Sentencia de plagio
La judicialización del plagio académico, que promueve la ministra Yasmín Esquivel, marca un precedente peligroso para la UNAM y las universidades públicas: traza la ruta para que los egresados con denuncias queden impunes
POR FAUSTO KUBLI-GARCÍA
En los años en que fui becario del excanciller de México, don Emilio O. Rabasa, recuerdo que lo encontré en su cubículo revisando las tesinas de sus alumnos de la Maestría de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor estaba orgulloso de sus estudiantes y cuando terminaba de leer los trabajos, a los que les gustaba, les ponía una nota en la carátula: “Publicable”, “Excelente”, etcétera. Con pundonor me enseñó una de las tesinas y casi de inmediato supuse que tenía partes tomadas de internet, plagiadas de otros autores. Con la experiencia docente es fácil distinguir el plagio cuando un alumno entrega un escrito en donde se leen párrafos que han pasado por un proceso editorial. En ese momento le expliqué a don Emilio cómo funcionaba el copy-paste, ya que por su avanzada edad no estaba familiarizado con el World Wide Web; sin lugar a duda fue un momento incómodo y frustrante, pero con ello cambió su manera de pedir tesinas.
En la atmósfera académica el plagio —además de constituir un fracaso escolar— es una conducta abominable; es robar la idea materializada de alguien y hacer creer que es propia. El escenario cibernético propició que se intensificara esta práctica y que los profesores tuviéramos que recurrir a otras herramientas para detectar el plagio. De igual manera, el plagio incontrolable también fue un elemento que provocó que se replantearan las formas de titulación distintas a la tesis y se crearan otros mecanismos para obtener grados y posgrados.
En términos jurídicos hay varias vías en las que se puede prevenir, investigar y sancionar al plagio. El primero de ellos es el ámbito universitario, el cual, constituye el primer frente para eliminar y castigar esta práctica. Hay que destacar que el plagio lo pueden cometer estudiantes, profesores o investigadores. También hay canales con sanciones administrativas e incluso la comisión de delitos en el marco del derecho penal.
Como primera instancia en la elaboración de tesis está la revisión del tutor principal, quien debe advertir al estudiante sobre las consecuencias del plagio. Aunado a lo anterior, si después de revisar el trabajo detecta partes tomadas de otros autores sin ser citados, no debe aprobar la tesis y conminar al estudiante a trabajar honestamente. En el mismo tenor, las oficinas (en la Facultad de Derecho se llaman seminarios) en las que se inscriben las tesis, deben examinar si se incurre en esta práctica. Adicionalmente, los cuatro sinodales, además del tutor, tienen a la vista el trabajo para hacer algún señalamiento. Un trabajo de tesis es revisado al menos por seis académicos, los cuales dan una carta de aprobación que se conoce como “voto aprobatorio”. Considero que la mayoría de los catedráticos actuamos de buena fe y no nos prestamos a estas corruptelas. Aun con todo este mecanismo se pueden filtrar plagios; sin embargo, si se detectan, puede haber sanciones severas para los estudiantes, validadas por el Tribunal Universitario.
Es importante subrayar que la Legislación Universitaria, cuando se trata de exestudiantes de la UNAM, es insuficiente si se pretende castigar este hecho cuando ya se consumó. La primera barrera es que se tiene que recurrir al fuero universitario, es decir, al tribunal, el cual deja de ser competente si ya no se está matriculado como estudiante.
Recientemente en la UNAM se acordaron varias medidas para evitar estas terribles prácticas. Ahora las tesis escritas antes de circular a los sínodos y jurados deben examinarse con programas cibernéticos que detecten el plagio; también está en la agenda del Consejo Universitario el análisis de reformas a la Legislación Universitaria para que haya mayor precisión y certeza jurídica.
Fuera de la academia las consecuencias y procesos relacionados con el plagio son muy distintos. Mientras en el ámbito universitario el escenario tiene más cargas éticas que jurídicas porque se trata de que los estudiantes tengan la habilidad suficiente para escribir correcta y honestamente un trabajo, en las instancias administrativas y judiciales se pretende proteger los intereses morales de los autores y los económicos de los titulares de derechos patrimoniales.
El plagio fuera del ámbito universitario está en el entramado legal de los derechos de autor; materialmente lo encontramos en disposiciones administrativas y penales. Tanto normas administrativas como penales protegen a los derechos de autor en contra de que haya lucro indebido por parte de alguna persona que no sea ni autor, ni titular de derechos.
“Si los funcionarios pierden autoridad y se quedan con el poder, las instituciones se van denigrando”
En este sentido, las disposiciones administrativas en el marco de la Ley Federal del Derecho de Autor establecen las infracciones en las que se incurre por reproducir textos sin autorización; la sanción puede llegar a más de 8 millones de pesos. A pesar de lo anterior, para que se configure esta infracción debe haber el ánimo de lucrar económicamente con los textos plagiados. En el caso de los estudiantes que incurren en esta práctica, no es posible acusarlos de obtener una ganancia más allá de obtener un grado.
Por otro lado, las responsabilidades penales por incurrir en plagio las encontramos en el Código Penal Federal, en el capítulo “De los delitos en Materia de Derechos de Autor”. Al respecto, se imponen una pena de prisión de seis meses a seis años y de 300 a 3 mil días multa (los días multa son el total de ingresos de la persona que comete el delito al día). “III. A quien use de forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor”.
En el plano mundial han trascendido una gran cantidad de renuncias de presidentes, funcionarios, ministros, secretarios a quienes se les ha evidenciado haber plagiado en sus épocas de graduados y posgraduados. En Alemania, por ejemplo, hubo renuncias por plagio. Resalta Karl Theodor zu Guttenberg, ministro de Defensa quien tuvo que renunciar en 2011; en ese mismo año Silvana Koch-Mehrin dimitió del Parlamento Europeo; Annette Schavan, ministra de Educación, abandonó el cargo en 2013. Por otro lado, en 2021 Franziska Giffey renunció al Ministerio de Relaciones Familiares, Adultos Mayores y Juventud. En 2020, en Austria, la ministra del Trabajo, Christine Aschbacher, tuvo que dejar su cargo. En 2012, el presidente de Hungría, Pal Schmitt, dimitió tras ser señalado de plagiario. La lista podría continuar generosamente.
La lógica de la renuncia es muy sencilla de entender; ocupar un escaño público debe recaer en una persona que tenga integridad incuestionable. Si se supiera del plagio antes de ser funcionario, seguramente no se accedería al cargo público. Plagiar tiene consecuencias que concluyen en sanciones; quien plagia tiene una conducta deshonesta y mediocre. De esta manera, la renuncia se convierte en un acto honesto ante una evidente ausencia de valores.
En los últimos años en México han trascendido figuras públicas fuertemente envueltas en señalamientos de plagio académico. En primer lugar, el expresidente Enrique Peña Nieto, cuya tesis de Licenciatura elaborada en la Universidad Panamericana tiene partes tomadas de tratadistas y teóricos del Derecho, sin estar debidamente citadas. Por otro lado, el fiscal general de la República, quien tiene una larga carrera de funcionario público en el área de seguridad, fue por tomar partes de un libro e incorporarlas en una obra de su autoría. Por supuesto, el más impactante es el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa. En todo caso, no hubo renuncias de ningún tipo, lo cual es otra de muchas de las notas de subdesarrollo de México, es decir, la ética pública predominante no ve grave haber hecho trampa en los estudios.
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Hay que destacar que en este caso los litigios en contra la UNAM iniciados por la ministra marcan un precedente que denigra y hiere a la institución, la coloca en una posición comprometida. La Universidad está basando este asunto en los archivos y documentación que posee, la cual hoy en día es pública. Se han hecho una gran cantidad de estudios y evaluaciones que contrastan las tesis presentadas por Edgar Báez y Yasmín Esquivel, en los cuales se concluye que es imposible que el primero haya plagiado a la segunda. La propia Universidad por conducto del Comité de Integridad Académica ha sostenido que el trabajo de la ministra es copia ya que existen “elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas”.
La judicialización del plagio académico se encuentra fuera de lugar porque saca de contexto los objetivos universitarios, entre ellos, sancionar la deshonestidad. También es lamentable y son temas punzantes que exista una mordaza judicial al dictamen del Comité de Ética de la UNAM; además de que no se les llamara a comparecer a los representantes legales universitarios en un juicio en el que la ministra defendió la autoría de su trabajo de tesis de Licenciatura, aun cuando es todo lo contrario a la lógica y razonabilidad de la sentencia. En dicho juicio, en un juzgado local, se demandó a Edgar Báez comprobar los derechos de autor sobre la tesis, pero nunca compareció y perdió por rebeldía, es decir, no acudió al juzgado.
En la evolución del derecho medieval europeo se reconocía la diferencia entre autoridad (auctoritas) y poder (potestas); de esta manera se hacía referencia a la autoridad de la Iglesia y al poder del rey. Ser ministro de la Suprema Corte o funcionario público de cualquier orden es depositar determinado poder decisorio, que no se olvide que para ello se requiere autoridad. Si los funcionarios públicos pierden autoridad y se quedan con el poder, las instituciones se van denigrando. Mientras que el poder lo otorga el derecho, la autoridad se alimenta de la integridad personal. Por lo anterior, la idea de renunciar a un cargo cuando se incurrió en una conducta tan deshonesta como el plagio, aunque haya sido en la etapa estudiantil, es lo correcto.
ILUSTRACIÓN: Boligán
