Organismos autónomos, ¿para qué sirven?
Cruciales en la vida democrática del país, el funcionamiento de éstos garantiza el equilibrio de poderes, recuerda el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
POR HUGO SETZER
La división de poderes ha sido un elemento esencial para la democracia, desde la antigua Grecia. Entonces contaban ya con un poder legislativo, la ecclesia, y un judicial independiente en las cortes populares o la dikasteria. La división de poderes era y sigue siendo uno de los pilares de la democracia.
Yo crecí en un México al que no quiero regresar. El problema es que la mayoría de la población no vivió lo que mi generación, por lo que no se imagina siquiera el rumbo que estamos tomando.
Viví un México en el que no soplaba el viento si no era por voluntad del Señor Presidente. Todo el poder se concentraba en un solo hombre. Un México en el que no había certeza de nada, porque todo dependía del estado de ánimo de una persona que detentaba todo el poder.
Los tres Poderes de la Unión, establecidos en nuestra constitución, eran letra muerta. El Poder Legislativo y el Judicial servían de lacayos del Ejecutivo. Finalmente, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se introdujeron cambios importantes, tanto a la conformación como a la competencia del Poder Judicial, que le permitieron volver a ocupar un lugar de superioridad en el orden jurídico y político nacional, que ya había disfrutado en otras épocas históricas, mismos que le confirieron atributos de un verdadero poder.
Desde entonces contamos con un Poder Judicial verdaderamente autónomo, que hoy se pretende dinamitar, con la clara intención de regresar el poder absoluto a la figura presidencial. Los ciudadanos no lo podemos permitir. Yo viví el México de los años 70 y no quiero regresar ahí.
En aquel México de antaño, sabíamos de antemano quién ganaría las elecciones presidenciales. Lo sabíamos desde la tristemente célebre ceremonia del “destape”, en la que el candidato ganador era ungido por el dedo presidencial. A partir de ese momento, todos sabíamos quién nos gobernaría los siguientes seis años, a partir de un proceso electoral que era una burla.
Todo ello, hasta 1990, año en el que, después de una lucha ciudadana de muchos años, se crea el Instituto Federal Electoral (IFE). Por primera vez, un instituto autónomo, ciudadano, se haría cargo de los procesos electorales. A partir de entonces hemos gozado de elecciones organizadas con gran profesionalismo, ciudadanas, confiables, certeras y trasparentes.
Crecí en un México en el que el gobierno echaba a andar la máquina de los billetes para financiar su gasto desmedido, lo que desencadenaba irremediablemente en crisis financieras sexenales, hasta que, en 1994, entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó autonomía al Banco de México y el mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional.
Crecí en un México en el que la educación pública era una ficha de cambio en las negociaciones con el poderoso sindicato de maestros. Los niños no importaban entonces, y ahora tampoco. Lo importante era, y es, el poder. Prueba de ello son los nuevos libros de texto gratuito, que no están diseñados para que los niños aprendan sino para que se mantenga un partido en el poder.
Era un México en el que no sabíamos si nuestros hijos estaban aprendiendo algo, hasta la creación y posterior autonomía, en 2013, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lamentablemente, el INEE se extinguió por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de mayo de 2019.
Lo que no se mide no se puede mejorar. Afortunadamente, hasta el momento todavía contamos con la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) que nos coloca en un lugar vergonzoso entre los países desarrollados del mundo.
Si lo que queremos es compararnos con Cuba, Venezuela y Corea del Norte, vamos muy bien. Pero yo dudo en verdad que estos países, que sufren de verdaderas tragedias humanitarias, sean ejemplo a seguir.
Así sucede con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (Inai). El Inai ha sido atacado y denostado desde el poder público y ahora corre el riesgo de ser desaparecido, dejando desamparados a los ciudadanos.
Lo mismo con tantos otros organismos autónomos que son garantes de los derechos de los ciudadanos y que hoy están en riego de extinción, para regresar al modelo monárquico de una persona que decide absolutamente todo en el país.
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) se adhirió recientemente a un valiente y necesario comunicado por la defensa de los organismos autónomos de AliaRSE, la red más importante por la Responsabilidad Social Empresarial en México.
En éste, nuestro presidente, Miguel Gallardo López, dice lo siguiente:
“En AliaRSE, fieles a nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial buscaremos siempre proteger nuestra democracia, para ello, defendemos la autonomía de nuestras instituciones, la separación de poderes y la participación libre y comprometida de la ciudadanía, aspectos que sin duda promueven el bien común y generan condiciones sociales y económicas para el desarrollo del sector productivo de México, principal generador de empleo y bienestar para la sociedad mexicana”.
El discurso de que los organismos autónomos son muy caros no se sostiene. Los organismos autónomos son indispensables en una democracia. Sin ellos vamos encaminados a una dictadura. Un presidente de Harvard dijo la famosa frase de “si crees que la educación es cara, prueba la ignorancia”. Si pensamos que la democracia es cara, yo no quiero probar la dictadura.
Preguntemos a nuestros amigos venezolanos. De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad Andrés Bello, en un país que solía ser de los más prósperos de la región, hoy el 77% de los venezolanos vive en pobreza extrema. El resultado de la ambición desmedida de poder. No quiero eso para México y espero que tú, estimado lector, tampoco.
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