El panorama crítico del cine nacional
Un repaso por las causas que avivaron la crisis que enfrenta la industria fílmica del país, y que tiene el sello particular de la 4T: recortes presupuestales, errores administrativos y mentiras de las autoridades. A la discusión por las acciones legislativas y en materia de gasto se han sumado productoras y cineastas
POR GERARDO OCHOA SANDY
I
A lo largo del sexenio, el sector cinematográfico ha recibido por parte del gobierno federal un trato desconsiderado, irrespetuoso, incluso soez. La primera en padecerlo fue la directora del IMCINE, María Novaro. De visita de trabajo al Festival Internacional de Cine de Cannes, realizado del 14 al 25 de mayo de 2019, fue obligada a volver a México. La razón: dos semanas antes, el Ejecutivo federal avisó que cualquier viaje oficial tendría que contar con su autorización. De las 100 solicitudes que revisó en ese momento, aprobó 20. No sabía de qué se trataba Cannes o acaso ninguno de sus intelectuales le comentó de Los olvidados de Luis Buñuel, momento central en la historia del festival.
El 18 de mayo, Novaro recibió la llamada. Más de 75 reuniones de trabajo fueron canceladas. Entre otras, con Pierre Lescure, director del Cannes, y Carlo Chatrian, director del Festival de Berlín. Para la ocasión, como es habitual, el IMCINE había impreso catálogos y folletería para alentar la venta y distribución de las películas mexicanas. Tan pronto volvió Novaro, tres días antes de la clausura, el módulo del instituto fue cerrado y no hubo registro en redes de las actividades realizadas. A diferencia de los festivales de Guanajuato y de Morelia y sus directoras, Sara Hoch y Daniela Michel, que cumplieron con su programa previsto. Novaro absolvió al Presidente. Era apenas el inicio.
II
El 2 de abril de 2020, Andrés Manuel López Obrador extinguió los fideicomisos. Eso afectó al Fondo de Producción Cinematográfica (Foprocine), creado en 1997, al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), fundado en 2001, y al Estímulo Fiscal a la Industria Cinematográfica vía el ISR (Eficine, 2006). El 23 publicó su decreto de austeridad, un recorte de 75% al gasto corriente a nivel federal. El 12 de mayo, en Facebook, Novaro se reunió con el gremio para compartirles la grave situación. El instituto había devuelto 6 millones de pesos, 12% de los recursos de IMCINE, según su cálculo, 25% si nos basamos en el monto que figura en el DOF (Diario Oficial de la Federación). También canceló nuevos proyectos y devolvió vehículos y computadoras.
La titular informó que buscaría crear un nuevo fideicomiso que integrase a Foprocine y Fidecine. Al final no fue un fideicomiso, sino un “programa presupuestario de subsidios”, el Fomento al Cine Mexicano (Focine) y prometió que serían respetados los recursos comprometidos para ese aciago 2020. Los recursos del Focine se asignarían a IMCINE, para darle “certeza jurídica”, sonsonete que se utilizó también para justificar la desaparición del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y la creación de una “unidad administrativa”, el Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. En ninguno de los dos casos, la “certeza jurídica” se cumplió.
III
Una iniciativa de nueva ley de cine se convirtió en un embrollo mayúsculo que acabó en una profunda decepción. En julio de 2019, más de 20 organizaciones vinculadas con la producción independiente encabezadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) presentaron la propuesta a Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Las reflexiones se llevaron a cabo en parlamento abierto y se interrumpieron en 2020 por la pandemia. Dos años después, los resultados fueron magros.
El 16 de febrero de 2021, se aprobó la subtitulación al español para reducir la brecha de exclusión de las personas con sordera, 2.4 millones de mexicanos, lo cual además beneficiaría a la taquilla, y la subtitulación y doblaje al español de documentales educativos para los niños. Esa misma fecha, mientras Mayer aseguraba que seguían trabajando en la propuesta recibida dos años antes, en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal impulsaba una nueva iniciativa de ley, propuesta por las mismas organizaciones encabezadas por la misma AMACC.
Monreal Ávila la cobijó con talante patriótico sin saber que abordaba asuntos controvertidos que desde las negociaciones del extinto TLCAN no habían logrado consenso. Las salas deberían destinar 15% de su calendario de exhibición al cine mexicano y las plataformas digitales reservarían 15% de su catálogo a la producción también nacional y que no tuviera más de 25 años de antigüedad. En ambos casos, de incurrir en incumplimientos, se establecerían sanciones. Entre marzo y abril, el rechazo de distintos protagonistas de la industria se colectivizó.
Los Estudios Churubusco no participaron en
la iniciativa para ceder espacio a cintas nacionales.
IV
El sector privado en México y asociaciones de Estados Unidos alertaron que ese 15% violaba el porcentaje suscrito por México en el T-MEC, de 10%. Las plataformas expresaron su preocupación acerca de la manera como se mediría el porcentaje de “contenido nacional”. Netflix puntualizó que su programación, “del mundo para el mundo”, es la misma para los 190 países donde tiene presencia, por lo que resulta imposible imponer 15% de un país a los demás.
El sector de telecomunicaciones consideró que la iniciativa beneficiaba a Televisa, agente económico preponderante (AEP) dentro de la televisión de paga, y a TV Azteca, dado que tendrían ventajas para la producción. Doce distribuidores apuntaron que la propuesta privilegiaba a la producción nacional independiente y desplazaba a las de otros países, que son igualmente del interés del público. Además de ocuparse del cine local, los distribuidores subrayaron que en 10 años habían traído a México mil 168 películas de más de 50 países, 117 al año.
Hasta Novaro llamó la atención sobre el 15%, que causaría un alud de demandas, y sobre la ausencia en la iniciativa del Focine, Estudios Churubusco, el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Canal 22. Ni Monreal ni los senadores morenistas advirtieron que no estaban incluidas las instituciones del propio gobierno ocupadas del sector. El Sistema Público de Radiodifusión, el RTC, las secretarías de Economía y de Cultura advirtieron que la propuesta todavía no estaba lista. Monreal recibió llamadas de Alejandra Frausto, Epigmenio Ibarra de Argos, Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, y otras personalidades. La ilusión se disipaba.
V
Mayer aprovechó la coyuntura y declaró que la Cámara de Diputados preparaba una propuesta más incluyente, puesto que la que circulaba en el Senado sólo recogía el punto de vista de los productores independientes. A pesar de que desde 2019 contaba con una iniciativa que llevaba dos años de atraso, se comprometió a sacarla antes de la conclusión del periodo ordinario de sesiones, lo cual no ocurrió. Mayer, de Morena, buscó a Monreal, de Morena, y Monreal le respondió que hablara con sus asesores, quien propuso además otro parlamento abierto. Para enredar más las cosas, a la inconformidad de los excluidos se añadió la inconformidad de los autores de la iniciativa quienes advirtieron que había sido modificada en las comisiones senatoriales, eliminándose definiciones y conceptos que alteraban su espíritu.
Fue entonces que apareció Frausto, quien informó que prepararía su propia propuesta para que se discutiera, asimismo, en parlamento abierto. Más prudente, Novaro propuso que debía retomarse el parlamento abierto de la Cámara de Diputados de dos periodos atrás, pues había sido un gran avance, se tenían las relatorías y debía concluirse el ciclo. Ni autoridades ni organizaciones, ni Mayer ni Monreal, ni diputados ni senadores morenistas supieron llevar a cabo una consulta integral, crear consensos, hacer política cultural, pues. Todos, cuatroteteando, sin causa ni razón. Al fin, el 13 de diciembre de 2022, un año y medio después, se anunció que se había entregado a la Cámara de Diputados una propuesta de actualización a la ley vigente, consensuada con la AMACC y aprobada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, según Novaro. Veremos.
VI
El 7 de agosto de 2022 comenzaron las denuncias de los incumplimientos de IMCINE. En una misiva enviada a Frausto, la AMACC informó que continuaban los adeudos de 2020 por un total de 85 millones de pesos, lo que impedía la conclusión de 49 proyectos cinematográficos más el pago de la cuota anual a Ibermedia. Era la tercera misiva. Bajo la promesa de que los recursos serían canalizados a IMCINE, Foprocine y Fidecine habían devuelto a la Federación 300 millones de pesos. No obstante, IMCINE, “coproductor gubernamental”, les había informado no haberlos recibido de vuelta. El 31 de julio precedente a la carta fue la última fecha a la que se había comprometido el Oficial Mayor. Frausto resintió el golpe y aseguró que se cubriría el adeudo de inmediato. Tampoco fue así. El pasado diciembre, Novaro informó en su documento Mitos y verdades de los apoyos al cine mexicano que los adeudos se cubrirían a lo largo de 2023 y 2024. Es decir, Hacienda no devolvió el recurso ni en 2020 ni en 2021 ni en 2022, y Frausto faltó a su palabra.
Tres meses después, el 24 de noviembre, la AMACC informó, en un beligerante comunicado, que la convocatoria para la 65 edición de los Premios Ariel quedaba en suspenso pues no recibirían el presupuesto que habitualmente se les otorgaba. La Academia informó que en 2016 recibió 10 millones de pesos y para 2022 sólo recursos para las estatuillas. Lo que no señaló es que 2017 sólo recibió 3.5 millones, 77% menos que al año precedente. Es decir, las restricciones presupuestales no se limitaban al periodo de la 4T, lo cual no es excusa. Frausto aprovechó para responder con un contundente boletín donde enlistó los apoyos en dinero y especie a la AMACC durante el sexenio. El malestar se debía en buena medida a que la Secretaría de Cultura (SC) había orillado a la AMACC a solicitar los apoyos a través de las convocatorias existentes. La AMACC tuvo que publicar otro comunicado más recatado donde explicaba la situación que enfrentaba, reconocía, o al menos enlistaba, los apoyos recibidos por la SC, y contemplaba crear un patronato que le diera certidumbre el certamen.
El cineasta Guillermo del Toro se sumó al debate contra “la sistemática destrucción del cine mexicano”. Crédito de foto: EFE
Guillermo del Toro se incorporó al debate, consideró que la destrucción de la industria y sus instituciones no tenía precedentes, y se propuso apoyar con el costo de las estatuillas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso vía Twitter a la Academia y a Del Toro apoyar para que la ceremonia fuera en la entidad, y les preguntó: “¿Cómo nos ponemos de acuerdo?” Al menos por esa plataforma no se hizo pública la respuesta. Al respecto, ni la Academia ni Leticia Huijara, ni el gobernador nuevoleonense ni la secretaria de Cultura de esa entidad, Melissa Denis Segura Guerrero, respondieron los mensajes.
Frausto respondió a Del Toro en Twitter, “de manera contundente”. El apoyo al cine no se limita a “la colaboración con una asociación gremial”, afirmó con cierto desdén, y sentenció: “Estamos donde más nos necesitan, no solamente donde ya lo tienen (el apoyo) y con quienes lo recibían todo”. Frausto dejó así de claro, por si hiciera claro, su animadversión. Ejemplificó, naturalmente, con sus “12 semilleros creativos” de cine, “verdaderas escuelas de futuros cineastas” y soltó un dato demencial: el apoyo anual a la industria es de 900 millones de pesos. A Del Toro le exigió realizar una película sobre indígenas y afrodescendientes. En la marcha de acarreados de AMLO vs INE, Frausto volvió al tema.
Dos días después, la Secretaría de Cultura y el IMCINE anunciaron que, a través de la señal del Canal 22.2, se comenzaría a proyectar “Mx Nuestro Cine”, dedicado a la difusión de cortos y largometrajes nacionales, en colaboración con la Filmoteca Nacional y Doc MX, más un concurso internacional de cortos. El acceso sería por televisión abierta y sistemas de cable. ¿Una buena noticia? Tal vez, aunque no se aclaró si realizarán los pagos correspondientes de derechos de autor. Varios cineastas ni siquiera lo van a pedir, con tal de que se trasmitan las películas. Deberían organizarse y solicitarlo.
VII
Ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Frausto repitió la cifra: 900 millones de pesos anuales. Tal monto es una ficción. El IMCINE ejerció 282 millones 423 mil en 2018, el último año de Enrique Peña Nieto. Inició entonces el drástico descenso. Para 2019, contó con 231 millones 243 mil. Subió a 237 millones 782 mil en 2020, aunque restándole la cifra que en su momento mencionó la titular a causa de la austeridad, bajó a 177 millones 782 mil. En 2021, recibió 191 millones 582 mil y en 2022 obtuvo 201 millones 276 mil, aún por debajo de 2019. Para 2023, subió a 293 millones 424 mil, aunque no amortiguó el desplome sexenal. El total suma mil 95 millones 307 mil, un promedio anual de 219 millones 61 mil. El 24.3% de los 900 millones de pesos que Frausto aseguró.
En este sexenio, los recursos asignados específicamente a Foprocine y Fidecine, y al actual Focine, que forman parte a la vez de los recursos del IMCINE, han estado también a la baja. En 2018, entre ambos se ejercieron 174 millones 681 mil, el último año de EPN. La cifra se desplomó en 2019 a 141 millones 553 mil y apenas subió a 142 millones 969 mil en 2020, a lo que hay que restarle el adeudo de 85mdp, lo que reduce la cifra a 57 millones 969 mil. Los dos años siguientes, otro drástico recorte: 115 millones 181 mil en 2021 y 110 millones de en 2022. Para 2023 la cifra, en principio, ascendería a 196 millones 921 mil, pero en Mitos y verdades se ajustó a 191 millones 169 mil. El total de esos cinco años asciende a 615 millones 872 mil. Para un promedio anual de 123 millones 174 mil.
Para alcanzar los 900 millones de pesos, Frausto suma los 700 millones de pesos, promedio anual, que aportan los contribuyentes a través de Eficine. María Novaro afirmó que tales recursos son también públicos, pues, aunque los aporten los contribuyentes, corresponden a impuestos que de otra manera tendrían que pagar a la Federación. La diferencia, sin embargo, consiste en que esos contribuyentes aportan más del triple del promedio anual que recibe el IMCINE de la Secretaría de Cultura y prefieren otorgarlo directamente al cine nacional y no a la Federación, y tendrán sus razones. Para que así suceda, además, las aportaciones dependen de las gestiones de los cineastas, productores y distribuidores. Incluso, el apoyo por la vía de la exención no es mérito de la 4T cultural, sino que se remonta a 2007, el segundo año del mandato de Felipe Calderón.
Además, el promedio anual de apoyo al IMCINE por parte de la 4T está por debajo del promedio anual de apoyo durante el sexenio de Peña Nieto. Aunque hubo también una drástica tendencia al decremento, los montos pagados fueron de 377 millones 41 mil (2013), 360 millones 898 mil (2014), 315 millones 360 mil (2015), 338 millones 997 mil (2016), 284 millones 112 mil (2017) y 282 millones 423 mil (2018), para un total de mil 958 millones, 831 mil. El promedio, 326 millones, 471 mil, 33% más que durante el amloato. A la par, durante el peñato, el promedio anual de apoyo del Eficine fue semejante al sexenio actual. De tal manera, es falso lo que afirma Frausto: que nunca antes se había apoyado tanto al cine mexicano.
Los modales de Frausto llegaron al IMCINE. Novaro aseguró que Del Toro “está lejos y fue mal informado. Ojalá yo tenga la oportunidad (ya se lo planteé), de informarlo adecuadamente”. Los inconformes, además, “no entienden, no aplican, y no producen”. Ya olvidó los malos tratos que recibió en 2019. A pesar de las evidencias, la 4T cultural persevera en su monólogo. Pero la realidad, como dijera Lenin, ahora que es lectura obligada para los maestros de primaria, es más terca.
FOTO: La directora del IMCINE, María Novaro, ha sido cuestionada por su gestión al frente del organismo. Crédito de foto: Archivo EL UNIVERSAL
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