Los laberintos de la seguridad binacional en la era Biden
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La detención de Salvador Cienfuegos generó un conflicto entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la DEA, que tensará la relación con Joe Biden, nuevo presidente de EU
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POR CÉSAR VALDEZ
Dirección de Estudios Históricos (INAH); Twitter: @soy_yo_y_noDirección de Estudios Históricos (INAH); Twitter: @soy_yo_y_no
El jueves 15 de octubre de 2020, el general en retiro y ex Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, abordó un avión con destino a Los Ángeles, California junto con su familia. Era de noche, al arribar al aeropuerto las autoridades estadounidenses le informaron que tenían una orden de arresto solicitada por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).
A las pocas horas el canciller Marcelo Ebrard confirmó la detención y los cuatro cargos relacionados con narcotráfico imputados a Cienfuegos; conspiración para traficar drogas, conspiración para importarlas, conspiración para distribuirlas y lavado de dinero.
Aunque todo parecía indicar que el golpe se daba a la gente de confianza de “sus adversarios”, el gobierno actual aparecía mal parado. El golpe fue mayor en un contexto en que las instituciones armadas acumulan más responsabilidades, y sobre las cuales el presidente ha declarado que son la única institución que logró salvarse de la corrupción. A diferencia de la detención de Genaro García Luna, el presidente se notaba descolocado, incrédulo y beligerante. Habían tocado a uno de los suyos. En los últimos días se ha destacado que el general Cienfuegos es asesor del general secretario.
Época de cien fuegos
Durante su mandato, Felipe Calderón se encargó de atajar las críticas a su estrategia de seguridad. Ni siquiera el hoy detenido García Luna tomó la palabra en tantas ocasiones. Peña Nieto siempre se notó incómodo hablando de temas de seguridad. El asunto quedó en manos del secretario de la Defensa y desde 2014 el general Cienfuegos tuvo que tomar el primer plano de la fotografía.
Si bien, los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya fueron los peores momentos del sexenio, las denuncias en contra de los abusos perpetrados por los miembros de las fuerzas armadas fueron una constante. A finales de 2016, el general Cienfuegos afirmó, abiertamente y sin tapujos, que los militares no estudiaban para perseguir delincuentes, que era necesario que los militares regresaran a sus funciones o, cuando menos, se les otorgara un marco legal que los respalde.
El 22 de octubre de 2018, tres meses después de obtener una aplastante victoria electoral, López Obrador se reunió con el todavía titular de la Defensa Nacional. Este encuentro definiría el futuro del papel del ejército durante el primer sexenio presidido por la izquierda. Se esperaba que los ímpetus de Cienfuegos por regresar a los cuarteles empataran con la entonces firme intención de mirar los problemas desde lo social.
Durante el encuentro el general secretario expuso el “terrible” parte de guerra de 12 años. Buscaba convencer al futuro presidente de que el ejército era imprescindible en las actividades de seguridad pública. Luego del desayuno, AMLO se mostró convencido de que las fuerzas armadas eran fundamentales para el desarrollo del país y declinó nombrar a un secretario de la defensa. Dejó en manos de Cienfuegos las opciones y recomendaciones. La continuidad de la guerra y de un mismo grupo de oficiales había quedado garantizada. No importaba el nombre, Cienfuegos estaría ahí.
Lo mucho que perdimos
Contrario a lo que algunos miembros del gobierno y de Morena afirmaron, nadie en la administración pública fue notificado de la investigación en contra de Cienfuegos. El general permaneció en custodia de la justicia estadounidense hasta 17 de noviembre. Desde su detención la cancillería y la Fiscalía iniciaron una operación rescate para repatriarlo. El 21 de octubre, Marcelo Ebrard expresó su descontento por la falta de comunicación entre ambos países. Cinco días después se comunicó con el Fiscal General de Estados Unidos, y tan sólo dos días después, México expresó mediante una nota diplomática su extrañamiento por no ser notificados de que se llevaba a cabo una investigación. El 30 de octubre la DEA envío a la FGR un oficio en el que se adjuntaban las pruebas que dieron pie la investigación. Para el 6 de noviembre, luego de que Cienfuegos fuera trasladado a Nueva York, el canciller volvió a comunicarse con el Fiscal General solicitando las evidencias en contra del ex secretario.
Luego de la amplia y rápida movilización de la cancillería, la justicia estadounidense aceptó retirar los cargos argumentando la existencia de un acuerdo entre su gobierno y el mexicano. Paradójicamente, la mayor reafirmación de soberanía ante los Estados Unidos ha sido la solicitud de repatriación de un sospechoso de narcotráfico. El compromiso conocido del gobierno mexicano fue realizar una investigación propia. Sin embargo, ambos países habían determinado que todo lo referente a la negociación sería considerado tema de seguridad nacional por lo que no había manera de conocer pormenores de la acusación.
El 18 de noviembre el general Cienfuegos aterrizó en el aeropuerto de Toluca y luego de ser notificado de que había una investigación en su contra, se le permitió retirarse. El 14 de enero, la FGR anunció, para sorpresa de muchos, que no existían elementos que probaran que Cienfuegos tuvo encuentros y comunicación con organizaciones delictivas. Sólo un día después, y contraviniendo la clasificación de seguridad nacional de las pruebas enviadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el presidente desclasificó la investigación de 743 páginas que dio pie a la detención. Finalmente, el 16 de enero, ordenó la publicación del expediente de la investigación mexicana. Cientos de fojas en color negro permitían ver que, contrario a lo que suele suceder en la justicia mexicana, la Fiscalía respetó radicalmente la presunción de inocencia.
Un antes y un después
El presidente ha dicho que solicitará a la DEA que realice una investigación para saber quién y con qué motivo fabricó el expediente. Esta reacción inédita de una autoridad mexicana llama la atención por lo delicado de los cargos. Se convirtió en un caso lleno de situaciones nunca antes vistas, pues la justicia estadounidense habría tenido a un testigo valioso de otros casos y proveedor de información de futuros detenidos.
Dada la “amistad” públicamente expresada entre López Obrador y Donald Trump, bien podría pensarse que la liberación de Cienfuegos fue un regalo con doble propósito: responder a la amistad mostrada y molestar al demócrata recién llegado.
El enfrentamiento del presidente mexicano con la institución más importante del combate al narcotráfico en los Estados Unidos pone en cuestionamiento la veracidad y eficacia de la información y de las investigaciones realizadas. Si fuera cierto que la DEA se inventó los cargos, ¿quién sería el beneficiado de esta detención? Se ha destacado también la versión de que la investigación era, en efecto, débil, asegurando que de ser contundente la justicia no hubiera permitido que se devolviera a una figura clave del esquema de corrupción de la seguridad mexicana.
Lo cierto es que alguien miente. La DEA fabricó el caso o la Fiscalía mexicana encubre la culpabilidad de Cienfuegos. El investigador del CIDE Carlos Pérez Ricart ha destacado lo poco fiables y deficientes investigaciones que ha realizado la DEA, repletas de imaginarios y estereotipos racistas, además de la posibilidad de que las propias autoridades estadunidenses estuvieran conscientes de la debilidad del caso y que la captura de Cienfuegos haya sido un mensaje para el gobierno mexicano que podría ir de la amenaza a la extorsión. Y que, podríamos rematar, fue respondido por la cancillería mexicana en el mismo sentido con un posible cierre a territorio mexicano.
Si bien la DEA no es una institución ejemplar, esto no quiere decir que Cienfuegos no tenga qué decir a la justicia mexicana y estadounidense. Sí, la DEA ha realizado acciones inaceptables como la operación Rápido y Furioso que permitió la entrada ilegal de armas a México al por mayor. Pero la DEA, infiltradora e infiltrada, sabe perfectamente quién es quién en el mundo del tráfico ilegal de drogas, el lavado de dinero y el abuso a los derechos humanos. Que la DEA identifique a Cienfuegos como parte de una fracción del ejército que ha facilitado el tráfico de drogas no es cualquier cosa y debe tomarse con cuidado.
Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, negó la fabricación de pruebas y ha retado el presidente López Obrador afirmando que si están tan seguros de la inocencia de Cienfuegos permitan que sea juzgado en los Estados Unidos. Asegura que lo entregado a la cancillería mexicana es únicamente el detonante de la investigación y que por nada hubieran facilitado el expediente completo teniendo conocimiento de lo profundo que ha llegado el crimen organizado en el gobierno mexicano. Vigil no dejada de repetir que la DEA no confía en el gobierno mexica-no ¿Veremos a la DEA buscando a funcionarios de la 4T? ¿La oposición de empresarios y políticos es tan grande que la única manera de sostener el poder es agarrar de la mano a los militares y no soltarlos? ¿La 4T temió al dominó de generales? Como quiera que sea, al día de hoy, los militares son el ancla de la 4T, y como ha dicho el presidente “Amor con Amor se paga”.
FOTO: Salvador Cienfuegos ex Secretario de la Defensa Nacional./ AFP / Schemidt
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