Breve historia de la seguridad nacional

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La Guardia Nacional protagoniza el episodio reciente en la historia de las instituciones de seguridad nacional del país, siempre cuestionadas por sus excesos y blanco de exigencias para su profesionalización

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POR CÉSAR VALDEZ

El martes 27 de agosto, alrededor de las 22 horas, “Fernanda”, bailarina del bar “El Caballo Blanco”, ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, terminaba su presentación en la pista cuando un grupo de cuatro personas ingresó por la fuerza al recinto. A empujones y golpes, inutilizaron a los dos guardias que cuidaban la puerta, acto seguido, los disparos y el olor a gasolina inundaron el bar. Después, el estallido de una bomba molotov provocó el infierno. Los hombres armados cerraron las puertas del bar y se fueron. El saldo fue de 31 muertos. El motivo, según la fiscalía de Veracruz, fue el pago de “derecho de piso” por parte de grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué ha pasado en México para que el gobierno y sus fuerzas del orden no puedan asegurar el control del territorio?, ¿cuándo, cómo y quiénes son los partícipes de los prolegómenos de estas historias?, ¿cómo escapar de la violencia desbordada?, ¿en dónde estuvieron las fuerzas del orden los últimos años?, ¿cuál ha sido la actitud del Estado mexicano en materia de seguridad durante las últimas décadas?, ¿se pudo hacer otra cosa?

 

 

I

Durante el siglo XX el Estado mexicano recurrió de manera sistemática a sus fuerzas del orden para garantizar su hegemonía sobre diferentes opciones políticas que intentaban disputarle el control del gobierno. Para los años 60 operaban dos agencias de vigilancia y persecución política adscritas a la Secretaría de Gobernación: la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

 

La primera fue heredera del Departamento Confidencial, fundado durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y clausurada durante el Cardenismo. El proceso de transformación inició sólo un mes después de que Cárdenas ganara las elecciones. El 1 de agosto de 1934 asumió la dirección de dicho organismo un hombre muy cercano a Cárdenas, el general Tito Ferrer y Tovar, quien el 22 de diciembre, recibió y ejecutó la orden de clausurarlo. Lázaro Cárdenas, quién había ocupado tres de los cargos más importantes de control político de la época –presidente del Partido Nacional Revolucionario (PNR), secretario de Gobernación y secretario de Guerra y Marina– sabía que era importante controlar y depurar dicha institución de cuño callista. En 1938, ante las amenazas de la oposición conservadora, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la expropiación petrolera, se le cambió el nombre a DGIPS y se le dotó de mayor presupuesto, agentes y capacidad de acción. Era necesario responder seriamente a las amenazas tanto internas como externas. Esto fortaleció aún más al Estado posrevolucionario. Cárdenas afianzó el poder político del partido de Estado, construyó su base social y, con el referente petrolero, dio un mito de reivindicación nacional.

 

Por su parte la DFS fue fundada en 1949 como agencia de investigación personal de Miguel Alemán, quien, siendo el primer presidente civil, tenía ciertas suspicacias hacia los militares. Ya en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines la DFS se reubicó en Gobernación. Estas agencias convivían con la Policía Judicial Federal y con los diferentes “servicios secretos” estatales. Hacia los años 60 estaba claro que la DGIPS realizaba trabajo de investigación y que la DFS era una auténtica policía política: realizaba investigaciones y ejecutaba operativos.

 

 

II

En la historia de los servicios de inteligencia hay solo unos cuantos que han logrado encumbrarse como modelos de funcionamiento y profesionalidad. Luego del fracaso del experimento socialista de la Comuna de París en 1871, la prefectura de París inicio una feroz persecución apoyándose en los servicios de inteligencia británicos y en la Tercera Sección de la Policía del Zar. Estos tres servicio lograron infiltrar a la Organización Internacional del Trabajo y a los exiliados comunistas y anarquistas en prácticamente todo el mundo. Sus métodos y formas de funcionamiento fueron explicados por Víctor Serge en su libro Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión.

 

En Estados Unidos, por lo menos hasta finales de la Primera Guerra Mundial la investigación contra enemigos políticos era realizada por particulares, la agencia Pikerton. Luego del asesinato del presidente William Mackinley, el departamento de Estado norteamericano comenzó a tomarse en serio el asunto de la inteligencia y fundo el Buró de Investigación que luego se convertiría en el FBI. Así, para inicios del siglo XX, los servicios de inteligencia protagonistas de los principales acontecimientos históricos estaban aún en desarrollo, la KGB soviética y la Stasi alemana han pasado a la historia por sus implacables procedimientos y por su alto grado de control. En años recientes se ha demostrado que el principal aspecto que hizo eficaces a todos los servicios de inteligencia fue la cooperación de la gente común.

 

En América Latina se ha intentado demostrar que los organismos de inteligencia eran poco profesionales e improvisados. Sin embargo, esto contrasta con la efectividad y saña de sus pesquisas. Brasil, Chile y Argentina son claro ejemplo de formas eficaces de infiltración. La saña en lugar de considerarse un rasgo de poca profesionalidad debe ser visto como un método sistemático de ofensiva contra los enemigos políticos. Finalmente, hay que decir que hay cierto consenso en afirmar que el sistema de inteligencia más efectivo de la historia es el cubano construido después de la Revolución. La forma de controlar los cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro y la identificación plena de los enemigos internos ha permitido que el actual gobierno cubano siga en pie.

 

La efectividad de los servicios de inteligencia no puede desligarse de incentivos a los ciudadanos para la delación. Sin la sociedad, los agentes o policías quedarían a merced de pistas y ríos de información. Otro elemento fundamental son los equipos de analistas. Sin una buena interpretación de la información los despliegues humanos, tecnológicos y económicos son poco efectivos, como se evidenció durante el ataque a las Torres Gemelas en 2001.

 

Sobre el tema del narcotráfico, la mayor parte del siglo XX el gobierno de los Estados Unidos fue un claro promotor de la visión prohibicionista y delincuencial del consumo de sustancias psicotrópicas, pero fue hasta el gobierno de Richard Nixon que se trató de construir un sistema global de prohibición. La Operación Intercepción tuvo su principal foco en la ciudad de Tijuana, lugar que había sido detectado como el principal punto de entrada de psicotrópicos a Estados Unidos. La operación consistió en cateos exhaustivos de los autos que buscaban ingresar al país vecino. El objetivo era producir retrasos en el flujo fronterizo y generar molestias que provocaran el reclamo al gobierno mexicano. Luis Astorga, en su libro Drogas sin fronteras (Grijalbo, 2003), señala que la intención era presionar al gobierno mexicano para que adoptara otras medidas, entre ellas la destrucción de plantas prohibidas con el objetivo de que se encareciera su precio y así persuadir a sus consumidores, la mayoría jóvenes universitarios, de comprar los productos.

 

A los pocos días una delegación mexicana comandada por el subprocurador de la PGR, David Franco Rodríguez, inició negociaciones con el gobierno de Nixon. Resultado de esta misión diplomática se inició, el 10 de octubre de 1969, la Operación Cooperación, que significó la canalización de recursos económicos para la erradicación de cultivos, sin embargo, el gobierno mexicano aplazó el uso de herbicidas, los cuales demostraron ser muy eficaces en otras latitudes.

 

Hacia 1976, con Alejandro Gertz Manero al frente de la campaña antidrogas mexicana, se inició el uso de herbicidas, con los cuales se hizo pensar a los mexicanos que la erradicación sería total. Una nueva etapa estaba por iniciar.

 

En septiembre de ese año se inició la Operación Cóndor en el famoso Triángulo Dorado (Chihuahua, Sinaloa y Durango), además de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El objetivo, según representantes ambos gobiernos, era destruir los plantíos para que los cultivadores abandonaran la actividad ilícita. Froylán Enciso, en Nuestra historia narcótica (Debate, 2015), afirma que se utilizaron recursos tecnológicos de procedencia estadounidense, desde aeronaves, hasta equipos de telecomunicaciones y fotografía aérea. Se requirieron 5 mil soldados y 350 agentes de la PJF.

 

Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso del herbicida Parquat, utilizado por el ejército norteamericano en Vietnam como defoliante. Las incursiones del ejército provocaron un virtual estado de guerra. Campesinos golpeados, mujeres violadas y robos a poblaciones enteras fueron los saldos no contabilizados por las agencias antidrogas. Mientras tanto, las fuerzas del orden mexicanas continuaban en una encarnizada guerra de baja intensidad contra los resquicios de las organizaciones armadas revolucionarias; desapariciones forzadas, la concentración de presos y la violación sistemática de derechos humanos eran actividades cotidianas para policías y soldados. El éxito de la operación era un hecho, sin embargo, el retiro de Turquía del cultivo de
amapola ocasionó que México aumentara su cuota de participación en el abasto de heroína, pasando de un 10% a un 80%.

 

 

III

La llamada “Guerra Sucia” y la Operación Condor fueron el caldo de cultivo idóneo para que la corrupción permeara a las instituciones de seguridad. Los rumores de la infiltración del crimen organizado en el ejército, así como en la DFS motivaron al presidente Miguel de la Madrid a la transformación del sistema de seguridad mexicano. Las gotas que derramaron el vaso fueron los asesinatos del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del periodista Manuel Buendía. En 1985, luego de enfrentar el disgusto de los ex directores de la DFS y de ex secretarios de Gobernación se puso punto final a la DFS.

 

La creación de una nueva agencia de inteligencia civil, la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), buscaba “poner en orden” a las diferentes fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Según, esto permitiría que ejército, policías y servicios de inteligencia tuvieran actividades que no se mezclaran, como sucedió constantemente en los años 70, cuando agencias de inteligencia, policías y fuerzas armadas concurrían a los mismos operativos estorbándose y duplicando funciones. En 1989 el Disen se transformó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Sin embargo, mientras las instituciones de seguridad se reconfiguraban las organizaciones del narcotráfico crecieron de manera exponencial. El Cartel de Guadalajara, comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo , corrompió instituciones de seguridad para garantizar modernizar el negocio de la droga. Y, por su parte, tanto México como Estados Unidos, crearon la figura de “zar antidrogas”, una hiperpersonalización de la seguridad en individuos que, de manera pública, eran los encargados de diseñar, aplicar y resolver, todos los asuntos referentes al narcotráfico.

 

 

IV

Durante los años noventa dos acontecimientos evidenciaron las debilidades del gobierno mexicano en materia de seguridad. El primero de ellos fue el choque del 7 de noviembre de 1991 en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, entre elementos del 13° Batallón de Infantería y agentes de la Policía Judicial Federal mientras perseguían una avioneta que transportaba droga; el segundo, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994. En el primero los rumores de que alguna de las corporaciones estaba protegiendo el cargamento de la avioneta evidenciaron la desconfianza de la opinión pública, y de no ser así, fue notoria la falta de comunicación y coordinación. Respecto al segundo, es ya conocido que el Cisen supo de la existencia del EZLN desde por lo menos medio año antes, sin embargo, los encargados de sopesar la situación no la supieron valorar en su total magnitud.

 

Hasta 1994 no existía un comando conjunto de las tres ramas –ejército, aviación y marina– ni una jefatura autónoma de la fuerza aérea. Por los sucesos de Chiapas la Sedena y el Cisen iniciaron por primera vez trabajos de cooperación y coordinación.

 

En 1995 el presidente Ernesto Zedillo ordenó sustituir a todos los elementos de la PJF por miembros de la Policía Militar. El propósito era combatir la corrupción y eliminar todo rastro de vínculos entre policía y narcotráfico. Cinco años después, el 4 de enero de 1999, el mismo gobierno creó la Policía Federal Preventiva con el objetivo de sustituir a la PJF. Sin embargo, al mismo tiempo que la violencia se agudizaba, los exjudiciales, así como los exmilitares, transitaron de la cooperación con el crimen organizado a la integración activa en los cárteles. Los Zetas, grupo que nació como el brazo armado del Cartel del Golfo, fue formado por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes). Este fue el principio del reclutamiento descarado de exmiembros de las fuerzas del orden, lo que implicó que éstas quedaran expuestas en materia de inteligencia. Así, los cárteles se hicieron de personal militar altamente calificado y adquirieron un conocimiento valiosísimo de la infraestructura militar mexicana.

 

Para el año 2000 y el periodo de la alternancia, el gobierno panista buscó debilitar a la Secretaría de Gobernación mudando al Cisen hacia la recién creada Secretaría de Seguridad Pública. Este movimiento buscó despolitizar el flujo de información y dar a entender que a partir de ese momento la inteligencia sería enfocada en la lucha contra el crimen y no para la persecución política.
En 2006, ante la crisis de legitimidad de su gobierno, Felipe Calderón decidió que sería mediante la militarización que combatiría al crimen organizado. Diez días después de tomar posesión se anunció un operativo cuyo objetivo era atacar al crimen organizado en el estado de Michoacán. Durante esos primeros días el presidente denominó a sus acciones “guerra contra el narcotráfico”, mote que ha perdurado a pesar de que, con el avance del sexenio se prefirió llamarle lucha. Pronto, los operativos se replicarían en Tijuana, Nuevo León, Guerrero y Morelos.

 

El resultado de estas acciones fue la paulatina militarización del país y el recrudecimiento del crimen organizado. De la mano de la caída de los principales capos del narco, como Osiel Cárdenas, Vicente Zambada, Arturo Beltrán Leyva, Antonio Ezequiel Cárdenas o Ignacio Coronel Villarreal, llegaron los abusos de miembros de las fuerzas del orden. Las denuncias por violación a los Derechos Humanos en contra de la población civil se multiplicaron, así también la muerte de civiles, muchas de ellas, en enfrentamientos que a la fecha no han sido aclarados. En La Tropa (Aguilar, 2019), Daniela Rea y Pablo Ferri presentan testimonios que demuestran que las condiciones y formación del ejército no son compatibles con las labores de seguridad pública.

 

Entre 2012 y 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la estrategia de combate al narcotráfico y seguridad pública no se modificó sustancialmente, aunque sí se buscó volver a fortalecer a la Secretaría de Gobernación con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, incorporada a Gobernación. Luego de casi doce años el Cisen volvía a la secretaría encargada del control político interno. Los escándalos protagonizados por “excesos” de miembros del ejército se multiplicaron y fue notorio que eran acciones sistemáticas. Los asesinatos en Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, fueron sin duda los sellos de esa administración.

 

El entonces secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, cansado de los señalamientos en materia de Derechos Humanos, solicitó a los diputados un marco jurídico para que las fuerzas armadas pudieran operar en actividades de seguridad pública. En noviembre de 2018 el aún presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que era impensable afrontar la inseguridad sin el ejército e hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que intentara crear el marco jurídico idóneo en el que el ejército pudiera operar sin menoscabar a la Constitución. Pocos días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictaminado que la “Ley de Seguridad Interior” era inconstitucional.

 

Contrario al lema de campaña, “abrazos no balazos”, AMLO buscó utilizar su mayoría en las cámaras para aprobar la creación de la Guardia Nacional, una policía militarizada provista de una fuerte capacidad de fuego que, según se ha afirmado, provocará que paulatinamente el ejército regrese a sus cuarteles. Lo cierto es que en la actual administración se ha buscado, hasta el momento sólo discursivamente, construir un ejército mexicano distinto, el cual sería el “pueblo bueno y sabio” defendiendo al propio pueblo. Este juego retórico ha recuperado la vieja idea de los años 20 y 30 de que el ejército mexicano es heredero de la pluralidad social de los contingentes revolucionarios.

 

V

Luego de todo lo anterior y después de trece años del inicio de la ofensiva militar contra el narcotráfico vale la pena preguntarse si en diciembre de 2006 Felipe Calderón tuvo otra alternativa a la militarización del país y si la actual estrategia del gobierno de López Obrador es en realidad una alternativa distinta. En 2006 aún era un buen momento para que el combate al crimen organizado se llevara a cabo desde la inteligencia financiera y se buscara la implementación de medidas que modificaran la relación de la sociedad con los narcóticos. Legalizaciones selectivas, programas médicos para promover la desintoxicación y control de los adictos, y por supuesto, dejar de ver el problema desde la óptica norteamericana. Será imposible pacificar al país si la demanda de narcóticos se mantiene constante. Las detenciones y los enfrentamientos militares con los cárteles únicamente han provocado la multiplicación de las organizaciones criminales y la exposición de la sociedad al fuego cruzado.

 

Respecto a la estrategia del gobierno de la 4T hay que decir que se tomó la decisión de no retirar a las fuerzas del orden de manera inmediata. Especialistas en temas de seguridad concuerdan que con la violencia que actualmente existe en nuestro país la estrategia de seguridad deberá ser múltiple y cubrir varios frentes. Además de la Guardia Nacional, el pasado 2 de agosto en el escenario de la conferencia matutina fue presentada la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Destaca que su nuevo titular sea un psiquiatra especialista en adicciones y no un militar, Gady Zabicky Sirot. No cabe duda de que la situación es apremiante. Todos los días más ciudades son escenarios de muertes violentas, feminicidios, trato de personas y tiroteos. Si bien en el norte el narcotráfico lleva más de cincuenta años a la vista de todos, el país se encuentra fuera de control. Se ha perdido la soberanía territorial en poblaciones como Coatzacoalcos en las que el crimen organizado cobran cuotas a ciudadanos y comerciantes. Los enfrentamientos continúan y cada vez más pueblos imitan la experiencia michoacana y guerrerense de las policías comunitarias para defenderse de las organizaciones criminales. La burbuja de “seguridad” que tenían ciudades como la de México se ha roto. Hace unas semanas, a plena hora del día, en una de las plazas comerciales con mayor número de efectivos de seguridad, fueron asesinados dos israelíes, víctimas de, todo parece indicar, el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

 

En 2017 el informe sobre conflictos armados del International Institute for Strategic Studies apuntó que el conflicto en México había sido el segundo más violento del mundo en el año de 2016, sólo debajo de Siria, y seguido por Irak y Afganistán. La estrategia deberá cubrir diferentes aristas del problema, la seguridad y la garantía de que los consumidores dejarán de ser vistos como criminales, pero aún está pendiente la controvertida legalización. La estrategia de seguridad está superada y hoy resulta insuficiente. El actual gobierno deberá evaluar los potenciales económicos de crear un mercado legal de consumo de drogas que, en su actual estatus de ilegalidad, genera recursos anuales por 600 mil millones de pesos.

 

 

FOTO: Plantío de amapolas/ Iván Stephens/ EL UNIVERSAL

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