Precarización social
POR JOSÉ MANUEL VALENZUELA ARCE
El debate en curso sobre la producción, distribución y consumo de drogas involucra posiciones diversas que apuestan por escenarios punitivos de guerra, represión y control, así como posiciones con matices variados que reconocen el fracaso del marco prohibicionista y optan por nuevos esquemas de despenalización y regulación. La historia de las prohibiciones incluye elementos normativos que apelan a supuestas preocupaciones por el bienestar y la seguridad colectiva a los cuales subyacen intereses económicos, criterios morales y moralistas, prejuicios, dispositivos de poder y control, así como estrategias geopolíticas. Por ello, ha sido más alto el costo social derivado de los marcos prohibicionistas que los daños producidos por los productos y prácticas que dicen combatir. Parte central de ese costo social ha sido la particular afectación a jóvenes y a pobres.
A partir de las disposiciones establecidas con la declaración de las drogas como enemigo público número uno por parte de Richard Nixon en 1971 y la continuación de las estrategias prohibicionistas, se han fortalecido los escenarios de violencia en barrios afroestadunidenses y latinos, además de que se ha encarcelado a más de 40 millones de personas, en su mayoría pobres y afros o latinos y actualmente existen medio millón de presos por este motivo. Human Rights Watch (2013) registra el efecto desigual de las estrategias policiales y carcelarias en Estados Unidos a partir de la condición étnica, pues la población afroestadunidense, que constituye el 13% de la población total en ese país, representa el 28.4% de los arrestos. A pesar de que no existen diferencias significativas en los niveles de consumo entre blancos, afroestadunideses y latinos, las tasas de detención y enjuiciamiento por delitos vinculados a drogas es tres veces mayor en los últimos en relación con los blancos. Para tener una idea más clara de esta condición diferenciada a partir de la adscripción racial, podemos recuperar los datos del Sentencing Project (portal oficial), donde se indica que más del 60% de las personas encarceladas pertenecen a las minorías étnicas y consigna que, considerando a la población de 20 a 34 años, la relación de afroestadunidenses encarcelados corresponde a uno de cada trece, uno de cada 36 en latinos y uno de cada 90 blancos. Esta condición no solo implica diferencias raciales, sino que conlleva una simbiótica relación con la pobreza, pues los datos censales siguen mostrando grandes diferencias en los niveles de ingreso a partir de la condición racial y de género. Considerando los datos del Pew Center, David Brooks señala que la probabilidad de ser encarcelado para afroestadunidenses y latinos en relación a los blancos es seis veces mayor para los primeros y tres para los segundos (La Jornada, “Protesta en prisiones de Estados Unidos”, viernes 26 de julio de 2013, p. 3).
En el caso mexicano, la historia carcelaria se encuentra conformada por injusticias y actos de connivencia que explican por qué las y los jóvenes desconfían de las instancias de procuración de justicia, de acuerdo con los resultados de las encuestas nacionales de la juventud (2000 y 2005). En México, la justicia no es ciega, sino desigual e inequitativa y prevalecen condiciones clasistas, racistas, sexistas y de connivencia con los poderosos. La acción cotidiana de los organismos policiales se inscribe en abusos sistemáticos contra las y los jóvenes, quienes se ven expuestos a redadas, detenciones arbitrarias, cateos y vejaciones. Esta situación se ha visto acentuada a partir de las políticas de prohibición de las drogas en nuestro país bajo la presión estadunidense, afectando principalmente a los pobres, cuyo capital social no les permite comprar a la justicia o pagar abogados que les defiendan. La condición prohibicionista (contradictoria de por sí en la medida que se permiten dosis de diversas drogas para consumo pero se penaliza su producción y distribución, dejando solo la opción de una aparición mágica de la droga en los bolsillos de los consumidores), ha propiciado una mayor criminalización y vulnerabilidad juvenil, así como escenarios de muerte donde se inscriben los más de cien mil muertos y desaparecidos desde 2007.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010), una quinta parte de la población mexicana es joven (20.2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de 108.4 millones de población total) y la precarización define la vida de más de diez millones de jóvenes mexicanos, en la medida en que seis de cada diez de quienes trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 8 de cada diez ganan menos de tres, mientras que más de una cuarta parte de los adolescentes (25.4%) no recibe ingresos y el resto percibe menos de dos salarios mínimos, además de que existe un aumento en los niveles de desempleo en el país y dos millones 697 mil personas buscan trabajo infructuosamente. En el mismo sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha destacado que de 2008 a 2010 se incrementó el número de pobres de 48.8 a 52 millones, y existe un incremento de la precarización y la vulnerabilidad en las condiciones del trabajo, pues 71.8% de los jóvenes no tienen contrato laboral ni servicio de salud.
Al mismo tiempo, la atenuación de la educación como referente certero de movilidad social define una condición incierta de la apuesta educativa asociada a precarias condiciones sociales. La precariedad social de los jóvenes en México ha cobrado fuerza a través del indicador de quienes no estudian ni trabajan, pues se encuentra entre los países con mayores niveles de jóvenes que viven esa situación. En México, los jóvenes excluidos de la escuela y el trabajo llegan a 7 millones 226 mil personas entre 15 y 29 años de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), incluyendo a 2 millones 745 mil mujeres.
En estos escenarios adquiere presencia la búsqueda de opciones en ámbitos ilegales y paralegales de lo que no consiguen en los canales institucionalizados donde el narcomundo posee un lugar privilegiado. El sistema carcelario en México se encuentra saturado con personas (en gran medida jóvenes y pobres), detenidas por delitos contra la salud, pues, de acuerdo con investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de 2012, tres cuartas partes de los presos federales (cuatro quintas partes en el caso de las mujeres), fueron detenidos por delitos como transporte, posesión y venta minorista de drogas; destacan las sentencias por trasiego, posesión y venta de mariguana con casi tres cuartas partes de los sentenciados por delitos contra la salud, seguidas de cocaína con menos de una tercera parte y metanfetaminas (11%), heroína (8.3%) y piedra o crack (3.4%). (Catalina Pérez y Elena Azaola, “Resultados de la primera encuesta realizada a población en Centros de Readaptación Social”, 2012).
En México, impunidad y corrupción contaminan el sistema de justicia, mientras que el marco prohibicionista ha incrementado las condiciones de criminalización, vulnerabilidad, irrespeto de derechos humanos, violencia y muerte, y los jóvenes pobres son los principales afectados. Más de tres décadas de investigación con jóvenes en barrios y ciudades de México y otros países latinoamericanos nos permiten documentar el papel de redadas y cateos en la detención y encarcelamiento de muchas personas que portan un churro de mariguana o pequeñas dosis de alguna otra droga; muchas veces ni siquiera es necesario que traigan la droga, pues simplemente se las siembran. El resultado es un incremento de la precarización social y penalización de la apariencia que define delitos de portación de cara como ocurre con las y los jóvenes de las colonias populares en América Latina y en Estados Unidos, donde se añade la dimensión étnico-racial.
La prohibición de las drogas ha ampliado los marcos de indefensión de la población y ha venido sitiando nuestros espacios de libertad, incrementado las dosis de miedo, violencia y muerte. Es tiempo de reconocer el fracaso de las políticas prohibicionistas y elaborar nuevos paradigmas. Es tiempo de hacer visibles los intereses económicos, moralistas y biogeopolíticos que subyacen en las estrategias de quienes quieren mantener la prohibición a toda costa, incluso a costa de la muerte de decenas de miles de personas.
Director del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.
*Fotografía: Soldados del ejercito mexicano, realizaron el aseguramiento de un plantío de Mariguana en días pasados en el municipio de los Algodones, en Culiacán, Sinaloa/Archivo/EL UNIVERSAL.
