nueva conversación, estudiar la tendencia internacional en donde han debatido y generado diversas alternativas legales desde el consumo hasta la producción.
¿Cuáles son las propuestas que tenemos en la mesa de debate? Afortunadamente, hay experiencias exitosas y ya somos varias las OSC´s académicos e intelectuales interesados en formular una solución que beneficie a los consumidores y la ciudadanía en general.
Partiendo desde la propuesta que comparto con Hector Aguilar Camin, Pedro Aspe, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente y Fernando Gomez Mont a través del aumento de los montos autorizados para el consumo personal y la modificación en la intervención de los aparatos de persecución e impartición de justicia en nuestro país, aunado a un cambio en el enfoque criminal que se ha dado al fenómeno, hacia uno en materia de salud.
Hasta otras propuestas que se complementan y compartimos en Causa en Común con otras organizaciones civiles como Mexico Unido Contra la Delincuencia, una es la creación de Comités de Disuasión -como operan en Portugal- donde un grupo multidisciplinario le explica al consumidor los efectos dañinos de las drogas, le ofrece ayuda para la rehabilitación, y en ningún momento el consumidor llega al sistema penal.
Otra por ejemplo, los Clubes de Cannabis bajo un esquema de cooperativa en el que se produce y se consume la marihuana con fines meramente recreativos y sin fines de lucro. Estos ya están en práctica en España y solucionarían el problema en cuanto a que se regule la oferta de marihuana en establecimientos debidamente controlados, y exista la posibilidad de acceder a un consumo seguro.
También hay otras propuestas, que como lo decía al principio son engañosas, en especial me quiero referir a las Cortes de Drogas, que ya funcionan en varios estados de la unión americana y que nos están vendiendo en México como espejitos. En Nuevo León, ya están en operación, sin embargo disentimos y consideramos que pueden propiciar la evasión de responsabilidades cuando alguien que comete un delito se ampara en el argumento del consumo de drogas. Y por otro lado, el consumidor sigue estando en contacto con el sistema penal, cuestión que en principio por la fragilidad de nuestro sistema queremos evitar.
La conclusión es que podemos iniciar por descriminalizar el consumo de la marihuana para no seguir estigmatizando a los consumidores, establecer umbrales de posesión de que sean funcionales y se atienda en el sistema de salud a los consumidores que bajo su propia voluntad busquen apoyo para la rehabilitación. Al mismo tiempo que se establecen los Comites de Disuasión y se inican las cooperativas.
Por último, debo reconocer que tenemos mucho trabajo que hacer con los ciudadanos. Las encuestas refieren que tres de cada cuatro personas se oponen a legalizar el uso/consumo de la marihuana. Considero que estos resultados obedecen más en a la falta de información de la ciudadanía, pues no tienen claro los alcances de la regulación del consumo de marihuana.
En este sentido, las OSC´s tenemos la responsabilidad de informar, haciendo pública la información sobre este importante tema. Debemos cambiar la conversación de la guerra contra las drogas a una política pública sobre el consumo. Desde luego no aspiramos a que la regulación de la marihuana resuelva el problema de la violencia y la delincuencia, incluso es probable que los narcotraficantes encuentren otra industria en la que puedan continuar delinquiendo.
A lo que si debemos aspirar es a un México justo en el que el uso y la regulación de las drogas, legales o ilegales se basen en argumentos científicos, de derechos humanos y de salud. Donde no se castigue a los ciudadanos por decidir que ingieren, sino sólo por delitos que cometen contra los demas, y en el que el Estado de Derecho sea el que prevalezca.
@maelenamorera
Presidenta de Causa Común.
*Fotografía: En esta foto del 14 de noviembre de 2012, una persona exhibe un planta de marihuana que cultiva con algunos amigos en Montevideo, Uruguay/Archivo EL UNIVERSAL.
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