Artesanías mexicanas en el mercado global
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Durante los últimos años, las marcas de alta costura han explotado diseños artesanales de México, situación que abre un debate sobre la protección de la riqueza cultural del país
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POR ABIDA VENTURA
La presentación de una nueva colección de la diseñadora Carolina Herrera en junio y el lanzamiento de una silla prototipo de Louis Vuitton, unas semanas después, puso nuevamente en la mesa de discusión el asunto de la protección de los textiles tradicionales mexicanos. Ahora que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle prioridad a los pueblos originarios, la problemática de las constantes apropiaciones indebidas de grandes firmas de la moda o empresas internacionales ha encontrado resonancia en instancias como la Secretaría de Cultura y el Senado de la República, desde donde funcionarios y legisladores buscan crear herramientas jurídicas para la protección de las artesanías y el arte popular. Sus primeros pasos, sin embargo, se han quedado en provocar la indignación en redes sociales y sentar en el banquillo de los acusados a las empresas. Elaborar una ley o crear esquemas que beneficien a los afectados es un trabajo que tomará todavía varios meses y el camino para conseguirlo se percibe pedregoso.
En medio del escándalo mediático del caso Carolina Herrera, senadores aseguraron que sí sería posible demandar a la diseñadora, ya que trabajaban en leyes para ello. En efecto, esos trabajos legislativos comenzaron desde octubre, pero las propuestas siguen atoradas, en gran medida porque sus iniciativas no han convencido a investigadores y defensores del arte popular ni a las instancias involucradas. Antropólogos e investigadores piden consultar a las comunidades por las vías establecidas, tomar en cuenta los trabajos que ellos han hecho en la materia, respetar sus estructura social para evitar crear una ley desde arriba, pensada únicamente para proteger esos conocimientos tradicionales de las grandes empresas pero sin tomar en cuenta las pugnas que puede provocar a nivel local.
Uno de los diseños de la colección Resort 2020 de Carolina Herrera que generó una polémica en México sobre el uso hecho por marcas de alta costura de diseños tradicionales mexicanos./ Especial
Desde octubre, los senadores de Morena Ricardo Monreal y Susana Harp hicieron públicas dos iniciativas: Una “ley para la protección de los derechos colectivos de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos y expresiones culturales y tradicionales”, presentada el 20 de octubre por Monreal, y la “ley de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”, que fue sometida a consideración un mes después por ambos legisladores. Este último proyecto reconocía a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, planteaba la regulación del uso y explotación de su patrimonio cultural inmaterial por terceros interesados a través de un contrato de licencia de uso con una vigencia de hasta 5 años y un esquema de retribución justa y equitativa. Esto tendría como base un Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial que indicaría qué elementos estarían disponibles o no para su explotación; su completa realización y gestión estaría a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La propuesta no pasó ni el primer filtro. Desde el INAH, antropólogos vieron inconsistencias y cuestionaron que se estuviera pensando en una ley para los pueblos indígenas pero sin ellos. En mayo, en un artículo de La Jornada del Campo, la antropóloga Alicia M. Barabas, investigadora Emérita del INAH- Oaxaca, señaló incluso que en la introducción de la propuesta se omitía un pueblo originario, citaban 67, cuando el INALI y otras fuentes indican que son 68. Otros, como el especialista en legislación cultural Carlos Lara, la calificaron de sobreproteccionista y prohibitiva, planteada para proteger las artesanías y el arte popular, pero dejando de lado su promoción.
Durante el Mundial de Futbol Rusia 2018 el artesano huichol Ermenegildo Nazario González expuso parte de su trabajo en la Casa México en Moscú./ Abraham Guerrero/ EL UNIVERSAL
Consultas y planteamientos irregulares
A la par de esa iniciativa de ley, el Senado aprobó recientemente reformas a tres artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor (157, 158 y 160), así como la derogación del 159, el cual establece la libertad para utilizar las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal. La propuesta, que ya fue turnada a la Cámara de Diputados, busca proteger la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y eliminar la libre utilización de elementos de la cultura popular. Su planteamiento también generó controversias. El propio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) advirtió que, de aprobarse como está, el artículo 160 violenta los derechos de los pueblos indígenas, pues propone que cuando no sea posible identificar a los dueños de un diseño será la Secretaría de Cultura o el INPI quienes autoricen su uso a un particular. En un oficio fechado el 10 de junio, el instituto se manifestó en contra, ya que ninguna institución está facultada para eso.
La senadora Susana Harp, la principal impulsora de esa reforma, dice que fue un mal entendido debido a la rapidez con la que la iniciativa fue modificada en el Pleno del Senado. La intención original, asegura, es que la Secretaría o el INPI asesoren a los interesados, en caso de que no sepan a qué comunidad pertenece determinado diseño o elemento tradicional, no que sustituyan a las comunidades. “Una empresa o diseñador no tendría por qué saber de dónde son todos los textiles o las danzas. No quedó como debió haber quedado, estamos trabajando con la Comisión de Cultura de Diputados para que se pueda modificar, no importa tardarme uno o tres meses más”, dice en entrevista.
La cantante fue quien hace casi 5 años inició la campaña en redes sociales para denunciar la blusa de la diseñadora francesa Isabel Marant que copiaba totalmente diseños de artesanos de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Desde ahí se involucró en el tema y ahora como senadora federal dice que se ha comprometido con las comunidades oaxaqueñas a salvaguardar sus textiles y conocimientos tradicionales. “Prácticamente fue una de las razones por las que acepté entrar al Senado y cambiar mi vida, dejar la parte musical para dedicarme de lleno a este tema”.
Asegura que así lo ha hecho al presentar desde el inicio de la nueva legislatura su propuesta de ley en la materia. Pero materializarla no será fácil. Aquella iniciativa que presentó en noviembre ya fue desechada, ahora trabaja en una nueva, titulada “ley general de salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables”, que se dividirá en 5 capítulos y contará con 75 artículos. El planteamiento empezó desde ceros y actualmente trabajan en mesas colegiadas con la Secretaría de Cultura, INAH, Indautor, Culturas Populares, Fonart, así como con la CNDH, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) e INPI. Según ella, todo se está haciendo de manera respetuosa y consultada con las comunidades indígenas: “No lo estoy haciendo sola, no es lo que a mí se me ocurra, hemos hecho consultas con todas las instituciones y yo personalmente me he ido a sentar con muchas de las comunidades”.
El municipio de Chinconcuac, Estado de México, es reconocido por los originales diseños que sus tejedores realizan en prendas de lana. En la imagen, el taller de la familia Delgado. / Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL
Aún así, investigadores ven una irregularidad en el hecho de que no se esté convocando a través del INPI, en su carácter de órgano técnico y designado para esas tareas, a una consulta previa e informada para el planteamiento de esa nueva ley, como tampoco se hizo para las reformas a la Ley del Derecho de Autor. “Previo a la elaboración de un instrumento legal o a una política pública tiene que haber una consulta libre y debidamente informada, tiene que haber un consentimiento expreso y eso no ha sucedido”, plantea el antropólogo Bolfy Cottom. El investigador del INAH recalca que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 2, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales indican que debe haber una consulta previa para cada proceso que afecte la vida de los pueblos.
Entre el 21 de junio y el 28 de julio el INPI convocó a un proceso de consulta para la Reforma constitucional y legal, sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a través de Foros Regionales de Consulta, entre los temas a tratar se incluyó el de patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva. En lugares como San Cristóbal de las Casas comunidades participantes solicitaron la elaboración de un registro de sus conocimientos tradicionales, pero gestionado y documentado desde la comunidad. “También se habló de la protección de los mercados, no se trata solo de voltear hacia las grandes marcas que incurren en plagios, sino también hacia la piratería que después entra al país como artesanía popular”, relata Andrea Bonifaz, miembro de la ONG Impacto, que trabaja con artesanas de Aguacatenango, quien participó como observadora en ese foro el 20 de julio.
En Oaxaca, la consulta a Valles Centrales, región a la que pertenecen los municipios de Teotitlán del Valle, Santa Ana del Valle y San Antonino Castillo Velasco, localidades claves y con mucho que aportar en términos de plagios, copias y apropiación de sus textiles, no tuvo representatividad. María del Carmen Castillo, antropóloga del INAH, que también participó como observadora, dice que en Tlalixtac de Cabrera, la mesa destinada a esos temas contó con la participación de solo 13 personas. Esto, dice, puede responder a que el INPI invitó a las autoridades municipales, pero no hizo extensiva la convocatoria a la población en general, involucrada en temas patrimoniales.
Según Harp, las opiniones expresadas en esta consulta serán tomadas en cuenta en el planteamiento de esa nueva ley general. Carlos Lara dice que eso no es suficiente, pues los procedimientos son claros al decir que se debe hacer una consulta específica . “Ya aprobaron en el Senado la reforma a la Ley del Derecho de Autor sin consultar a las comunidades. Ya lo hicieron al revés, no consultaron y propusieron la iniciativa, ya la aprobaron, ya está en Diputados y ahora se quieren colgar de que el INPI está haciendo una consulta y quieren meter chile, mole y picadillo, no, aquí es bien clara la Constitución, es muy clara la ley cuando dice que para cualquier reforma en toda materia que tenga que ver con comunidades originarias hay que consultarla primero, no meter generalidades. Al rato van a decir que esa misma consulta vale para el Tren Maya”.
En el sur de Guerrero, cooperativas de tejedoras como la Flor de Xochistlahuaca desconocen el contenido de la reforma y de la iniciativa. Yecenia López de Jesús, miembro de este colectivo que integra a 20 mujeres amuzgas, está de acuerdo con que se trabaje en una ley, pero pide que las autoridades tomen en cuenta la opinión de los pueblos.
Maestra Maximina, integrante del colectivo de mujeres Flor de Xochistlahuaca, que busca mantener vivo el arte tradicional de telar de cintura en el pueblo Amuzgo de Guerrero.
Siguen trabajos legislativos
Susana Harp asegura que la elaboración de esa ley general continuará en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre y tomará en cuenta a todos los sectores involucrados. “Seguimos, todavía no la voy a pasar al pleno”, dice.
En un borrador de los avances de esa ley general al que tuvo acceso esta reportera se puede ver que entre sus objetivos generales se retoman ideas de las propuestas anteriores, como el reconocimiento de la titularidad del derecho de los pueblos sobre los elementos de sus cultura e identidad, la retribución justa mediante contratos celebrados entre las autoridades legitimadas por las propias comunidades y terceros, las sanciones al uso no consentido, así como la construcción de un Sistema Nacional de Salvaguardia de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y equiparables como mecanismo de coordinación interinstitucional de la Federación, las entidades federativas, los municipios, los pueblos y comunidades, además de los sectores social y privado.
Al respecto, Cottom dice que la creación de una ley general de orden federal en materia de patrimonio cultural inmaterial generaría controversias: “La senadora está convencida de que lo que hay que proteger es el patrimonio inmaterial y eso es inconstitucional porque los únicos que tienen facultad para legislar en esa materia son las entidades federativas, no el gobierno federal. Además, hay una serie de procedimientos formales que se tienen que seguir para considerar alguna manifestación patrimonio inmaterial. Hay algo ahí que no está claro, es confuso”.
Otro señalamiento, a partir de las propuestas publicadas hasta ahora, es que se asuma que lo que hay que buscar es la retribución económica a través de licencias, cuando para algunas comunidades el dinero no es lo primordial. “Lo de la retribución se tiene que discutir. Algunas no quieren dinero. Tlahui, cuando lo de Isabel Marant, dijo que su blusa no estaba en venta y yo dije: ‘¿pero venden blusas?’ Ellos dijeron: ‘sí, pero si la señora hubiera venido y nos pedía permiso, nuestra respuesta hubiera sido que nuestra blusa no está en venta’”, dice la antropóloga Marta Turok.
Castillo coincide: “Tiene que ser una ley lo bastante amplia para proteger las diferentes manifestaciones culturales en los términos que cada comunidad decida gestionarlo; la parte económica no es necesariamente lo que impera, sin duda habrá comunidades a quienes les interese, habrá otras a las que no. No se puede generalizar que necesariamente debe haber una retribución económica”. Esta antropóloga, quien en 2015 fue la encargada de realizar un dictamen antropológico de la blusa en Tlahuitoltepec a petición de la comunidad, considera que dentro de los debates de esa ley debe hacerse de entrada, una rigurosa y minuciosa selección de los términos y criterios en materia de lo “indígena” que se utilizan. Así como asegurar una extrema representatividad indígena, en caso de que se establezca la creación de consejos o comités, y, sobre todo, poner atención a la organización social-local, pues las comunidades no han estado ajenas a la problemática de las apropiaciones. En Tlahuitoltepec, dice, las autoridades locales cambian cada año y el tema de la protección de la blusa ha estado en su agenda desde 2015. “Eso en el caso específico de Tlahui, pero habrá que ver cómo se ha planteado desde la organización social local de otros pueblos estos temas y no hacer caso omiso a ejercicios previos. Pareciera que de pronto esta ley se vuelve necesaria y que en los pueblos no se ha discutido al respecto y sí se ha hecho”, dice.
Doña Bertha, una indígena mexicana de Acapulco, Guerrero, elabora sus artesanías con productos de palma.
En Chiapas, tejedoras de Aguacatenango también tienen mucho que aportar al tema. En 2018, a través de la ONG Impacto denunciaron a la marca Zara por usar sin su permiso diseños de sus blusas. Desde 2014, esa asociación que trabaja con 40 artesanas de esa comunidad idearon una “Alerta patrimonial” con la que denuncian en redes sociales o medios de comunicación casos de apropiación con ayuda de ciudadanos en el país o en el extranjero. Según su registro, en esos cinco años han sucedido 39 casos y han identificado a 23 marcas que incurren en estas prácticas. Por parte de las artesanas, su disposición para colaborar con diseñadores está clara, llevan años haciéndolo. A principios de junio, por ejemplo, participaron en un foro de discusión realizado en el marco de una exposición sobre técnicas tradicionales y diseño en el London College of Fashion. María Méndez, tejedora de Aguacatenango, dejó claro que no están cerradas a esas colaboraciones, siempre y cuando se haga de manera horizontal y ética.
Yecenia López dice que su cooperativa en Guerrero también está abierta a trabajar con diseñadores que respeten el proceso tradicional. “Algunas vienen y piden que cortemos el huipil en lienzos o coserlo con otra tela, ahí ya no es huipil. No estamos dispuestas a cortar y modificar la forma; si quieren un huipil novedoso, que nos ayuden a buscar la manera pero sin cortarlo”.
Hay que conocer también las experiencias de los diseñadores, añade Marta Turok, pues advierte que una ley mal planteada puede prestarse a la ambigüedad o a interpretaciones que restrinjan las colaboraciones. “Me han dicho: si tengo que ir a pedir permiso a la comunidad para trabajar con la familia o el taller con el que siempre lo he hecho, necesito que no me digan con quién tengo que trabajar, que yo tenga la libertad de elegir”. La antropóloga propone que, a la par de la construcción de esa ley, se elaboren decálogos, una suerte de manuales para que cada comunidad decida cómo proteger sus textiles o artesanías, así como la forma en que están dispuestos a colaborar con externos. “Tenemos que estar conscientes de las reinterpretaciones que se puedan hacer de una ley, las dinámicas de la comunidad lo pueden cambiar todo”.
Sobre esas posibles reinterpretaciones, Castillo plantea las pugnas que podrían despertarse incluso entre las propias comunidades. “Quizá esta ley está pensada para defenderse contra las grandes empresas, pero también podría ser utilizada entre los pueblos. De pronto podríamos verlo en Mitla, ahí hacen reproducciones de todo, ¿cada pueblo irá y aplicará la ley en Mitla? Son cosas que se deben tomar en cuenta, hay diferentes niveles en los plagios y eso puede desatar diferentes pugnas”. Experiencias y realidades sobre el tema hay muchas, tantas como pueblos y comunidades a los que una futura ley tendría que tomar en cuenta, apunta la antropóloga.
FOTO: Desde 1969, la Flor de Xochistlahuaca mantiene vivo el arte tradicional del telar de cintura en el pueblo Amuzgo de Guerrero. En la imagen, las tejedoras Margarita García y Silvia Cruz. / Tomada del Facebook de La flor de Xochistlahuaca
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