Una cuestión de políticas públicas
POR PEDRO ASPE
La despenalización del consumo y portación de marihuana se ha visto históricamente como un tema estrictamente ideológico: la oposición de una postura de estado paternalista con la de un estado liberal. Sin embargo, se ha omitido el punto de vista más relevante: el consumo de marihuana es primordialmente un asunto de políticas públicas en general y de salud pública en particular. Asimismo, no se ha reparado en los fuertes incentivos económicos que la prohibición genera a los participantes involucrados en el mercado de la marihuana y que han resultado en un aumento generalizado de la violencia. Mi prioridad es la de contribuir a elevar el nivel de la discusión sobre este tema, llevándolo de un ámbito meramente punitivo (policial) a uno de políticas públicas.
La prohibición actual ha resultado sumamente onerosa para el estado mexicano, tanto en términos de gasto público, inversión perdida y desarrollo social, como de desgaste social y pérdidas humanas. En México la amplia mayoría de la población considera que la política de prohibición no ha funcionado, y que es necesario un cambio en la política pública respecto de la marihuana. La propuesta de este grupo es impulsar la despenalización efectiva de la marihuana a través del aumento de los montos autorizados para el consumo personal (recordemos que la portación de marihuana está ya despenalizada en el país, pero con una dosis demasiado pequeña). Por lo pronto, sería de gran valor homogeneizar los criterios de portación con los de Colorado y Washington, entidades de Estados Unidos que han legalizado la marihuana.
Aunque nuestra propuesta puede sonar limitada en su alcance, existe un paralelismo con la forma en que inició la liberalización del comercio en México: comenzó con pequeños pasos, que mostraron su efectividad en el corto y mediano plazo y condujeron a cambios más sustantivos. En el caso particular de la despenalización efectiva de la marihuana, dar pasos graduales nos permite como sociedad tomarnos el tiempo necesario para reflexionar e ir reaccionando acorde a la realidad que se nos vaya presentando.
La prohibición genera incentivos económicos perversos que dificultan el combate a los productores y distribuidores de marihuana. El precio de la marihuana es más alto de lo que sería bajo una estructura de mercado —lo que los economistas llamamos el precio de mercado ilegal—. Este precio implica rentas extraordinarias que por lo general se invierten en armamento, personal para defender el comercio (sicarios) y en la corrupción de funcionarios. En el largo plazo, estas inversiones hacen más difícil para el estado combatir el comercio y elevan el nivel de violencia con el que los traficantes defienden su negocio tanto del Estado como de cárteles competidores. Aumentar el límite de marihuana que un individuo puede portar iniciará la reducción de estas ganancias.
Esto se traduciría en un menor gasto público que se podría emplear para otros fines, incluidas la rehabilitación de consumidores y la educación y prevención ligada al consumo de estupefacientes. Adicionalmente, el estado dejaría de gastar recursos considerables ligados a su rehabilitación social y la impartición de justicia. Asimismo, se deben considerar los beneficios que se tendrían por evitar que estos portadores “minoristas” tengan contacto con criminales dentro de las cárceles, aminorando el llamado efecto multiplicador de los centros penitenciarios como “escuelas del vicio”.
Los beneficios económicos expuestos no incluyen las ganancias considerables que lograría la sociedad ligadas a una reducción en la violencia y en el número de muertes en el país. Como mencioné, es necesario un cambio de políticas públicas respecto a la marihuana, ya que la alternativa de no realizar un cambio conlleva costos que a la fecha han resultado demasiado altos.
Ex secretario de Hacienda y Crédito Público.
*Fotografía: Un activista absorbe el humo de su cigarro de mariguana durante la marcha exigiendo la legalización/EFE/Mario Guzmán.
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