43 años del Orgullo LGBT en México: logros y retos
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El largo camino de lucha de esta comunidad ha consolidado reformas que garantizan sus derechos a la identidad, a la salud, a la representación política y de asociación, avances hoy amenazados por discursos de odio e intolerancia
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POR ANTONIO MEDINA TREJO
La lucha de la diversidad sexual en México cumple este mes de junio 43 años de su salida del clóset. Más de cuatro décadas han pasado desde aquel sábado 27 de junio de 1979 cuando un grupo reducido de homosexuales, lesbianas y travestis salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar por las redadas y la violencia que vivían en los espacios públicos con policías y judiciales, que por el simple aspecto o reunirse en parques o establecimientos para convivir, eran levantados y llevados a los separos, donde se les extorsionaba y golpeaba.
En el contexto de la lucha estudiantil de finales de los años 60 y toda la década de los 70, aquellas jóvenes lesbianas y homosexuales se organizaron para planear su primer marcha de protesta que no sumó más de un centenar de activistas, pero sí fincó las bases del movimiento de la diversidad sexual en México.
“No hay libertad política si no hay libertad sexual”, fue una de las consignas que enarboló el movimiento lésbico-homosexual desde sus inicios, pues la gran mayoría de aquellos activistas provenían de otros movimientos como el estudiantil, el ferrocarrilero, de obreros, y desde luego, del movimiento feminista.
En los años subsecuentes a esa primera salida de las disidencias sexuales en el espacio público, se logró generar la discusión sobre el devenir histórico de un grupo social marcado por la discriminación, la violencia simbólica y física, la exclusión laboral, escolar y en ámbitos de justicia, con la repercusión del escarnio social y mediático hacia quienes osaban amar a personas de su mismo sexo o tenían una identidad de género contraria a su sexo biológico.
“No somos uno, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien”, rezaba una de las tantas consignas de principio de los años 80 que coreaban a todo pulmón activistas en las manifestaciones del Orgullo Lésbico-Homosexual (como se denominaba en aquel entonces), que era acompañada de pancartas, mantas o cartulinas donde se leían denuncias en contra la falsa moral de una sociedad machista y homofóbica que veía en las sexualidades disidentes un ataque a la institución de la familia o como una influencia del capitalismo corruptor de la sociedad y sus juventudes.
Para mediados de los años 80 el movimiento sufrió un golpe en su ascenso al aparecer el sida en el mundo Occidental, una enfermedad que estigmatizó a los homosexuales y que sirvió como argumento de los grupos conservadores para justificar el rechazo a toda manifestación de la diversidad sexual, catalogándola como perversa, abyecta y corruptora.
Es hasta mediados de los años 90 cuando la lucha de la diversidad sexual comienza a resurgir, luego de que la ciencia dio un respiro al movimiento homosexual con la aparición del AZT, un antirretroviral que permitió dar mayores esperanzas de vida a las personas que vivían con sida.
La “muerte social” de los homosexuales con VIH o sida fue el linchamiento de las “buenas conciencias” desde púlpitos eclesiásticos, escaños legislativos y exclusión en políticas públicas de salud. Pero con los avances médicos que permitieron controlar al virus en los cuerpos, significó un aliciente para el activismo de la diversidad sexual en la primera mitad de esa década que coincidió con el avance de la izquierda en el poder político de la Ciudad de México a finales del milenio; aunque antes, en 1994, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas contendió en la campaña presidencial de ese año, como buen candidato de izquierda, integró en sus propuestas electorales los derechos de lesbianas y homosexuales.
Esa inclusión temática tuvo frutos en el imaginario político años después cuando el Partido de la Revolución Democrática ganó la capital del país, pues se materializó en un escaño legislativo para la activista lesbiana, Patria Jiménez, quien ocupó un curul en la Cámara de Diputados en el periodo 1997-2000. También se logró en 1998 llevar a cabo el Primer Foro de la Diversidad Sexual en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que convocó a activistas, académicos y legisladores a reflexionar desde el espacio legislativo sobre los temas políticos y de derechos de las poblaciones de la disidencia sexual.
Antes de finalizar el siglo XX, la Marcha del Orgullo LGBT, logró llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Un avance simbólico y numérico de grandes dimensiones. Más de 100 mil personas de la diversidad sexual llenaron la plaza pública más importante del país para exigir derechos, igualdad y libertades. Con ese avance inició el nuevo milenio un año después, cuando la ALDF logró tener por segunda ocasión una mayoría de diputados y diputadas de izquierda, lo que posibilitó una interacción cercana con el activismo LGBT+, que para ese momento ya contaba con otro referente en el poder legislativo de la capital: Enoé Uranga Muñoz, quien impulsó la Ley de Sociedades de Convivencia, primera propuesta legal que permitía la unión entre personas del mismo sexo, la cual no se aprobó por el veto que ejecutó el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sino hasta finales del 2006, durante el gobierno de transición encabezado por Alejandro Encinas.
A partir de aquel año vinieron más logros en la capital del país en materia de diversidad sexual gracias a la apertura que se tuvo tanto en el espacio legislativo como en gobierno, y siempre con el empuje de la sociedad civil organizada que logró en 2008 la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la cual reconoció el derecho de las personas transgénero y transexuales a tener su identidad social reflejada en su acta de nacimiento. En un primer momento esa ley impuso procesos legales muy burocráticos y con costos excesivos para quienes deseaban hacer su cambio de identidad de género en sus actas, por lo que en 2014 se reformó la ley, logrando que las personas trans pudieran hacer sus trámites legales con un proceso más sencillo y económico.
En 2009 se propuso la Ley de Matrimonio Civil Igualitario, la cual pasó con el voto mayoritario de la izquierda representada en la ALDF y con la posibilidad de la adopción, un tema polémico que se pretendía vetar, pero el activismo cabildeó férreamente, logrando que el mismo día se destrabara ese candado que quisieron imponer grupos conservadores al interior de la ALDF.
Un gran avance también se dio cuando en 2007 se logró la tipificación de los crímenes de odio por homofobia en la Ciudad de México y la instalación de la Fiscalía Especializada en la atención a poblaciones LGBT+. Esa propuesta de ley se ha legislado en siete entidades más del país, aunque sin el componente de la Fiscalía, y ha permitido la creación de protocolos elaborados desde el Poder Judicial Federal para que el personal judicial tenga herramientas que permitan garantizar los derechos de las ciudadanías de la diversidad sexual cuando se enfrentan a asuntos judiciales y de justicia.
El empoderamiento del activismo de la diversidad sexual se fortaleció durante la segunda década del siglo XXI al lograr una profesionalización de las organizaciones civiles que fueron coadyuvantes en mucho de los procesos legales al defenderse con amparos colectivos para poder acceder al matrimonio civil igualitario, que a la fecha se ha logrado en 24 estados del país, siendo Baja California, Durango y Sinaloa, los tres estados que lograron aprobar dicha propuesta en días pasados.
La realidad es que los Congresos de esos estados se vieron forzados a discutir la propuesta por la presión del activismo y porque está de por medio el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al legislativo (con el precedente de la acción de inconstitucionalidad 43/2015) para que los congresos estatales legislen a favor del matrimonio igualitario bajo el precepto máximo de la no discriminación, consagrado en el artículo 1º de nuestra Constitución.
Avances se detienen
A pesar de algunos logros recientes, hasta antes del año 2018, la diversidad sexual de México tuvo un ritmo de avances ascendentes y un protagonismo constante en la lucha por sus derechos. La marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México ha llegado al medio millón de participantes y está catalogada como una de las manifestaciones sociopolítica y culturales más importante del calendario cívico de nuestro país. Hoy en día no hay ciudad grande o mediana de México que no tenga su Marcha del Orgullo LGBT en alguna fecha simbólica de cada entidad.
Con el cambio de gobierno en 2018, la lucha social se ha visto frenada en sus demandas a pesar de que en las últimas tres décadas se fincó un andamiaje legal y de políticas públicas con epicentro en la Ciudad de México y que poco a poco fueron extendiéndose en el resto de los estados del país. Hoy faltan ocho entidades en aprobar el matrimonio igualitario. La ley de identidad de género sólo se ha legislado en una decena de estados y leyes que tipifican la violencia criminal contra personas LGBT+ sólo han sido aprobadas en siete estados del país.
Algunos retos
Los retos de la diversidad sexual en México son muchos. Uno de ellos es defender los avances libertarios que comenzaron con la llegada del PRD a la ALDF en 1997 y que se frenaron en 2018; por otro lado, urge avanzar en la lógica de la progresividad de derechos de todos esos logros, e integrar los “nuevos” temas de agenda que exige el activismo sexo diverso, entre ellos: hacer extensivo los derechos a las infancias trans, una realidad que no se quiere ver, pero que siempre ha existido por más que se pretenda negar que existe niños y niñas transgénero, y que al no entenderse sus realidades, se les violenta sobremanera desde la casa, en la escuela y espacios públicos.
Otro tema urgente de legislar es la prohibición de las “terapias de conversión” que sigue afectando la salud emocional, mental y física de muchas personas LGBT+; asimismo, es un imperativo fortalecer los derechos políticos y electorales de las poblaciones de la diversidad sexual con “acciones afirmativas”, tal como lo mandató recientemente el Tribunal Electoral al INE para que todos los partidos integren en sus candidaturas a personas de la diversidad sexual y otros grupos históricamente excluidos.
Las luchas de las poblaciones LGBT+ en México cobran relevancia cuando se observa la discriminación y violencia criminal en contra de sus miembros. En días pasados se difundió en los medios la violencia criminal contra un joven gay en el Metro de la Ciudad de México perpetrado por policías de ese medio de transporte y el gobierno capitalino, en lugar de actuar, intentó persuadir al joven para no denunciar. También se supo del crimen de una joven con VIH en Cancún, Quintana Roo, por ser seropositivo. Y por desgracia noticias como las anteriores han comenzado a ser comunes y muchas veces las víctimas nunca alcanzan la justicia y quedan en el olvido debido la falta de sensibilización de las autoridades encargadas de impartir justicia, y aún del mismo activismo (con honrosas excepciones) que está desarticulado.
Los reportes de organizaciones civiles y órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Conapred, indican el grado de vulnerabilidad en derechos en contra de quienes son parte de la diversidad sexual en todo el país. Ante ello, es preciso que las organizaciones civiles no orgánicas y activistas independientes sigan teniendo protagonismo en la defensa de sus derechos, que accedan al poder político y de toma de decisiones para hablar de viva voz y en primera persona con el propósito de seguir luchando por su sector y avanzar en derechos en la lógica de la progresividad.
Es urgente escucharles sin demagogias ni usos clientelares, como lo ha hecho el gobierno federal y su partido desde que llegaron al poder, pues los avances logrados por el activismo desde 1979 debe valorarse y se debe honrar a quienes en estas cuatro décadas han aportado sus esfuerzos como activistas por una sociedad incluyente y con derechos para todas las personas de la diversidad sexual de todo México.
Nuestro país no puede excluir ni discriminar. México debe ser un país que integre, una, cohesione y progrese en derechos. Ante ello, quien esto escribe tiene la firme convicción de que “si la diversidad sexual no está, la democracia, no va!”
FOTO: Una activista por los derechos de la comunidad LGBT celebra la aprobación del matrimonio igualitario por la Legislatura de Tlaxcala en diciembre de 2020./ Crédito: Jesús Alvarado/ EL UNIVERSAL
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