Reflexiones sobre el nuevo reglamento del SNI
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El proyecto de reforma al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se excede en sus objetivos, pues muchos de éstos pertenecen al ámbito político
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POR GIOVANNA VALENTI NIGRINI
Los comentarios están basados en la investigación, cuyo resultado es el libro La evaluación de los académicos: Instituciones y Sistema Nacional de Investigadores, aciertos y controversias, publicado en 2018 por Flacso-México y la Universidad Autónoma Metropolitana.
Mi reflexión focaliza algunas ideas entorno a los siguientes aspectos:
1. La brecha entre lo que corresponde a un reglamento que organiza y norma la evaluación, actividades y desempeño de los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y las declaraciones acerca de lo que le correspondería al SNI en el marco de una política de Estado, cuya claridad es aún ambigua; recordemos que todavía no se aprueba el Anteproyecto de Iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
2. El debate sobre los alcances y límites del conocimiento y su uso en las políticas gubernamentales.
3. Reflexiones sobre los jóvenes investigadores y el futuro de la ciencia en México.
4. Algunas inquietudes de la comunidad de investigadores en relación con la evaluación y el nombramiento de los evaluadores.
5. Un último comentario sobre el reconocimiento de la labor docente.
El Sistema Nacional de Investigadores puede y debe estar enmarcado dentro de la política científica, tecnológica y de innovación del país. Sin embargo, es excesivo el anclaje que propone el Reglamento de 2021 al vincularlo con la soberanía del país, el bienestar del pueblo de México y otros objetivos, especialmente si esto está fuera del quehacer científico y pertenece al ámbito de la política.
Es poco adecuado asociar directamente producción del conocimiento con bienestar y soberanía nacional. El bienestar puede derivarse de las decisiones de los gobiernos basadas en evidencia científica, a través de políticas públicas orientadas hacia el interés público y la solución de problemas El supuesto es que: entre mejor estén diseñadas, implementadas y evaluadas las políticas gubernamentales, más alta será la probabilidad de que se traduzcan en éxitos y con beneficios para las poblaciones que son beneficiarias. Por ejemplo, las políticas de salud, ambientales, de transporte, vivienda, educación, entre otras muchas.
Desde hace al menos tres décadas, lo que se ha difundido es la orientación de las políticas públicas basadas en evidencia, esto significa que cada vez es más frecuente que los gobiernos, instituciones y organismos públicos utilicen el conocimiento producido por la ciencia, las humanidades y la tecnología para mejorar las decisiones, su implementación y evaluación. De igual forma, se aplican muchos de los métodos producidos por la investigación para hacer intervenciones y solucionar problemas. De ahí la importancia de que la producción científica crezca, se difunda y sea de acceso abierto. Pero el conocimiento por sí mismo no garantiza la buena toma de decisiones ni su implementación que se se produzca bienestar y se preserve la soberanía. Lo que está implicado en la relación entre conocimiento y sociedad, es que los gobiernos, los organismso públicos y privados y los ciudadanos tengan acceso abierto al conocimiento para estar en posibilidades de tomar mejores decisiones, hacer mejores seguimientos de estas y evaluarlas para identificar lo que funcionó, porqué y cómo, y lo mismo hagan con lo que no funcionó. Lo antes mencionado refuerza la necesidad de que las universidades y centros de investigación ofrezcan cada día una formación de pertinencia científica, profesional y social y actualizada. Esto implica que la investigación y los avances de la tecnología deben estar integrados a la formación profesional de licenciatura y posgrado, así los profesionales egresados tendrán mejores capacidades para utilizar el conocimiento y apropiarse de él, y con ello identificar mejor los problemas y plantear soluciones en sus ámbitos de trabajo y también de participación social.
Por lo tanto, lo que corresponde al gobierno a través de la política de ciencia, tecnología e innovación es impulsar y apoyar la producción científica, humanística y de tecnología y crear las condiciones para que el conocimiento sea de acceso abierto y se divulgue, así como crear incentivos para que los programas de formación recuperen al máximo el conocimiento actual. Estos temas sí son de interés del Sistema Nacional de Investigadores.
El SNI se creó para reconocer a los investigadores del país. Esto se vinculó con una compensación económica y cabe mencionar que este complemento del ingreso de los investigadores está sujeto periódicamente a la evaluación de la producción científica y a las actividades académicas. Los investigadores formamos parte de los profesionales de este país, que están obligados a rendir cuentas con mayor frecuencia y esta evaluación determina el monto del ingreso anual.
Llama la atención que el nuevo Reglamento que se elabora en el marco de la Cuarta Transformación del país no incorpore orientaciones para el apoyo y la incorporación institucional y estratégica de los jóvenes investigadores, más allá de lo que estaba establecido desde la fundación del SNI. En la agenda queda pendiente cómo aprovechar el acervo de talento (investigadores e investigadoras jóvenes con doctorados y postdoctorados) que se han formado en el país y en el extranjero, durante los últimos 20 años y que servirán de reemplazo de las generaciones de investigadores que pronto llegarán a la edad de jubilarse o que ya lo están. La conexión entre los jóvenes investigadores y el fortalecimiento del conocimiento y la tecnología producida en el país debería ser una prioridad de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación y tampoco del nuevo reglamento del SNI.
En el Reglamento se hace referencia a ciencia de frontera, tecnologías de vanguardia y equidad epistémica. Al no estar definidas, estas menciones pueden dar lugar a interpretaciones particulares e introducir sesgos de evaluación.
De igual manera, cabe mencionar que no cambia el estilo vertical de decisiones y gestión. La participación de la comunidad científica del país (más de 30 mil investigadores) en el Consejo General (órgano decisional de mayor autoridad) queda reducida al nombramiento de tres integrantes del SNI, directamente electos, pero sin mecanismos explícitos para su realización.
Un reclamo de la comunidad científica del país ha sido la verticalidad y poca transparencia de los procesos de designación y elección de los evaluadores que forman parte de las comisiones dictaminadoras por área. Esta opacidad no se resuelve en el nuevo Reglamento.
También interesa comentar el apartado II del artículo 4, en el que se destaca la necesidad de reconocer la labor docente. Desde luego que es fundamental que los investigadores contribuyan a la formación, pero igualmente importante es que se promueva el equilibrio entre la docencia y la investigación y sobre todo se impulse la incorporación del conocimiento producido a la formación de los profesionales de licenciatura y posgrado. Toca al Conacyt emitir lineamientos para cuidar que se de este equilibrio sin perjuicio de la producción del conocimiento. Porque el SNI es un instrumento de la política científica y tecnológica para impulsar la investigación, no la docencia.
FOTO: Integrantes de la comunidad científica se han manifestado por las nuevas políticas del Sistema Nacional de Investigadores/Crédito: Diego Simón Sánchez, EL UNIVERSAL
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