Historiadores en el debate público
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El uso de la historia como parte del discurso político no es fenómeno nuevo, no obstante aún en nuestro tiempo los historiadores continúan al margen del debate público, sin apuntar o sumar a las discusiones políticas y sociales que pueden enriquecer el pensamiento crítico de la población
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POR CAMILO VICENTE OVALLE
A comienzos de 2019, un buen amigo que se dedica a la consultoría en temas de desarrollo económico me buscó porque quería conversar sobre los tipos de proyectos que podrían ser de interés a las poblaciones del Istmo de Tehuantepec, en el marco del nuevo megaproyecto anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esa región, y como sabe que soy del municipio de Juchitán, enclavado en el corazón del Istmo, consideró que sería buena referencia. Las cargas de nuestros respectivos trabajos impidieron que nos reuniéramos, sin embargo, su solicitud me quedó rondando en la mente: no me buscó para una consulta como historiador, para brindar algún consejo en torno al diseño de una política pública, quizá nunca se le hubiera ocurrido a mi amigo, y a nadie en el gobierno federal, consultar a una historiadora o historiador para ello, tan sólo quería mi opinión como juchiteco. Además, daba por sentado que el megaproyecto es realizable, pero ¿sabría que muchos otros gobiernos, desde Porfirio Díaz, pensaron lo mismo sobre proyectos muy similares en la región del Istmo? En lugar de dar por realizable un proyecto, además de consultar a las comunidades que serán afectadas, ¿por qué no se consideró realizar estudios históricos que explicaran porque durante poco más de un siglo estos proyectos han fracasado, entre otras razones, por el sistemático rechazo de los pueblos indígenas de la región, mala planeación, cambios geopolíticos, etcétera?
Del fondo de estas cavilaciones coyunturales brotó la tan persistente cuestión de la utilidad del conocimiento histórico, sobre todo considerando que el presidente de la República es un apasionado por la historia, al punto de dictar lecciones cada mañana y, sin embargo, el ejercicio de su gobierno, en particular el diseño de la política pública no parece integrar perspectiva histórica alguna, ni siquiera en un nivel meramente contextual, como tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores. ¿Qué tiene que ofrecer la historia a la discusión sobre política pública?, ¿qué tenemos que decir las historiadoras e historiadores sobre nuestro presente?
Por otra parte, historiadoras e historiadores han reaccionado, en algunos casos con estupor, al uso de la historia desde la Presidencia para legitimar su proyecto político, pero el juicio de historiadores no ha llegado tampoco a la política pública, se ha limitado a la función de auditor historiográfico, a sancionar el aparato crítico del presidente. ¿Basta con emitir juicios o críticas a la interpretación histórica que emana desde la Presidencia?, ¿qué más cabría esperar de historiadoras e historiadores en el ámbito público?
Espacio público e historia
En las principales revistas de análisis político, suplementos culturales y columnas de opinión de los principales diarios de circulación nacional, académicos e intelectuales han escrito sus juicios sobre el uso y la validez del discurso histórico que ha empelado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en algunos casos haciendo una crítica puntillosa a las referencias a la historia política que el presidente hace en sus “mañaneras”. Incluso han encendido las alertas sobre la pretensión del presidente de considerar a su gobierno como la cuarta transformación de México, no sólo heredera de las tres anteriores (asumiendo que estas fueron la independencia, la guerra de reforma y la revolución), sino que concluirá sus pendientes y triunfará donde aquellas fracasaron.
El estupor carece de sentido. El uso de la historia como medio de legitimación ha sido consistente en los distintos gobiernos de la República: después de 1910 y hasta principios de la década de 1980, el aura de la revolución formó parte del discurso de los sucesivos gobiernos, con especial intensidad durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Una vez agotada la fuerza del “nacionalismo revolucionario”, los gobiernos de la década perdida, entre los años ochenta y noventa, recurrieron a la legitimación de la modernización nacional como destino manifiesto. Para los años 2000, inaugurados con la transición política como nuevo estadio histórico, los gobiernos y la clase política encontraron en la historia de la democratización en México, cuyo núcleo mítico es la noche de Tlatelolco de 1968, una nueva fuente de legitimación. Incluso el expresidente Enrique Peña Nieto, no precisamente destacado por su talante democrático, hizo uso de ese discurso, en su toma de posesión el 1º de diciembre de 2012 colocó a su recién inaugurado gobierno como heredero, sino consumador, de la larga transición mexicana hacia la democracia, así lo dijo:
Pero fue a partir del movimiento estudiantil del 68 y de las sucesivas reformas políticas, que se aceleró nuestra democracia. A partir de entonces, generaciones de mujeres y hombres, pensadores, políticos, activistas y ciudadanos, trabajaron para hacerla realidad y, finalmente, la conquistaron. Ese México democrático es el México de nuestros días.
El uso de la historia en el espacio público ha estado asociado a la disputa por el poder y por el gobierno, o para la legitimación de un proyecto político o la descalificación de otro. Y esto ha formado parte de la tensión que la caracteriza, en cuanto práctica, desde su nacimiento dentro de la tradición occidental: ser un proceso de investigación con productos gnoseológicos con una exigencia de validez y veracidad, y, por otro lado, su función política y social. Esto no tendría por qué preocupar a nadie, de no ser porque se considera que ambas características son incompatibles, que el uso político invalida el valor en cuanto conocimiento científico, y que éste último encuentra su legitimidad en sí mismo, alejado de los embates políticos.
Esta tensión no fue siempre problemática, pues la producción de conocimiento encontraba su solución de continuidad en su uso político: ya como memoria, de acuerdo con Heródoto, “a fin de que ni lo realizado por los hombres se desvanezca con el tiempo, ni queden sin gloria”; o una historia cuya utilidad sea se encuentre en la acción frente a las cosas por venir, según Tucídides para quien era suficiente que su historia la juzgaran útil “quienes deseen examinar la verdad de lo sucedido y de lo que acaso sea de nuevo similar y parejo, teniendo en cuenta las circunstancias humanas”, pasando por Cicerón cuya concepción de la historia como magistra vitae alcanzó en Maquiavelo un status superior al presentarse como modelo para el ejercicio del poder y el gobierno, hasta considerarse, con Marx, un arma para la crítica de la realidad social. Desde su aparición, la historia ha sido llamada a la acción política, ya como guía práctica, ya como legitimadora de Estados o como atizadora del cambio revolucionario, y los historiadores no siempre se sintieron incómodos ante ese llamado.
En realidad, como lo recuerda George G. Iggers en su libro La historiografía del siglo XX, la tensión del ethos científico y la función política de la historia en cuanto profesión fue un producto de mediados de siglo XIX, a partir del cual se construyó la idea que, para poder ejercer sus tareas con objetividad, las historiadoras e historiadores deberían permanecer a resguardo de las agitadas aguas del presente, produciendo un profesional aséptico. Esta definición era consistente con la idea de que el conocimiento histórico sólo es posible sobre el pasado, sobre lo inactual, sobre lo ya muerto, nunca sobre el presente, lo actual y lo vivo. Sobre esa concepción, alzaría su crítica Marc Bloch, para quien la facultad para aprehender lo vivo “es la principal cualidad del historiador”. Sin embargo, como el mismo Iggers lo apuntó, esa idea de profesionalización era una posición política que aceptaba el orden político dado: “El enfoque ‘imparcial’ del pasado, que buscaba simplemente mostrar ‘lo que realmente ocurrió’, revelaba para Ranke el orden existente tal como Dios lo había creado”. Un balance más crítico sobre ese proceso de profesionalización es el ensayo La historia como arma, de Manuel Moreno Fraginals para quien el resultado de tal proceso fue que “el historiador moderno es el gran triunfo intelectual de la burguesía que ha tenido en él su funcionario más fiel, barato y eficiente”.
Tantas veces ha sido repetido que historiadoras e historiadores debemos permanecer asépticos respecto al pasado, y alejados del ruido de los acontecimientos presentes, porque no nos corresponde decir nada sobre ellos, que hemos terminado por creerlo. Y bajo esa tradición inventada se levantó el edificio académico, sus supuestos y sus prácticas, que pusieron en retirada a historiadoras e historiadores del espacio público, y con ello se disfrazó de asepsia lo que era aceptación del orden social y político dado. Sin embargo, ese fue un resultado degradado del proceso de la profesionalización de la disciplina, pero no su sino, como bien lo mostrarían más tarde en el siglo XX diversas corrientes historiográficas, como aquella que trazó su tradición bajo las premisas críticas de Marx.
Ahora bien, aun reconociendo la relación entre ámbitos, la validez epistémica del discurso histórico no se traduce en una validez para su uso político, y tampoco sucede a la inversa. En el tránsito entre la producción de conocimiento y su uso político, las distorsiones de carácter ideológico suelen ser el principal riesgo. De allí la necesidad de la crítica que historiadoras e historiadores puedan hacer a los modos en que el conocimiento histórico es usado, crítica que sirve para levantar de tanto en tanto algunas vendas ideológicas, a decir de Eric Hobsbawm. Sin embargo, no se debe olvidar que, al ejercer dicha crítica, en ese momento ya no se está en el ámbito de la producción de conocimiento, sino estrictamente en el campo de la acción política, allí donde la ingenua imparcialidad es una posición que juega en favor de alguna de las fuerzas en disputa. Y es allí, en el espacio público, donde el historiador asume un papel político y donde la historia es llamada a rendir cuentas más allá de sus límites epistémicos y gremiales.
Durante la segunda mitad del siglo XX, historiadoras e historiadores han sido llamados a asumir sus responsabilidades, particularmente en los procesos de transición política y en contextos de post guerras, dictaduras o regímenes autoritarios. Convocados a participar de la reconstrucción social, ya sea a través de mecanismos de justicia transicional (como las comisiones de verdad o los juicios a perpetradores de crímenes de lesa humanidad), en comisiones investigadoras sobre de desaparecidos (como en Uruguay) o su papel en la elaboración de peritajes históricos que se convirtieron en insumos fundamentales para procesos judiciales de violaciones a derechos humanos en instancias internacionales (como el realizado por Carlos Montemayor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el caso Rosendo Radilla, detenido-desparecido en Guerrero en 1974).
Pero el llamado a participar de los asuntos públicos no se reduce a los contextos de transiciones políticas o graves violaciones a derechos humanos. En 2014 la historiadora Jo Guldi y el historiador David Armitage publicaron Manifiesto por la historia, un alegato contra el “cortoplacismo” de la política pública actual y urgen al involucramiento de los historiadores en temas críticos como el cambio climático, la creciente desigualdad y la construcción de políticas públicas con una perspectiva de largo aliento, considerando que historiadoras e historiadores cuentan con más capacidades para valorar los cambios y continuidades en el largo plazo y observar el presente con densidad histórica, perspectiva de la que carecen otras disciplinas.
La participación de historiadoras e historiadores en el debate público, y en el diseño de política pública no puede ser sólo para traer a cuenta experiencias del pasado. La comparación entre pasado y presente es necesaria, pero aún insuficiente. Que la historia no se repite dos veces, aunque en ocasiones lo pueda hacer como farsa, advierte sobre las limitaciones de aplicar el conocimiento del pasado directamente al presente. No basta con traer a cuenta el pasado, hay que analizar el presente históricamente para poder descubrir mejores caminos para recorrer.
Una historia para el presente
Atender al llamado de la discusión pública significa, para historiadoras e historiadores, asumir al presente como parte del tiempo histórico y, consecuentemente, susceptible de ser transformado en conocimiento histórico. Asumirlo, no posponer su análisis y valoración para generaciones futuras, ni desplazar nuestra responsabilidad sobre el presente a otras áreas de las ciencias sociales. Reintegrar el presente en el tiempo histórico es una posición epistémica y política que considera al acontecimiento actual dentro del despliegue de realidad en que tuvo condiciones de aparecer, no sólo es una narrativa del acontecimiento, sino una analítica y arqueología de su estructura.
Asociada al análisis de las catástrofes del siglo XX, como los genocidios, las dictaduras latinoamericanas o las guerras civiles, la historia del tiempo presente se ha fortalecido institucionalmente en algunos países de Europa, América Latina y Estados Unidos. También ha comenzado a desplazar sus intereses hacia otras demandas sociales.
En México, pese a un comienzo tardío, respecto a experiencias en otras latitudes, la historia del presente cada vez está tomando mayor fuerza académica. Uno de los primeros espacios en asumir la tarea fue el Seminario Institucional de Historia del Tiempo Presente, coordinado por la investigadora Eugenia Allier Montaño, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (no deja de llamar la atención que un seminario de este tipo no surgiese en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad). Este es el epicentro de una red nacional de investigación del tiempo presente que ya articula investigadoras e investigadores de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán y Sinaloa. También está el Seminario Permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente, en el Instituto Mora, coordinado por María del Carmen Collado y Mario Virgilio Santiago Jiménez; y, recién inaugurado este año, el Seminario Institucional Historia del Presente Mexicano, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, coordinado por Halina Gutiérrez Mariscal. Lo que marca a estos espacios es el análisis de las violencias en México, con mayor carga hacia las políticas, aunque se desarrollan análisis históricos alrededor de otros ámbitos de la realidad social, las violencias ocupan la atención principal.
La historia, como disciplina, podría contribuir al diseño de mejores políticas públicas que transformen radicalmente el escenario de violencias que ya alcanza niveles de crisis humanitaria en algunas zonas del país, como recientemente lo declarara la ONU sobre las desapariciones de personas en México. Una comisión de historiadoras e historiadores podría afinar la política pública del gobierno federal en materia de desapariciones, que ha tomado el caso de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero como caso paradigmático, aunque esto no ha significado explicar las trayectorias históricas, los usos y las lógicas de violencia en las que se inscriben los diversos tipos de desapariciones.
Los usos de la desaparición son un indicador importante en los cambios de las lógicas de violencia. Durante la contrainsurgencia en la década de 1970 el uso de la desaparición tuvo como objetivo la desarticulación de la disidencia política y el control social. En la lógica de violencia presente, como lo mostró la desaparición de 43 normalistas, una de las estructuras clave es la estrecha vinculación de policías y funcionarios de los tres órdenes de gobierno con los grupos del crimen organizado. Esto ha sido uno de los elementos en la masificación de la desaparición, cuya genealogía pude trazarse en el tránsito de la contrainsurgencia hacia la guerra contra el narco en los años setenta. Ahora, los usos de la desaparición se presentan como mecanismo para la apropiación del cuerpo tanto mercancía (los casos de trata), o para la extracción de ganancia a través de la explotación de trabajo esclavo (los casos de desaparición para trabajo forzado). Para una crítica de la violencia, como se impone en una situación de emergencia, es necesario exponer no sólo sus articulaciones lógicas, también sus genealogías, sus procesos y expresiones históricas.
Junto con la atención de la crisis de la violencia, el gobierno federal ha anunciado algunas políticas de reparación y no repetición de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el pasado reciente, que requerirían la participación de historiadoras e historiadores, para construir una política de memoria y justicia.
Nuestro pasado reciente, y las políticas de verdad y memoria que tímidamente se comienzan a configurar, necesita de la participación de historiadoras e historiadores que den sentido al debate público, como recientemente lo demostró la polémica desatada por una publicación del exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón, quien publicó en la página oficial del instituto una nota haciendo referencia al asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973, en un intento de secuestro, en Monterrey, por un comando de la organización guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre. En dicha nota, además de elogiar la memoria del empresario, usó un calificativo para los jóvenes guerrilleros, llamándoles “valientes”. Esto desató el enconó. Pues la memoria política de esos años oscuros de nuestro pasado reciente apenas comienza a aflorar, y debe ser motivo de debate público.
Una investigación, en el marco de una política pública de memoria, ayudaría a entender el proceso de insurgencia popular y armada (en algunos casos) de las décadas de 1960 y 1970, contra el régimen autoritario. También contextualizaría y explicaría los secuestros llevados a cabo por los grupos guerrilleros en diversos estados del país, que lo habían integrado como arma política, ya sea para negociar la liberación de otros militantes presos o desaparecidos, o como una forma para obtener recursos para las organizaciones. Antes de Garza Sada habían sido Julio Hirschfeld Almada (por el Frente Urbano Zapatista), Jaime Castrejón Diez (por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria), y después fueron el cónsul británico Anthony Duncan y el empresario Fernando Aranguren, y en 1974 el senador Rubén Figueroa (por el Partido de los Pobres). Sobre el caso Garza Sada podríamos dilucidar, por ejemplo, que ese 17 de septiembre, en el intento de secuestro todo salió mal, y que en el forcejeo la bala que mato al empresario salió de la pistola de uno de sus guardias personales, como apunta Laura Castellanos en México armado, o que fue ultimado por una de las ráfagas de los guerrilleros, como indica Fritz Glockner en Los años heridos.
Comprenderíamos, también, la radicalización contrainsurgente del Estado mexicano, y el uso de la desaparición forzada contra las disidencias. Y podríamos determinar cuál fue la participación de empresarios (como en otras partes de América Latina) en esa política contrainsurgente. Sólo por traer a cuenta un ejemplo: en 1974 Ricardo Condelle, agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), encargado del Cuartel General Contra la Subversión en Nuevo León, informó al capitán Luis de la Barreda, director de la DFS, que había conseguido ranchos de particulares que servirían como centros clandestinos de detención, donde se desapareció y torturó (el informe puede consultarse en el fondo documental de la DFS en el Archivo General de la Nación, en el siguiente expediente 11-235 L-20 H-180/190). De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2001, Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, fue llevado a uno de esos ranchos antes de ser trasladado y desaparecer en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México.
Sobre las violencias políticas y crímenes de Estado hay ya un grupo de investigadoras que han centrado sus esfuerzos en construir esa historia. Historiadoras como Alicia de los Ríos, Aleida García Aguirre, Francisco Ávila Coronel, Rubén Ortiz, Verónica Oikion, Sergio Sánchez Parra, Rodolfo Gamiño, sólo por mencionar algunos en México, y en Estados Unidos los trabajos de Alexander Aviña, Luis Herrán, Carla Villanueva, Jaime Pensado, Enrique Ochoa, Gladys I. MacCormick y Tanalís Padilla. Sus trabajos ya son una contribución importante a esta historia.
Pero una política de memoria no es la única urgencia. La reducción de la desigualdad y la pobreza también son problemas que requieren del concurso de la historia para el diseño de políticas, más allá del corto plazo de las ayudas y subsidios. Sobre estos temas existen estudios históricos ya clásicos como La pobreza en México (El Colmex, 1985), de Moisés González Navarro, o estudios más recientes como los llevados a cabo por María Dolores Lorenzo Río, y los estudios sobre la discriminación y el racismo, como los de Federico Navarrete, son indispensables para pensar una política que atienda la pobreza. O la construcción de políticas públicas desde la diversidad sexo genérica, requieren de una claridad histórica de las luchas de estas comunidades, como lo muestran los trabajos del historiador Martín H. González. Incluso en la política de desarrollo económico (vale la pena señalar que la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, es una especialista reconocida en historia económica) es imprescindible una política que incluya el largo plazo, hacia adelante y hacia atrás. La crisis migratoria requiere también atención para explicar por qué se ha construido históricamente en México una política migratoria con tintes racistas, como señalan los estudios de Pablo Yankelevich.
Prácticamente no hay un aspecto de los problemas nacionales e internacionales que no cuenten ya con evidencia producida por investigaciones historiográficas. Sin embargo, aún falta derribar el muro que existe ente la disciplina histórica y la política pública, y que historiadoras e historiadores nos deshagamos de los ropajes, ya bastante raídos, de una tradición inventada que limita nuestra inclusión en los debates urgentes del presente.
FOTO: Aspecto de la marcha en conmemoración de los 50 años de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco./ Archivo EL UNIVERSAL
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