Culpar a la víctima
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POR ERÉNDIRA DERBEZ
¿Y por qué no denunció? La frase es tan cruel como revictimizante. Incluso ya sin vida, se culpa a las víctimas por no haber hecho lo suficiente para vivir o por ser en parte responsables de su destino. En un país donde el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación y el 41.3% ha vivido violencia sexual, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), quien pronuncia frases como ésas, desde una cómoda postura supuestamente racional y escéptica, lo que demuestra es su ignorancia y poca empatía para entender cómo funciona el sistema de procuración de justicia en México.
La atención a sobrevivientes
Hace pocos meses, Ana –pseudónimo– dormía en su casa en el campo veracruzano cuando su ex pareja irrumpió en su hogar, los perros ladraban pero no lo atacaron al reconocerlo. Vivieron juntos varios meses hasta que ella terminó la relación: “él se quedó con mucho rencor porque decidí bloquearlo de todas partes cuando me marcó para insultarme, no pudo aceptar el rechazo”.
Los gansos advirtieron que algo sucedía y el fuerte graznido de los vigorosos animales despertó al velador y a su familia. Cuando Ana intentó escapar, el agresor corrió tras ella y la tiró en una calzada, sometiéndola. Cada segundo que duró el forcejeo fue imprescindible y finalmente el rescate llegó: “me defendí mucho, me estrangulaba mientras trataba de golpearlo con las rodillas, me zafé y empecé a gritar como nunca, nunca había gritado de terror”.
Llegó la ayuda, primero fue de una mujer joven y tras de ella el velador. La policía llegó una hora y media después, todo ese tiempo el agresor fue sometido por el velador. Cuenta Ana: “la hora y media estuve temblando, no de frío sino de impresión”.
Mientras habla, Ana tiene que parar un momento, le cuesta trabajo contener el llanto y le tiembla la voz: “nunca pensé tener que contar esto, pero así está el mundo”. Explica que el agresor llevaba una maleta, después supieron qué contenía: “una bolsa de queso partido en cuadritos para distraer a los perros, una bolsa de cinchos para maniatarme y muchas pastillas de clonazepam”, fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y tiene, entre otras propiedades, el ser sedante.
Ana acompañada de la policía se dirigió a la fiscalía en la ciudad de Xalapa: “Ahí me entero que los policías tuvieron que haber ido a la comandancia. Ellos no sabían qué hacer y yo menos. La fiscal que me atendió, y que desde el inicio me culpaba por lo ocurrido, hizo declaraciones como: ‘la señora se trajo con ella a los policías”. Cuando Ana pasó a dar su testimonio habían cuatro personas echando relajo, con bromas sobre el pretendiente de una de ellas: “no puedo soportarlo y les pido sensibilidad, hace una hora me estaban asfixiando, no puede ser esta falta de empatía”.
Ana lleva años participando en manifestaciones feministas y ella misma tiene una amiga sobreviviente de un intento de feminicidio que la dejó en coma por semanas. Tiene casi sesenta años y reconoce la violencia de género. Sin ser experta en derecho, sabía bien que merecía ser protegida por las leyes, pero en la fiscalía opinaron lo contrario: “Que no salí muy afectada con la psicóloga, ¿en qué se basan? Siempre he sido muy fuerte, es muy raro que me puedan evaluar, de la nada, ¿bajo qué parámetros?”.
Ahora Ana tiene que enfrentar no sólo el juicio contra su agresor sino también al sistema de justicia: “Las mismas mujeres en la fiscalía empezaron a desestimar lo que me pasó diciendo que era violencia familiar, y con toda la pena les digo que esto es una tentativa de feminicidio… Si no vengo medio muerta es porque me defendí”. Su actitud firme e insumisa, esa que le ayudó a salvar su vida, resulta ahora problemática: “dijeron que llegué muy prepotente, pero una no puede llegar prepotente en esos momentos, al final tuve que defenderme de ellas. Todo el mundo te juzga a ti, la culpable eres tú. Se volvieron abogadas de él”.
Después llegó el proceso legal en el que Ana lleva meses inmersa: buscar abogadas con perspectiva de género en la región cuando sólo encontraba recomendaciones en la Ciudad de México; ir a salones para testigos protegidos donde ni las pantallas ni los micrófonos funcionan, sólo conciliar el sueño en hoteles, gastar en rentar otra casa para estar a salvo, comenzar un colectivo de sobrevivientes de feminicidio, recibir llamadas por parte de la familia del agresor, una en la que hay prominentes abogados: “les pido que no me hablen, que su hermano llevaba cinchos para atarme y drogas para dormirme… dejé de contestar las llamadas”.
El sistema de justicia falla y las mujeres no denuncian por distintos motivos, como lo muestra la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), algunas simplemente no saben dónde acercarse o cómo denunciar. Otra de las principales razones son el miedo a las consecuencias y a las amenazas. También hay quienes no lo hacen por vergüenza o porque creen que les van a decir que su situación es su culpa. Pero también hay víctimas que sí denuncian y el sistema les falla, como le falló a Ingrid Escamilla, quien denunció siete meses antes de ser asesinada.
No sólo las fiscalías no hacen su trabajo: Fátima, tras ser raptada, torturada y asesinada fue revictimizada, tanto su memoria como su familia, con una tarjeta informativa del Gobierno de la Ciudad de México, que exponía información del 2015 del Sistema para el Desarrollo Integral local del 17 de febrero 2020, y estigmatizaron a la familia, y demostraron la incapacidad y negligencia del DIF para actuar, atender y prevenir cualquier situación de peligro.
Cuatro años de un feminicidio impune “Querían decir que mi hija era alcohólica y drogadicta”, para así girar el discurso en contra de la víctima. Explica Yesenia Zamudio, integrante del colectivo Ni Una Menos. Es la mamá de María de Jesús Jaimes Zamudio. Su voz es firme y su elocuencia ha hecho eco en las manifestaciones de la Ciudad de México. Su hija era una joven con ilusiones, estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional y practicaba básquetbol. En enero de 2016 fue brutalmente asesinada; tenía 19 años y al llegar al hospital tras ser lanzada de un quinto piso, por la falta de correcta atención, también fue víctima de negligencia médica que debe ser investigada por la misma Secretaría de Salud. A la fecha no ha habido ningún responsable señalado.
La señora Yesenia dice en entrevista que en el caso del feminicidio de su hija está involucrado un profesor del IPN que trabaja en Pemex, varios alumnos y autoridades educativas. Ella no para de exigir justicia y cuenta ya con una recomendación 09/2019 de la Comisión de Derechos Humanos por falta de investigación y filtración de información. Al igual que el caso de Ana y otros casos, la madre coincide al señalar como corresponsables por omisión a los ministerios públicos, los médicos forenses, la policía de investigación y la Fiscalía General de la República.
Por si fuera poco, en una búsqueda constante por justicia Yesenia también ha enfrentado más violencias: como el perder su trabajo “por pedir permiso para ir a la fiscalía para pedir el expediente, la empresa me despidió y a la fecha no me ha querido indemnizar.” Su familia además ha sufrido ataques y amenazas: “a mi marido lo balearon fuera de la casa, a mí dos mujeres policías me gasearon, me patearon y me empujaron de espaldas por las escaleras durante una manifestación y a mi hija la patearon por ayudarme”. Varios integrantes de la familia se han tenido que desplazar de la Ciudad de México y no hay ni una sola sentencia por el caso de su hija: “nadie ha hecho nada, sólo promesas”. A lo que termina contundente: “Y luego me preguntan que porqué estoy enojada que por qué grito… si yo quiero quemarlo todo, si aquí nadie hace su trabajo”.
ILUSTRACIÓN: Eréndira Derbez
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