AMLO estrangula al INAI en 2023
Sin aportar datos contundentes, el Presidente destruye instituciones con el argumento de que no funcionan o son corruptas. En este caso, con el Inai fuera, se elimina la rendición de cuentas a los gobernantes
POR ANTONIO MEDINA TREJO*
Gracias a que en 2003 nuestro país ya contaba con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ese órgano autónomo y seis organizaciones civiles desnudaron a Jorge Serrano Limón, líder del ultraderechista Comité Nacional Provida**. Dos décadas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tarea en la que la mayoría morenista en el Senado de la República contribuye al negarse a nombrar a los tres comisionados faltantes.
El escándalo de Provida se suscitó por la indagación de activistas del movimiento feminista quienes descubrieron que en la ampliación presupuestaria de 600 millones de pesos destinados para programas de salud de las mujeres y otros rubros del año 2003, en los que se incluían 208 millones de pesos para el control del VIH/sida, a este programa le habían sido restados 30 millones de pesos, mismos que se reasignaron al financiamiento de 10 Centros de Ayuda para la Mujer —clínicas antiaborto pertenecientes a Provida.
Además, se descubrió que, con esos recursos públicos, Serrano Limón compró plumas Mont Blanc, trajes de finas marcas, joyas Cartier, e incluso tangas.
El hallazgo trascendió a los medios y se sustentó en la Ley de Transparencia, que para ese momento era muy reciente y se hizo valer a través del IFAI, un órgano autónomo que pronta y expeditamente respondió cada una de las solicitudes de información formuladas por las organizaciones civiles para documentar el caso.
Esta investigación es emblemática y se considera una de las acciones más certeras de transparencia gestada desde sociedad civil precisamente en los primeros años del “sexenio de la transición”, en donde el IFAI, como órgano autónomo, fue el gran facilitador de esa experiencia ciudadana.
No obstante, el proceso de investigación tuvo dificultades, pues dependencias federales como la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Salud, acostumbradas a la opacidad, se negaban a informar, pero la ley es la ley y el IFAI ejerció su facultad de obligarles a responder las solicitudes de información hechas por la ciudadanía.
Tras este litigio estratégico de la sociedad civil, Jorge Serrano Limón fue inhabilitado por 15 años para ocupar cualquier cargo en la administración pública y multado con 13 millones de pesos por hacer uso indebido del dinero público. En tanto, el exdiputado Luis Pazos –entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados-, y quien “transfirió de manera unilateral” el recurso a Provida, protegido por el PAN, continuó su carrera política. Nunca se le pudo fincar responsabilidad alguna, aunque el señalamiento lo ha perseguido por haber facilitado ese ilícito.
El TangaGate de Provida, como lo llamaron los medios, es emblemático porque permitió a una ciudadanía organizada y denunciante hacer justicia con base en la ley y las pruebas que las mismas instituciones aportaron, fue un ejercicio ciudadano que develó la protección u omisión del PAN en este desvío de recursos destinados a la atención de personas que viven con VIH (un sector repudiado por el conservadurismo), para trasladarlos a una organización afín a sus dogmas religiosos cuya tarea consistía en persuadir a mujeres para no abortar.
Es decir, en el TangaGate hubo un elemento ideológico para el mal uso del recurso público, mismo que denunciaron diputados del PRD de la LVIII y LIX legislaturas, junto a organizaciones con una visión liberal con las que coincidían en la defensa de los derechos de las personas con VIH y a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
AMLO y su afán de destruir la transparencia
Dos décadas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer al INAI y suplirlo con la Secretaría de la Función Pública, o sea, que el gobierno sea juez y parte en la tarea de informar a la sociedad.
La idea autoritaria y oscura del presidente de México arrebata a la sociedad mexicana un instrumento eficaz utilizado por organizaciones civiles, investigadores, medios de comunicación y ciudadanía en general para exhibir la corrupción de gobiernos de todos los colores partidistas y denunciarlos con base en información de las mismas instituciones públicas.
Muchas han sido las artimañas de la 4T para que desde el Senado se dinamite al INAI, como por ejemplo inmovilizándolo al no nombrar a los tres comisionados que hacen falta para que pueda sesionar el pleno.
La intransigencia del obradorato tiene detenidas miles de solicitudes de información que se procesan en el INAI. Hoy, la sociedad mexicana no puede saber el destino de los recursos públicos, por ejemplo, los otorgados durante tres años al INSABI recientemente destruido por el presidente. ¿En qué se gastaron y dónde están esos miles de millones de pesos?
Sin aportar datos contundentes, López Obrador destruye instituciones con el argumento de que no funcionan o son corruptas. Se espera que el activismo de distintos movimientos sociales emprenda acciones en defensa del INAI. La sociedad civil debe mostrar músculo para evitar todo intento de concentración del poder.
* Activista pro-Derechos Humanos y periodista independiente. @antoniomedina41
** Con información de: “El caso Provida: deudas pendientes con la transparencia y la justicia”, de Gaia Gozzo. ©Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. 2006.
FOTO: El INAI es un organismo autónomo en riesgo de desaparecer y ser suplido por una dependencia centralizada, la SFP. Crédito de imagen: Archivo El Universal
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