Modernidad y violencia contra las mujeres
/
/
POR DIANA FUENTES
Nada parece concitar las reacciones más virulentas contra la organización de las mujeres, que la insistencia de éstas por señalar y exponer la violencia estructural que atraviesa a nuestras sociedades. Desde la onda expansiva provocada por las denuncias de los recientes movimientos internacionales como el #MeToo, hasta los llamados a paros de mujeres, se ha viralizado cómo la lucha del feminismo contemporáneo se caracteriza por su enfática denuncia de la violencia que afecta cotidianamente la vida de las mujeres. Y, en el concurso de estas manifestaciones de hartazgo y de denuncia, las reacciones y las resistencias que produce su fuerza crítica revelan la descarnada consistencia de la normalización de la barbarie cuando ésta se ejerce sobre un cuerpo femenino o feminizado.
Mientras las mujeres más insistimos en poner en el centro el derecho a una vida libre de violencia, más se evidencia la persistencia de un código cultural que compromete, amenaza, y pone en abierto cuestionamiento los alcances efectivos del proyecto moderno capitalista como fundamento de la vida civilizada. Así, a fines del siglo pasado, mientras se insistía en la capacidad racional de dar un ordenamiento global al caos financiero, a la crisis de legitimidad política e institucional de los proyectos estatales y al resquebrajamiento de los horizontes de la izquierda crítica; en México, el término feminicidio impregnaba la sociedad gracias a la batalla de las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. El paso del concepto, forjado a ras de suelo en la lucha social, hacia el ordenamiento jurídico, implicó visibilizar un tipo de violencia, usualmente mirada al sesgo por la racionalidad del mundo contemporáneo: aquella que se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer.
De este modo, desde los primeros años del siglo XXI en nuestro país, las batallas libradas por las defensoras de derechos humanos, las madres, las juristas, las teóricas, las periodista, las activistas, y, en estos días, las jóvenes estudiantes, muestran por la vía de los hechos la contradicción que atraviesan los fundamentos de nuestras sociedades en materia de violencia de género. Sin suponer, ingenuamente, que el modelo de vida civilizada hegemónico habría de erradicar la violencia que se ejerce de forma estructural a través de dispositivos de disciplinamiento y explotación social, parecía, sin embargo, incuestionable el progresivo avance de las mujeres en la concreción de derechos civiles, reproductivos, educativos y laborales. De este modo, bajo el monóculo del pensamiento liberal, resultaba claro que las mujeres íbamos ganando la batalla contra la histórica desigualdad social, a pesar incluso de que se reconociera que dicho avance beneficiaba en primer lugar, si no es que de modo exclusivo, a las mujeres con las condiciones socioculturales más favorables.
Entre tanto, la gran contradicción que revela una parte de la crisis civilizatoria del mundo actual, es que para las mujeres los patrones de violencia cotidiana y extraordinaria son capaces de convivir y adecuarse a los requerimientos de las sociedades contemporáneas. En México el incremento en el índice de los feminicidios revela cómo las viejas prácticas de apropiación del cuerpo de las mujeres se adecúan a los movimientos propios del mundo actual. Mientras se legalizan las sanciones por violencia digital con la Ley Olimpia, por otra parte, se revela el incremento de la incidencia de las agresiones con ácido o la escandalosa cifra de la violencia sexual al interior del entorno familiar. En todo ello participa, sin duda, el incremento de la delincuencia organizada, la corrupción en los órganos de justicia y la fractura del tejido social, como efectos entre otras variables de la desigualdad económica; sin embargo, la barbarie y el salvajismo con el que se vulnera a las mujeres nos remite a prácticas arcaicas de las que nos considerábamos socialmente alejados o, cuando menos, cada vez más distantes. La explicación de estos fenómenos no se halla, desafortunadamente, sólo en la degradación social de los últimos tiempos, sino en la incapacidad efectiva de la vida moderna de llevar hasta sus últimas consecuencias y en los más diversos escenarios, el principio de racionalidad que supone el respecto irrestricto a la vida; no exclusivamente a la vida no del otro, sino a la de las otras.
La violencia moderna que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres es una doble violencia, o, dicho de otro modo, es una violencia que redobla los viejos mecanismos de subordinación al refuncionalizarlos para viabilizar su capacidad de adecuación a los requerimientos del presente. Una mujer a la que se le ha mancillado el cuerpo se expone como imagen en las redes sociales; una niña se busca para consumirla; una desaparecida se desvanece como una mercancía al paso. En todos estos casos, se revelan prácticas de dominio de antecedentes inmemoriales cuyo encubrimiento o silenciamiento no contravenía la posibilidad de que las mujeres nos integráramos a la vida pública. Sin embargo, parecen tener razón quienes afirman que el mutismo comienza a resquebrajarse. Si bien con ello se potencia también la reacción de quienes se sienten amenazados, es imperativo que reconozcamos la violencia contra las mujeres en su especificidad y que construyamos caminos de justicia, de prevención y de reparación del daño, como formas efectivas de crear nuevos principios de pacto social que integren plenamente los derechos de las mujeres.
FOTO: Marcha pro derecho al aborto en agosto de 2018 en la Ciudad de México./ Yadín Xolalpa/ EL UNIVERSAL
« ¿Por qué pararemos el 9 de marzo? Frida Guerrera: “Estoy en la mira como enemiga” »
