Política Digital para la Cultura: una primera dosis para el Covid-19
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La contingencia sanitaria es una excelente oportunidad para fortalecer los servicios digitales del país, que deben garantizar el libre acceso a los derechos culturales, a partir de propuestas revolucionarias
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POR CARLOS LARA G., JORGE BRAVO, JORGE FERNANDO NEGRETE P. Y JOSÉ MANUEL HERMOSILLO
Nelson Mandela declaró que no había herramienta más poderosa de transformación social que la educación. Suscribimos, sostenemos y extendemos la afirmación: no hay herramienta más poderosa de transformación social que Internet y los servicios de telecomunicaciones. En época de pandemia es la infraestructura digital la que preserva y garantiza los derechos humanos, al permitir su ejercicio. La infraestructura digital habilita el derecho a conocer y sentir, a transferir y transportar símbolos de la mano de sus significados. Los cuatro párrafos informativos del Programa Sectorial de Cultura 2024 relativos a la Agenda Digital de Cultura, así como la ignorancia acerca de la tecnología 5-G y el retiro de computadoras en áreas estratégicas de la administración pública, reflejan la pobre visión del gobierno en esta materia. Esto sin dejar de mencionar que la cobertura social de servicios de telecomunicaciones está por dejar sin conexión a 12 millones de mexicanos que habitan en comunidades rurales donde no llegan los proveedores de servicios terrestres, todo por un capricho presidencial (adiós a e-México). La pandemia ha modificado el consumo cultural de bienes y servicios; éste ya no sólo es algorítmico, sino confinado y a domicilio.
Mientras estés conectado, tendrás acceso a tus derechos
Como sabemos, han existido decenas de pandemias en la historia de la humanidad, pero la actual es la primera donde hay una poderosa infraestructura digital para enfrentar el confinamiento que nos ha llevado a mantener vigentes nuestros derechos fundamentales e indicadores económicos. Es la primera pandemia que mantiene la libertad de expresión intacta, el derecho de acceso a la información pública, a la salud, la educación, al trabajo de este siglo (el teletrabajo) y, particularmente, el acceso a la cultura.
No sólo eso, será la primera en la cual la tecnología digital ayude a reactivar la economía, el empleo y la normalidad social. Por primera vez en la historia de la humanidad el ecosistema digital en su conjunto (cómputo, procesadores, software, dispositivos móviles, infraestructura de telecomunicaciones y empresas digitales) interactúa con un solo objetivo: conectar para preservar el Bienestar Digital Cultural. Por esto la consideración de que una política pública digital en materia de cultura tenga su base no sólo en el reconocimiento de los derechos fundamentales y en la planeación del desarrollo nacional, sino también en la rectoría económica del Estado y en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
La reclusión que estamos viviendo ha generado un proceso de inmersión digital visceral, intrusivo, inesperado e inevitable. Un cisne negro para la política cultural. Pero debemos ser capaces de observar que la cultura está frente a una oportunidad inestimable. Cuando regresemos del confinamiento seremos una sociedad plenamente digital. La transformación involuntaria exigirá una nueva política pública.
¿Una idea es un proyecto? No. ¿Tenemos hoja de ruta en la política cultural? No. ¿Tenemos una visión digital para la cultura? No. ¿Sabemos el destino, los objetivos y el camino? No. ¿Tenemos una visión 5G del sector cultural con Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial para la experiencia del visitante y mantenimiento del patrimonio cultural de museos, bibliotecas y zonas arqueológicas? No. ¿Contamos con una política de preservación digital del patrimonio cultural en su conjunto? Tampoco. ¿Una visión para los capítulos de propiedad intelectual, economía digital y telecomunicaciones del TMEC? Mucho menos. ¿Cuál es la posición del Estado en materia de plataformas OTT como Netflix o Spotify? No sabemos. ¿Contamos con política digital para la industria editorial, para los fondos de catálogo en Kindle y Amazon? Ojalá. ¿Contamos con Agenda Digital para los Medios Públicos? La respuesta es la misma: no.
Las actividades sociales y económicas que se digitalizaron son las que están enfrentando de mejor forma la pandemia y la reclusión. La infraestructura digital les ha permitido ser resilientes y sobrevivir. La falta de demanda de servicios in situ ha sido transportada al universo digital. La ausencia de política digital para la cultura no sólo manifiesta un abandono, viola y traiciona –ipso iure– derechos humanos, conculca derechos culturales y agrede de forma íntima la creatividad y el patrimonio artístico y cultural de una nación.
Por eso es condenable no sólo la inanición del gobierno en esta materia, sino también su empeño por dejar sin cobertura social de servicios de telecomunicaciones a 12 millones de mexicanos, que habitan en comunidades rurales donde no llegan los proveedores de servicios terrestres. Sí, pretenden arrebatar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Fideicomiso 2058, mejor conocido como e-México, lo cual afectaría a las poblaciones que utilizan estos servicios de conexión en escuelas, oficinas y centros de salud. Y es que el gobierno ha dejado de pagar a sus proveedores de conectividad satelital, complicando la situación económica de estos y poniendo en riesgo miles de empleos formales. Pretende acabar con un sistema de redes que ha costado más de 20 años desarrollar; redes de conectividad satelital que sirven a las poblaciones de menos de 5 mil habitantes. Con esta decisión, ese fraseo de “No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Cultura, queda reducido a un slogan publicitario, pues estarían dejando a una parte importante de la población, a los que menos tienen, sin las únicas redes que hoy les permiten acceder a internet, a bienes y servicios culturales, y reducir así la brecha digital, como lo establece la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la cual México es compromisario.
La oportunidad
La emergencia sanitaria ha cambiado planes, programas y prioridades en todos los ámbitos de la vida económica y social. Ha alterado el fondo y la forma acerca de cómo se están tomando las decisiones. Sin embargo, millones de personas han constatado al mismo tiempo que podían vivir sin restaurantes, aviones, plazas, tiendas departamentales, autos, etcétera. No así sin música, libros, películas o series televisivas… El arte y la cultura han demostrado una vez más su capacidad para mantener la cordura social y hacer más llevadero el confinamiento. Por ello que la cultura es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
La Secretaría de Cultura anunció un programa a través de plataformas digitales, al igual que decenas de gobiernos del mundo, un conjunto de acciones parecidas más a una ocurrencia que a un set de política pública de vanguardia.
Los artistas, creadores y profesionales de la cultura, así como las organizaciones del sector cultural, han desempeñado un papel fundamental en la promoción del bienestar y la resiliencia de las personas y las comunidades, ejercieron su derecho a la información, libertad de expresión y creativa. Han fomentado la conciencia cívica y la tolerancia y crean las normas para imaginar las sociedades del futuro, que ya se configuran en medio de esta gran agitación mundial que vivimos por la emergencia sanitaria. Son ellos de quienes ha venido la inspiración de la acción pública, las mejores iniciativas.
Estamos convencidos de que el poder de la cultura y su actividad económica a través de una política digital nacional puede contribuir, sin precedentes, a la construcción de comunidades sanas, sustentables, creativas, innovadoras y resilientes, al desarrollo económico y social.
La acción gubernamental, si decide ejecutar una estrategia digital enmarcada en una Política Digital para la Cultura, debe partir, como hemos señalado, del reconocimiento de los derechos fundamentales, de la rectoría económica y de la planeación para el desarrollo del Estado. Así como de la consideración de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, razonando el propósito de convertir al ciudadano en el eje rector de los medios, entre ellos los de servicio público, en la acción de gobierno. Para implementar una política cultural se debe saber transitar en dos vías de forma simultánea para reducir la brecha digital entre la población y garantizar el derecho de acceso a la cultura.
La primera forma es mediante la inclusión digital universal que asegure a la ciudadanía el derecho a participar en la vida cultural y la presencia de bienes y servicios culturales. Que se asegure a la población su integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que garantice el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Una segunda vía es que, a través de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, se brinden los beneficios de la cultura a toda la población, y que sean estos los medios para la difusión y desarrollo del arte y la cultura. Diseñar e implementar una política digital para la cultura significa construir nuevas y mejores oportunidades, desafíos y políticas asociados a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Las dimensiones
La dimensión digital de la cultura habilita la preservación virtual del patrimonio cultural, su reconstrucción, evocación, documentación e incluso búsqueda geográfica. Las más recientes tecnologías permiten reconocer las topografías, las geografías escondidas y revelarlas con el patrimonio cultural adosado a la naturaleza, generando historia y enriqueciendo nuestra cultura.
Podemos preservar en el imaginario digital todo el patrimonio cultural. Las lenguas originarias, el patrimonio inmaterial, el histórico y artístico deben ser sujetos de la más ambiciosa preservación digital de nuestra historia. ¿Dónde está la Mediateca Nacional?
Estar conectados significa interpretar, ejecutar para todos en el universo digital: ¿para qué una sala de conciertos si tenemos un universo propio, millones de pantallas como oportunidad de transmisión cultural? ¿Para qué un mensaje para unos, cuando el mundo observa? ¿Para qué interpretar en una sala remota, cuando podemos tocar juntos, desde distintas geografías, nacionalidades, razas y culturas? ¿Para qué ser sólo provechosamente nacionales si podemos ser generosamente universales? La conquista de las audiencias es una oportunidad para las artes en general y la industria audiovisual.
El sector público requiere en estos momentos de la infraestructura digital para orientar la prestación de bienes y servicios culturales que garanticen el derecho de acceso a la cultura, potenciando su actividad económica, así como el ejercicio de los derechos culturales.
Un momento cumbre de la civilización cultural será el de la combinación de los servicios públicos culturales como museos, zonas arqueológicas y bibliotecas, habilitados por el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones e Internet.
Una Política Digital para la Cultura
Desde hace algunos años, Jorge Fernando Negrete, Director de Digital Policy and Law, José Manuel Hermosillo y Carlos Lara G., fundadores de Artículo 27 S. C., hemos trabajado la idea de pasar de la digitalización de la burocracia al desarrollo de una Política Digital para la Cultura que fusione principios constitucionales, legislación secundaria, líneas de acción gubernamentales y una alineación transversal con otros sectores estratégicos para la creación de indicadores y desarrollo de metas institucionales.
Partimos de lo establecido en la Estrategia Digital Nacional, donde el gobierno federal se ha comprometido a desarrollar una Agenda Digital de Cultura promotora de visitas virtuales a museos y sitios históricos. Dicha Agenda está orientada a impulsar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información. Cuenta con líneas de acción orientadas a posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación); a desarrollar una estrategia nacional de digitalización, preservación y accesibilidad en línea del patrimonio cultural; a dotar la infraestructura cultural nacional de acceso a las TIC. Asimismo, estimular el desarrollo de las industrias creativas y crear plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales, así como impulsar la creación e innovación digitales.
En este modelo de Política Digital para la Cultura consideramos necesario observar las relativamente recientes reformas a las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación y Orgánica del Conacyt, encaminadas a terminar de democratizar la información y el libre acceso a todo lo que el Estado produce con fondos públicos. Esto es, caminar hacia el paradigma del “acceso abierto” a través de la difusión gratuita del conocimiento generado con recursos públicos y con la creación del Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, que deberá estar disponible para la ciudadanía. Lo anterior garantiza el derecho de todos a acceder a bienes y servicios culturales que aún no terminan de ser nacionales.
Conscientes de que el derecho a la cultura se fortalece a través de la educación, en la Política Digital para la Cultura consideramos también lo establecido en la Estrategia Digital Nacional en materia de educación de calidad, cuyo compromiso es integrar y aprovechar las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento para ampliar las habilidades digitales entre los alumnos mediante prácticas pedagógicas, crear contenidos digitales alineados con planes curriculares e impulsar la evaluación de éstos con el propósito de incorporar el uso de las TIC, así como la incorporación de éstas en la formación docente como herramienta de uso y enseñanza.
Estamos seguros que una Política Digital para la Cultura que sepa utilizar la conectividad puede desarrollar un programa verdaderamente nacional de los conciertos, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Coro y del Ballet del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como lo mejor de la programación de las instituciones culturales del país. Considérese el material de la Cineteca Nacional, las producciones del Centro de Capacitación Cinematográfica, el trabajo realizado por los becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; hallazgos e investigaciones del INAH; documentales, programas y series de los canales 11 y 22 y TV UNAM; obras teatrales de espacios como el Helénico, entre otras tantas expresiones artísticas escénicas.
Todo esto complementado con realizaciones artísticas y culturales de cada región a lo largo y ancho del país, entidad o ciudad de la República para tener una agenda equilibrada. Asimismo, manifestaciones culturales de otros países para recrear de la mejor manera posible nuestra identidad cultural y el diálogo entre culturas.
Los elementos
En nuestra opinión, toda política pública tiene un campo de acción concreto. En ese sentido, sostenemos que la acción de gobierno desarrollada mediante políticas públicas debe apegarse al menos a las siguientes características para imprimir solidez, coherencia y trascendencia.
Legalidad. Que cuente con alguna base en la legislación que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno. Respeto al orden legal.
Recursos. Un presupuesto digno para diseñar e implementar acciones encaminadas a garantizar derechos fundamentales.
Transversalidad. Que el Estado, a través de sus tres poderes y los tres niveles, implemente y coordine de forma transversal la prestación de bienes y servicios en el ámbito cultural, favoreciendo una suerte de federalismo cultural subsidiario.
Continuidad de acciones. Que exista una continuidad a través del tiempo y de los cambios de gobierno que favorezca la continuidad de acciones, con claridad, prominencia y consistencia. Aquí descansa uno de los pilares más importantes que hacen la diferencia entre lo coyuntural y lo estructural.
Conectividad. Fundamental para sintonizar y conectar con el nuevo consumo cultural de bienes y servicios culturales que es cada vez más algorítmico, que viaja cada vez más por la red y que es también cada vez más confinado.
Participación ciudadana. Que los ciudadanos, particularmente los grupos de la sociedad civil organizada impactados por la política pública, la conozcan y en términos generales la acepten. Asimismo, que exista alguna forma de rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables de aplicarla.
Relativa autonomía. Necesaria para la ágil implementación de acciones, así como para la contratación y pago de bienes y servicios.
Medición del impacto (sociocultural). Aún y cuando es complicado construir indicadores para medir el impacto sociocultural, es necesario hacerlo, porque se trata de medir el cambio de las condiciones en que vive una comunidad a partir de la implementación de acciones o programas.
Transparencia. No sólo hablamos de rendición de cuentas, también de aplicar el principio de máxima publicidad, porque esto es lo que genera participación ciudadana, continuidad, etcétera.
El tránsito de la posesión al acceso en la datósfera
Es fundamental que tanto el gobierno como los agentes culturales comprendan este tránsito que estamos viviendo, donde el libro impreso, como aún lo conocemos, ha sido durante siglos la base de la cultura, por lo menos desde la denominada Galaxia Gutenberg. En las últimas décadas del siglo XX, en la denominada Galaxia McLuhan, fue un importante difusor de ideas y base central de la educación formal. En la actualidad, en esta segunda década del siglo XXI, enmarcada en lo que podríamos denominar como la Galaxia Microsoft, hemos pasado de la posesión de bienes culturales a la suscripción y al acceso de los mismos. Una suerte de moneda social de venta algorítmica mediante aplicaciones, que pasa de la obra al texto y de éste al hipertexto: una transición marcada por la desvaloración del trabajo escrito, característico de ese emocionante paso de lo narrativo a lo visual y de lo visual a las plataformas multimedias propias de nuestra cultura actual, una cultura de masas personalizada. Lo anterior nos convierte en una suerte de prosumidores o produsuarios en movimiento; que se mueve en una cultura red, misma que se erige en una cultura de autoría donde, como diría Emmanuel Carballo, suele haber más escritores que lectores.
Visto así, desde el ámbito de la industria editorial y del comercio de bienes y servicios culturales, el libro enfrenta diversas batallas, una de ellas ocurre constantemente al seno de organismos como la UNESCO, que concibe el libro como un bien cultural, en oposición a la Organización Mundial de Comercio, para la cual un libro es un producto más en el mercado.
Como sabemos, México forma parte de ambos organismos. Por ende, es de los países que ha optado por el modelo continental, partidario de las políticas, fomento e impulso al libro y la lectura; contrario al modelo anglosajón, promotor del libre mercado, la oferta y la demanda. Es aquí nuevamente donde la conectividad, en el marco de una Política Digital para la Cultura, puede garantizar la bibliodiversidad en la industria del libro y la lectura.
Otro de los puntos relevantes que consideramos debe tener en cuenta el gobierno y los agentes culturales es que vivimos una digitalización de contenidos en la que, la mayoría de las veces, la realidad nos demuestra que más es menos. Ya no es necesario apropiarse de esos objetos culturales llamados libros con aquella actitud burguesa de antaño, como afirma Frédéric Martel (2014), sino optar sólo por tener acceso a ellos.
Esta inmersión es una suerte de datósfera donde la suscripción, y ya no la propiedad, determina el consumo cultural, marcando el futuro de los bienes y servicios culturales, el libro entre ellos. En efecto, disfrutamos cada vez más de las descargas y ese efecto catálogo de la industria del entretenimiento, lo que demuestra que hemos pasado de una industria generadora de bienes culturales a una industria generadora de servicios, donde la capacidad de almacenamiento es determinante. Por eso es importante una Política Digital para la Cultura; no basta la digitalización de contenidos.
Recientemente la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la emergencia sanitaria, recomendó, por primera vez en su historia, incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios.
Advierten que el arte y la cultura benefician seriamente la salud. Como señalamos al inicio, en este confinamiento por la pandemia de Covid-19, el arte y la cultura se convirtieron en una evidencia para muchos, que buscan eventos culturales en línea o se dedican a actividades artísticas para matar el aburrimiento, la ansiedad o simplemente para expresarse. Han hecho más llevadero el confinamiento.
El organismo señala que la música, la pintura o la danza benefician la salud: escuchar música, por ejemplo, ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre, hacer música mejora el sistema inmunitario y la gestión del estrés, bailar proporciona beneficios en todo el cuerpo y la mente y la pintura o la escultura ayudan en los estados depresivos.
Lo anterior es muy importante, no sólo por ser la primera vez que dicho organismo realiza un estudio a gran escala sobre los lazos entre el arte, la salud y el bienestar, sino también por ser la primera vez en que hace un llamado a los gobiernos y autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y artístico. La oficina regional para Europa ha analizado 900 publicaciones científicas de todo el mundo y la principal conclusión es que “involucrarse en el arte, ya sea bailar, cantar o acudir a museos y conciertos ofrece una dimensión añadida a cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental”, según Piroska Östlin, directora regional de la OMS para Europa.
Los ejemplos citados en el informe de la OMS muestran cómo las artes pueden abordar problemas de salud insidiosos o complejos como la diabetes, la obesidad y la mala salud mental. Consideran la salud y el bienestar en un contexto social y comunitario más amplio y ofrecen soluciones que hasta ahora la práctica médica común no ha podido abordar con eficacia. Cabe señalar que el organismo ha venido apoyando recientes descubrimientos sobre el papel de la música y la creatividad como un suplemento en tratamientos severos que incluso puede potenciar los efectos positivos.
Como sabemos, el acceso a la información es un derecho humano, primo hermano de la cultura y el acceso a Internet. Visto así, las tecnologías digitales son medios cruciales para hacerles valer, para crear, distribuir y consumir bienes y servicios culturales.
La brecha digital es notable. De acuerdo al INEGI, el 65.8 % de la población tiene acceso a Internet y el 51.1 % lo utiliza para acceder a redes sociales, lo que ofrece una visión limitada de los vastos recursos y herramientas disponibles para aprender y crear con el apoyo de la tecnología y la cultura en red. La propia Secretaría de Cultura reconoce en el Programa Sectorial que un factor de este rezago en el desarrollo de la cultura digital es la dificultad de las instituciones culturales para asimilar y comprender sus formas de comunicación, así como su potencial económico. Se compromete a generar políticas públicas que impulsen el desarrollo de los emprendimientos digitales y ecosistemas que construyan las manifestaciones de la cultura digital contemporánea. El problema es que no dice cómo.
En conclusión, una Política Digital para la Cultura puede impulsar la garantía, tanto de acceso a bienes y servicios culturales como el ejercicio de los derechos culturales que el Estado está obligado a prestar, en condiciones de normalidad como de confinamiento. En ambas ha quedado demostrado que el arte y la cultura, materializados en bienes y servicios, han sido determinantes para la convivencia y recreación de las personas, las familias y comunidades enteras. Han fortalecido la esperanza, la solidaridad y la cohesión social. Así de importante es una Política Digital para la Cultura.
10 acciones de Política Digital para la Cultura:
1. Diseño inmediato de una Agenda Digital para la Cultura. Política digital para preservar derechos y patrimonio cultural en una sociedad digital.
2. Estudio estratégico y prospectivo sobre el impacto y oportunidades de la tecnología digital en la cultura: 5G, Internet de las Cosas, análisis de los grandes datos, Inteligencia artificial, Realidad Aumentada y Realidad Virtual.
3. Análisis estratégico de los capítulos de Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones y Comercio Digital del TMEC, su impacto, amenazas y oportunidades en la política cultural.
4. Programas de educación artística a distancia en todas las disciplinas.
5. Programas de preservación y mantenimiento digital del patrimonio cultural.
6. Creación de la Mediateca Nacional.
7. Diseño de política editorial en el mundo digital.
8. Diseño de política para preservar el servicio público y acceso de bibliotecas, museos y zonas arqueológicas en el mundo digital.
9. Política digital para la industria cinematográfica.
10. Creación del programa de pyme cultural digital.
FOTO: Presentación de la experiencia virtual en el túnel de La serpiente emplumada de Teotihuacán en el Museo de Antropología en julio de 2018./Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL
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