Entre la austeridad republicana y la economía moral
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Las políticas públicas del nuevo gobierno y el discurso del bienestar poblacional han desdeñado la importancia que las industrias creativas tienen en el desarrollo económico del país, incluso para las comunidades que se pretende favorecer
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POR CARLOS LARA G.
Un año ha sido suficiente para ver que la Secretaría de Cultura, pese a sus esfuerzos por hacer notar las acciones realizadas, se encuentra emparedada entre una absurda política de austeridad y la naciente Economía moral. La primera, echó por tierra su bandera de El poder de la cultura, la segunda puede estancar su programa insignia de Cultura Comunitaria en una suerte exhibicionismo ornamental. No ha sabido comunicar coherentemente las acciones desarrolladas, lo cual genera confusión y no permite ver dónde está puesto el acento de la política cultural de este sexenio. Lo peor está por venir en la anunciada Economía moral, enemiga de la economía creativa, por lo que la secretaria deberá mostrar más osadía en los próximos años, comunicar mejor sus acciones y hacer de los acuerdos de la Reunión Nacional de Cultura una urdimbre fina, si quiere que sus esfuerzos tengan un verdadero impacto en las comunidades, y no sólo presencia y visibilidad. A estas alturas sabe muy bien que la principal competencia para estar en el gabinete, es saber administrar los gustos y caprichos presidenciales. Ojalá sepa imponerse con El poder de la cultura.
Lo digo porque esos caprichos han llevado a la desaparición de Proméxico, del Instituto Nacional del Emprendedor, a la incapacidad del Indautor para representar artesanos en litigios; a las consultas amañadas en el pretendido el Tren Maya, al desdén de los pueblos y comunidades originarias y a la falta de destreza política para acompañar un proyecto legislativo que les genere mejores condiciones de desarrollo. Ante estos caprichos, hemos visto una secretaria de Cultura que trabaja con más entusiasmo que presupuesto, con más empeño que facilidades y más optimismo que condiciones. El estilo personal de gobernar del presidente ha hecho de la austeridad la base de su anunciada Economía moral; una economía que apela a la generosidad. De tal forma que el mayor resultado en este primer año, no puede ser otro que la buena voluntad. La Secretaría convertida en una orden mendicante.
Del lenguaje agrícola y su sistema de riego
El presente sexenio comenzó como todos, haciendo énfasis en las bondades del arte y la cultura y utilizando los desgastados algoritmos verbales de la izquierda: “tejido social” “hacer comunidad” “Empoderamiento…”. El contraste es notable. La pretensión de pasar De la cultura del poder al poder de la cultura, quedó en eso luego de reducir el presupuesto a 0.21 %. Una vergüenza moral para esta clase gobernante que vivió décadas auto nombrándose creadora, conocedora, amante, protectora, defensora, promotora gestora y difusora de la cultura.
Reapareció el fantasma del tan condenado centralismo en el proyecto Chapultepec. Mal entendieron la descentralización administrativa. Creyeron que una renta en Tlaxcala era casi un federalismo cultural. No terminaban de equipar la casa cuando se les atravesó Chapultepec y otra vez, vuelta al centro del país. Asimismo, desdeñaron el programa Pueblos Mágicos y negaron el apoyo subsidiario a las asociaciones civiles, atentando en eso último contra el derecho al trabajo y el derecho de asociación, establecidos en la Constitución.
Desdibujado ya el slogan de El poder de la cultura, pusieron énfasis en la Cultura Comunitaria, adoptando un lenguaje agrícola que va de las milpas, a los semilleros, pasando por misiones, sendas, sembradío de vidas, hasta llegar a los jolgorios y las verbenas. Lenguaje al que ha faltado riego, en grado tal, que podría plagarse de gorgojo. La estrategia es buena, comenzar a generar improntas desde las comunidades, pero es imposible ver crecer milpas y semilleros sin el riesgo correspondiente. Cerraron las compuertas del presupuesto y desviaron el cauce del río de los recursos hacia un ambicioso proyecto de más de 80 mil hectáreas en el centro del país, son considerar que la Cultura Comunitaria requiere un sistema especial de riego para generar impacto. De lo contrario todo queda en jolgorios y verbenas.
Fracasó el programa “Cultura para La Paz”, debido a la narcopaz establecida en el vergonzoso episodio del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, donde el Estado renunció a una de sus atribuciones fundamentales. Y ya que andamos por esta zona del país, resulta inmoral que el juego de pelota del presidente tenga un envidiable presupuesto.
De la presentación del Plan Nacional de Desarrollo en materia de cultura, sólo diré que es un programa municipal de gobierno, que confunde de la peor forma posible estrategias, enunciaciones, propósitos y objetivos. Hay más por señalar en la aprobación del T-MEC (a unos meses de que el gobierno había decretado la muerte del neoliberalismo). Echaron a la basura sus promesas en materia de cinematografía y el empalagoso, obtuso y obnubilado discurso que enarbolara, primero María Rojo, y posteriormente los Taibos, los Poniatowskos y adláteres, de “Sacar la cultura de los tratados comerciales”.
La senadora Jesusa Rodríguez intentaba apagar el fuego con gasolina denostando a los creadores, agudizando la crisis del Fonca que iniciara Edgar San Juan y Mario Bellatin.
La desubicada periodista que dirige Notimex insuflaba más aire al fuego. De la vergonzosa e ilegal designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya no hablamos.
La Economía moral como marco del precariato
El marchamo que sella esta serie de infortunios es la propuesta presidencial de una Economía moral que apela a la generosidad de los mexicanos. Si algo han aportado, en particular los integrantes de la denominada comunidad cultural al desarrollo de México, es su tiempo, sus conocimientos, sus habilidades y su pasión desmedida, siempre de forma generosa. Hoy la cultura requiere un modelo económico que permita desarrollar y potenciar su creatividad, y no balbuceos económicos absurdos orientados a bajar el techo en lugar de subir el piso, para hacernos creer que estamos creciendo.
Presentada como una visión de su modelo económico, el libro es una falta de respeto a la economía y a los economistas, por ser un sofisma que no habla de economía. Es una falta de respeto a la información, por presentar gráficas e información desactualizada. Una falta de respeto a la escritura por sus errores ortográficos de secundaria, y una falta de respeto a la cultura por no estar considerada en esta, su visión “económica”. Un distractor más en el que utiliza al neoliberalismo de sparring. Si algo podríamos cuestionar al presidente es el propósito de convencer a los lectores de que el quehacer nacional en materia económica, política, social y cultural, como señala, no debe ser orientado a alcanzar a otros países, sino todo en favor del bienestar de la población. Preocupa su limitada visión y el conformismo que destila, porque empata con su programa municipal de gobierno, donde el mundo tampoco aparece por ninguna parte.
La forma en que enaltece la generosidad ante el egoísmo, la empatía ante el odio, la libertad ante la prohibición y la confianza ante la desconfianza, se derrumba ante los ojos de la nación en este primer año de gobierno, en un arco de incoherencias que va de la arbitraria decisión del aeropuerto, a la ilegal aprobación de la titular de la CNDH. Su Estado de bienestar cae al pasar por encima del Estado de derecho e imponer su estado de ánimo. Atención, porque su desdén a la iniciativa privada; su creencia de que lo importante no es el crecimiento, sino el bienestar material y el bienestar del alma; esa afirmación de que el Estado no es gestor de oportunidades; y esa apuesta anquilosada por la soberanía alimentaria, considerando que el Estado de bienestar se logra, no mejorando las condiciones de vida de una comunidad, sino dándoles dinero, es peligrosamente regresiva. Porque además combina esto con el postulado de borrar la línea que separa al gobierno del pueblo, para generar codependencia. El precariato como política pública.
En contraste con la visión plasmada en la Economía moral del presidente, un estudio reciente realizado este año por la UNESCO, relacionado con la actividad artística, señala con notable preocupación la precariedad de los artistas y profesionales de la cultura.
Por ello, ha declarado el 2021 como “Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible”. Reconociendo la necesidad de optimizar los beneficios económicos, sociales y culturales derivados de la economía creativa mediante la creación de un entorno propicio para su promoción.
Una legislación que pone puertas al campo
Deseosos de poner orden a la apropiación indebida de diseños, los legisladores de Morena terminaron haciendo una reforma a la Ley de Derechos de Autor y creando una ley de salvaguarda, con más ganitas que tino. En lugar de resolver el problema lo burocratizaron, por pensar exclusivamente en la protección y en su absurdo plebiscitarismo.
Pertenecientes a una generación que legisla a partir de notas periodísticas, se dieron a la tarea de adornar con florituras el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor. En el 158 se declararon en contra de la explotación comercial. Elimina el artículo 159 y con ello el libre uso de los diseños artesanales. Los sujeta a su adorado plebiscitarismo, según el artículo 160. Es decir, quien desee utilizar un diseño tendrá que someterse a la decisión de una asamblea. Un par de preguntas: ¿cuántos artesanos hay en cada comunidad? No lo saben. ¿Qué diseños forman parte de cada comunidad, etnia o región en esta segunda década del siglo XXI? Tampoco lo saben. Además establecieron que cuando no haya autor identificado de un diseño, será el Ejecutivo, a través de Secretaría de Cultura y el INPI quienes decidirán. Otra pregunta: ¿puede una institución del Estado otorgarse por ley un derecho que es de la comunidad?
En relación a la impronunciable iniciativa de salvaguarda, sólo diré que es igualmente discriminatoria en su artículo noveno que a la letra dice: “Son nulos de pleno derecho cualquier acto, contrato o acuerdo celebrado por algún miembro de una comunidad que, a título individual, haya suscrito o convenido con terceros, que derive en el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades”.
Sólo mencionaré este artículo, porque leer y analizar las 145 hojas del dictamen, créanme, requiere una beca del Fonca. Viola el artículo 4º constitucional en materia de ejercicio de derechos culturales y libertad creativa. Asimismo el artículo 5º que establece: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. Los artesanos pertenecientes a pueblos y comunidades originarias son ante todo mexicanos. Caen en la torpe división hecha por el presidente, que separa indígenas y mestizos como criterio de política pública. Tanto la reforma como la ley impiden a un artesano diseñar y registrar ante el Indautor sus creaciones (como lo vienen haciendo), porque ahora esto deberá decidirlo una asamblea.
Violan su libertad creativa, su derecho al trabajo, el ejercicio de sus derechos culturales, y me apena decir esto a los legisladores, pero la aplicación de esta ley generaría un perjuicio de forma retroactiva. Espero que sepan qué significa esto.
En los próximos años la secretaria de Cultura tiene el enorme reto de poner con firmeza un acento a su política cultural, comunicando mejor sus acciones. Tratar de hacer más con menos, echando mano de programas transversales, así como materializar los nobles propósitos socioculturales de sus ejes principales. Si no lo logra, todo quedará en un exhibicionismo ornamental que servirá de marco al capricho presidencial de la Economía moral.
FOTO: Festival Internacional de Arpas en el Complejo Cultural Los Pinos, en mayo de 2019. / Rogelio Morales/Cuartoscuro
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